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Nuestro país tiene que hacerse respetar. No puede dar señal alguna que pueda ser usada por una u otra potencia para menoscabar su soberanía. Es necesario decirlo en estos tiempos puesto que ya hemos visto lo suficiente como para entender cómo concibe el gobierno norteamericano su hegemonía en nuestro continente y en el mundo.
Fue lamentable que el gobierno chileno no reaccionara de inmediato ante la decisión del gobierno norteamericano de elevar de 10% a 12,5% los aranceles a nuestras exportaciones a EE.UU. Aunque no estuviera en duda la voluntad de cuidar la relación bilateral, la Cancillería debió haber aconsejado al presidente que era indispensable expresar disconformidad con una medida injustificada, que iba a afectar a productos como la fruta fresca, los salmones, el vino y la madera.
La atrabiliaria fijación de aranceles a medio mundo ha sido parte de una estrategia político-comercial de Donald Trump criticada dentro y fuera de EEUU. Calificada como un disparate por economistas tan calificados como Jeffrey Sachs y Paul Krugman, implicó elevar el precio de muchos productos a los propios consumidores estadounidenses. Recientemente, la Corte Suprema de EEUU dictaminó que el gobierno carece de atribuciones para establecer impuestos a las importaciones, lo cual es competencia del Congreso. Pese a ello, Trump buscó un resquicio para insistir, y encontró una disposición que lo facultaría en el caso de países que exporten productos que incluyan “trabajo forzado”. Allí está, pues, la justificación de la sobretasa a Chile, frente a lo cual la Cancillería guardó silencio.
Estamos ante los efectos de una de las innumerables muestras de arbitrariedad que Trump ha dado respecto no solo de las reglas del comercio internacional, sino del orden global construido luego de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, EEUU inspira desconfianza en muchos países que fueron sus aliados. La interminable guerra con Irán, de la que Trump no sabe cómo salir, no ha hecho más que confirmar que, bajo su mandato, EEUU se convirtió en el mayor factor de inestabilidad mundial. Todas las encuestas muestran hoy el derrumbe del apoyo a su gobierno y anuncian una fuerte derrota del partido republicano en las elecciones parlamentarias de noviembre.
Tal es el contexto de lo ocurrido en los últimos días, cuando los ministros Fernando Barros, de Defensa, y Jaime Campos, de Agricultura, manifestaron un juicio crítico sobre el alza de aranceles a nuestro país, lo que motivó que el embajador de EEUU, Brandon Judd, atropellando todas las normas diplomáticas, se haya permitido llamar a silencio a los ministros, lo que es agraviante.
“No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas”, dijo Judd al ser consultado por la prensa. Y agregó: “¿Entienden? Cuando eso sucede, hace muy difícil para nuestros negociadores en Estados Unidos creer que hay algo serio que pueda estar ocurriendo aquí”.
¿Qué habían dicho los ministros? El martes 28, Jaime Campos habló de “actuación arbitraria del gobierno norteamericano”, y que “está violentando el Tratado de Libre Comercio”. Por su parte, Fernando Barros criticó la decisión de Washington, pero además se refirió al propio Judd. “Un embajador que está aquí, recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”.
Se dirá que no es apropiado que los ministros de otras carteras se pronuncien sobre un asunto que compete al Canciller, pero si este no abre la boca respecto del nuevo gravamen a Chile, sobre todo después de haberse reunido el 6 de julio con Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, es enteramente legítimo que otros ministros opinen sobre materias ligadas a la defensa del interés nacional. Lo que está fuera de discusión es que el embajador de EEUU no tiene derecho a intervenir del prepotente modo que lo ha hecho, y llegar a amenazar con que “no habrá acuerdo” si siguen hablando quienes él considera que no deben hablar.
No queda sino recordar que las relaciones del gobierno de Kast con el gobierno de Trump partieron con un gran malentendido. El 7 de marzo, o sea, cuatro días antes de asumir la Presidencia, Kast viajó a Miami para participar en una reunión convocada por Trump, a la que estaban invitados los mandatarios de Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Honduras, y que se denominaba “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas). Su objetivo, según la información oficial, fue discutir sobre la libertad, la seguridad y la prosperidad del hemisferio occidental, en particular “la interferencia extranjera en el hemisferio”. Esto último era lo que verdaderamente le interesaba a la Casa Blanca, y se entendía del único modo posible: cómo contrarrestar la influencia de China en América Latina.
Fue un error el viaje de Kast a Miami. Sin haber sido investido todavía como mandatario, dio a entender que Chile estaba listo para alinearse con las políticas de dominio de Trump en los mismos días en que se iniciaban los bombardeos norteamericanos contra Irán. La reunión solo fue un golpe de escena que buscó mostrar a un disciplinado coro de gobernantes de América Latina.
Nuestro país tiene que hacerse respetar. No puede dar señal alguna que pueda ser usada por una u otra potencia para menoscabar su soberanía. Es necesario decirlo en estos tiempos puesto que ya hemos visto lo suficiente como para entender cómo concibe el gobierno norteamericano su hegemonía en nuestro continente y en el mundo.
El gobierno de Kast no puede confundir el pragmatismo en las relaciones exteriores con la indiferencia sobre los valores en juego, no puede vacilar en la defensa del respeto a los tratados y el derecho internacional. El realismo no es mansedumbre. La cuestión de sostener la dignidad nacional es decisiva.
