La trágica muerte del presidente Sebastián Piñera despertó un gigantesco movimiento telúrico en la sociedad chilena: no se trata sólo de las miles y miles de personas comunes que paciente y pacíficamente soportaron horas y horas bajo el abrasante sol santiaguino para rendirle un sentido homenaje, sino también la reacción republicana prácticamente unánime del mundo político que removió el ambiente de polarización e hizo presente valores que parecían perdidos en nuestra convivencia: solidaridad, reconocimiento, valoración del otro.
Sebastián Piñera entró con su muerte repentina, prematura e inesperada en la galería de los grandes mitos y leyendas de la historia política chilena. Su legado, como primer presidente abanderado de la derecha chilena elegido democráticamente en dos oportunidades, es haber reconciliado a ese sector político con la democracia y, lo hemos visto en estos días, con el mundo popular chileno que se ha manifestado con dolor y agradecimiento frente a su cuerpo sin vida.
Pero el asunto va mucho más allá de lo emocional.
Su legado tiene que ver con haber demostrado que se puede exigir una gestión directa, oportuna y eficiente al Estado cuando logra trabajar sin sectarismos políticos y asociarse positivamente con el sector privado. Los ejemplos sobran pero tres son de antología: la reconstrucción después del tsunami y terremoto del 2010 en que se abrió un fondo público-privado para levantar con prontitud al país; el rescate de los 33 mineros de la mina San José en que contra toda evidencia se movilizaron recursos económicos y humanos inéditos para lograr la hazaña que conmovió al mundo; y la reacción frente a la pandemia en que se unieron los esfuerzos sanitarios del sector público y privado y con la colaboración de médicos de distintas corrientes y empresarios, el gobierno logró cubrir las necesidades hospitalarias y otorgar temprana protección con las vacunas a los chilenos, en un contexto en que la disputa por su acceso era un asunto de nivel global.
En el plano propiamente político, ante la crisis inédita del estallido de violencia política y protesta social de octubre 2019, el presidente Piñera desoyó los consejos de la derecha dura y eligió lo que se ha llamado “la vuelta larga” para recomponer la paz y la estabilidad del país. Apostó por el diálogo abriendo la puerta al proceso constitucional que si en definitiva fracasó en su cometido de dar una nueva constitución al país, esto se debió a la intransigencia de la izquierda que dominó la Convención y la misma actitud de la derecha extrema que mandó en el Consejo Constitucional.
Durante los meses del estallido octubrista y posteriores, se acusó al presidente Piñera y a otras altas autoridades del país de ser cómplices o incluso responsables directos de violaciones de los derechos humanos. Fue tema de la campaña presidencial y se llegó incluso a amenazar con llevar a Piñera a la Corte Penal Internacional. Ciertamente este es un capítulo oscuro que afectó personalmente al presidente ya que efectivamente ocurrieron hechos intolerables durante las violentas manifestaciones callejeras. Carabineros sobrepasado respondió con violencia dejando a muchas personas heridas irremediablemente y cometiendo abusos inaceptables en democracia. Pero nada de eso el gobierno de Sebastián Piñera intentó ocultarlo o negarlo. Por el contrario, fue activo en reaccionar frente a esos hechos invitando al país a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos como Human Wrights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes emitieron sendos informes y recomendaciones frente a las cuales el gobierno y carabineros buscó adecuar su acción.
Los derechos humanos y Sebastián Piñera no están en veredas opuestas. Además de haber sido un partidario del No en el plebiscito de 1988, para el 40º aniversario del golpe de estado criticó ácidamente a su sector político por haber ignorado las violaciones a los derechos humanos en dictadura instalando la famosa sentencia de los “cómplices pasivos” y contra toda expectativa cerró el penal Cordillera en que se encontraban los principales criminales de la dictadura, llevándolos a una cárcel bajo dependencia de Gendarmería.
Ciertamente fue injusta y radical la oposición en su segundo gobierno. El Socialismo Democrático se dejó arrastrar por el Frente Amplio hacia una oposición irreductible sumándose incluso al intento de derrocamiento del gobierno, tanto por la vía insurreccional como por la vía institucional. Mucho de la actitud de la oposición actual al gobierno de Gabriel Boric tiene que ver con el ánimo de hacer pagar con la misma moneda, pero quizás con su muerte y el impacto que ha tenido en el temple de los chilenos, parte de su legado sea también un rencuentro republicano de la sociedad política chilena.
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