Permisología: Justicia incorpora nuevos recintos a fast track legislativo por crisis penitenciaria

“Chile está al borde de una crisis del sistema penitenciario” advertía esta semana el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, por lo que a su juicio el fast track que está pensando el Gobierno para construir rápidamente la cárcel de Alta Seguridad en Santiago tiene que incluir a otros penales que se piensan para el país. El secretario de Estado aseguró que es urgente implementar un plan integral de infraestructura que aborde la creciente sobrepoblación y el deterioro de los recintos carcelarios en el país.

Qué observar. Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, la necesidad de un fast track legislativo no debe abordar sólo la cárcel de alta seguridad en Santiago sino que la construcción de las nuevas cárceles que el país requiere con urgencia.

• Es más: advirtió esta semana que “sin el fast track legislativo para la construcción de infraestructura penitenciaria, no tenemos cómo salir de esto”.
• El Presidente Gabriel Boric había anunciado un proyecto de ley para realizar un fast track legislativo que permitirá acelerar los permisos requeridos para la construcción de la cárcel de alta seguridad en Santiago.
• Cordero está consciente de la saturación de la población penal por lo que ha sostenido reuniones con las comisiones de Constitución y Justicia para abordar este tema, las que han sido secretas por la urgencia que se requiere. “El problema que tenemos es de magnitudes brutales, he sido categórico en decir que Chile está al borde de una crisis del sistema penitenciario”, advertía el secretario de Estado.

Sistema penitenciario está desbordado. La población penal en Chile ha crecido aproximadamente un 46% desde diciembre de 2021, pasando de 39.000 a cerca de 58.000 personas privadas de libertad.

• De acuerdo con el Centro de Estudios Públicos (CEP), el desborde del sistema es consecuencia de varios factores, incluyendo un endurecimiento de la legislación penal en los últimos años, que ha incrementado la prisión preventiva y ha prolongado la estadía de los reos en las cárceles. Además, el aumento en la gravedad de los delitos cometidos, así como la mayor cantidad de extranjeros privados de libertad, ha contribuido a esta crisis.
• Este aumento exponencial ha llevado a que la capacidad física de los recintos esté saturada, alcanzando un uso promedio de 135% a nivel nacional.
• El incremento de la población penal se debe principalmente al fuerte aumento de personas recluidas en calidad de imputadas. Mientras el número de imputados fue de 10.568 en 2013, al 30 de junio de 2024 alcanzó las 21.081 personas. Es decir, la cantidad de imputados encarcelados se duplicó en los últimos 10 años. En cambio, la población condenada se mantuvo casi estancada, pasando de 32.494 el año 2013 a 34.899 el último día de junio de 2024.

Plan de infraestructura. Cordero subrayó que el Presidente Boric ha instruido una serie de reuniones con diputados y senadores para discutir este plan integral, el cual ingresará al Congreso con discusión inmediata. “La ventana que tenemos para aprobar esto es muy acotada”, indicó, resaltando la urgencia de una respuesta legislativa rápida y efectiva.

• El ministro recordó que, entre 2009 y 2019, se intentó ubicar 11 nuevas cárceles en distintas regiones del país, pero la oposición de las comunidades locales, alcaldes y parlamentarios impidió el avance de estos proyectos. “En todos esos lugares existió oposición”, lamentó Cordero, resaltando la dificultad de ejecutar proyectos de esta naturaleza en Chile.
• Frente a esta situación, el país enfrenta tres opciones según Cordero: dejar de enviar más personas a la cárcel, implementar indultos generales o construir rápidamente los metros cuadrados necesarios de nuevas instalaciones penitenciarias. La última opción, advirtió, requiere un acuerdo transversal y un compromiso político robusto.

Duraciones y dificultades en la construcción de cárceles. Históricamente, la construcción de infraestructura penitenciaria en Chile ha sido un proceso largo y complejo. Según datos recientes, la construcción de los recintos carcelarios puede demorar en promedio 10,3 años desde la adquisición del terreno hasta la operación completa de la instalación. Algunos proyectos, como el Centro Penitenciario de Talca, iniciado en 2008, demoraron 17 años en estar operativos, y otros como el Centro Penitenciario de Calama, proyectado para 2030, están lejos de estar listos.

• Algunos proyectos han mostrado complejidad y retrasos en su construcción, como los de Antofagasta y Concepción enfrentaron complicaciones, inicialmente comenzando bajo concesiones y siendo finalizados por la Dirección de Arquitectura, resultando en tiempos de finalización de hasta 13 años.
• Esta lentitud es especialmente problemática en un contexto donde la población penal continúa aumentando y el estrés sobre el sistema penitenciario está en ascenso. El caso de la Región de Atacama, con un uso de capacidad del 233%, y la Región del Maule, con 197%, ejemplifican la severidad del problema. Según Gendarmería, un recinto se considera en sobrepoblación cuando su capacidad de uso supera el 100% y en hacinamiento cuando alcanza o excede el 200%.

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