Politización de evaluaciones ambientales y crisis climática marcan encendido debate de asesores de Kast y Jara

Mientras el comando de Kast plantea una mirada técnica centrada en certidumbre jurídica y reforma institucional, el equipo de Jara enfatiza la urgencia climática, el respeto a convenios internacionales y una implementación con respaldo político.

Lo nuevo. A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, los equipos de Jeanette Jara y José Antonio Kast presentaron sus propuestas en materia ambiental durante el conversatorio “El Futuro Medio Ambiental de Chile”, organizado por Ladera Sur y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

• El encuentro abordó temas como la crisis climática, la institucionalidad ambiental y el futuro del proyecto Dominga, marcando diferencias entre ambas candidaturas.

Diferente diagnóstico. Desde el comando de Jara, el diputado Daniel Melo (PS) centrándose en la “emergencia climática” planteó que la candidata considera esta crisis “de primera prioridad”.

• Ante un Chile atravesado por sequías, contaminación urbana y demanda de infraestructura verde, Jara pretende impulsar —según Melo— “infraestructura verde para ciudades sostenibles” y promover “expansión de la electromovilidad”.
• “La crisis climática… es de primera prioridad” — señaló Melo —, y afirmó que medidas como transporte sostenible e infraestructura verde son esenciales para avanzar.
• El diputado cuestionó además la coherencia del comando de Kast, recordando que en el Congreso se habría votado en contra de partidas presupuestarias esenciales para implementar la ley de cambio climático, incluyendo una oficina de transición ecológica.
• Esa discrepancia entre programa y comportamiento legislativo fue una de sus críticas centrales.
• Por su parte, el vocero de Kast, abogado en regulación ambiental, ex subsecretario y ex director del SEA —Ricardo Irarrázabal— rechazó que esos votos se traduzcan automáticamente en freno a políticas ambientales.
• Insistió en que muchos tratados internacionales —como el del Acuerdo de París— ya están incorporados en la legislación; lo que se requiere ahora, dijo, es “profundizar instrumentos económicos” para asegurar su implementación real.
• “Extrapolar las discusiones presupuestarias al plano de decisiones políticas me parece poco riguroso científicamente” — afirmó Irarrázabal —, defendiendo la aplicación técnica y pragmática de compromisos ambientales.

Debate por institucionalidad ambiental y certeza jurídica. El conversatorio abordó también la necesidad de modernizar la institucionalidad ambiental chilena, de modo que ofrezca certeza jurídica sin debilitar la protección de ecosistemas.

• Irarrázabal alertó contra la “politización” de evaluaciones ambientales y defendió un enfoque técnico-científico. Propondría reformar la estructura del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): otorgar al director regional la atribución formal para calificar proyectos, pero complementarlo con un “consejo técnico” de rectoría ambiental.
• Esa fórmula, sostuvo, entregaría mayor certeza tanto para inversionistas como para comunidades.
• “Cuando uno robustece la regulación y la evaluación ambiental desde lo técnico, esas son las mayores garantías”, dijo el vocero de Kast.
• Melo respondió reconociendo avances: la creación del SEA, de una superintendencia, de un ministerio del ramo y la implementación del Sistema de Evaluación de Bonos Ambientales y Protección (SBAP).
• Pero advirtió que la “certeza jurídica” no debe ser asimétrica: debe equilibrar los derechos de quienes invierten y los de las comunidades afectadas.
• Comprometió que bajo un eventual gobierno de Jara se respetarían los fallos judiciales, aunque reiteró su rechazo a decisiones que ignoren antecedentes negativos de determinados proyectos.

Dominga. Consultados por el futuro del proyecto minero‑portuario Dominga —que en septiembre quedó con luz verde tras un fallo clave de la Corte Suprema—, ambos voceros marcaron posiciones.

• Melo no dudó en calificarlo como un proyecto “plagado de hechos de corrupción”, donde, a su juicio, existe un lastre reputacional que ningún estándar ambiental por sí solo puede borrar. Afirmó que aunque esté judicializado, su sola historia afecta la confianza pública.
• “Este proyecto… lamentablemente nació torcido”, dijo.
• Irarázabal, en sintonía con su postura técnica, respondió que Dominga está en manos de los tribunales ambientales y que lo central es respetar el Estado de Derecho.
• “Aquí lo que tiene que operar es el Estado de Derecho” —sostuvo—, sin adelantar juicios de mérito.

Qué le pedirían al otro si llega a La Moneda. En la parte final del conversatorio, la periodista pidió a ambos representantes que, en caso de que su contendor llegue a La Moneda, definieran en cinco segundos qué le pedirían que priorizara en materia ambiental.

• Ricardo Irarrázabal respondió: “Una implementación muy técnica del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas”.
• Daniel Melo dijo: “El respeto a los convenios internacionales en materia de cambio climático y de cuidado del medio ambiente en materia de biodiversidad. O sea, es lo que estamos conversando ahora. Ninguna decisión en el marco del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas puede escapar a lo técnico. Yo creo que es una caricatura, la verdad. Pero hay que tener convicción política para implementar este servicio tan importante para Chile”.