Cómo funcionarían 20 medidas del programa de Jadue, que cuesta al Estado el doble que los de Bachelet y Piñera

El impuesto a los súper ricos que propone el candidato presidencial PC Daniel Jadue será para que lo paguen quienes tengan un patrimonio de 5 millones de dólares (tributarían un 1% una vez al año), y el retiro del 100% de fondos de AFP sería con pago de impuesto, salvo para quienes estén en tramos exentos. Son algunos detalles adicionales -a los que accedió Ex–Ante- sobre la propuesta cuyo eje es ampliar fuertemente el rol y gasto del Estado: cuesta casi US$35 mil millones, confirmó a Ex-Ante el coordinador del programa, el economista Fernando Carmona.

Qué significa: El programa del candidato PC, al que las encuestas asignan chances de llegar a La Moneda, busca ampliar el Estado -dijo él mismo, desestimando una “ola de estatizaciones”- y aumenta fuertemente el gasto, en relación a los 2 últimos gobiernos.

• Carmona lo cifró en 11,3% del PIB (US$ 34.880 millones, en base a las proyecciones del Banco Central). El de Piñera costaba US$ 14.000 millones, y el de Bachelet US$ 15.500 millones.
• 8-10 puntos vendrían de la reforma tributaria, explicita el documento. El resto para llegar a los 11,3 puntos saldrían -afirman en el PC- de reacomodos de gasto estatal y programas de eficiencia, reducir ministerios, y eliminar franquicias tributarias.
• A continuación 20 medidas del documento: varias reformas que implican un nivel de gasto que economistas de centroizquierda han puesto en duda su factibilidad.

1. Impuesto a súper ricos: plantea un “tributo permanente” a altos patrimonios. Sus autores explican: se cobraría 1 vez al año un impuesto a patrimonios por sobre US$ 5 millones, y será del 1% del monto que sobrepase ese umbral (Ejemplo: alguien que tenga US$ 6 millones, tributara el 1% de ese US$ 1 millón adicional a los US$5 millones). Se considerará el patrimonio en el extranjero, y habrá impuesto de salida a quienes dejen su residencia en Chile (para retener fugas).
2. Reforma tributaria: Además, para recaudar los 8-10 puntos PIB se plantean también medidas progresivas: eliminar el sistema semi-integrado para grandes empresas de forma de “separar el impuesto que paga la empresa del que pagan socios al retirar utilidades”; se aumenta impuesto a la renta a quienes ganen sobre $4,6 millones; se eliminan exenciones al impuesto a ganancias de capital en instrumentos bursátiles y Fondos de Inversión Privados; entre otras medidas.
3. Royalty de 10% de ventas de mineras: la tasa dependerá de cuánto aumente el precio del cobre, aunque se estima que sería de “10% para niveles de precio de largo plazo”. También se analizará “royalty a la extracción de otros recursos naturales”.
4. Fin a las AFP y nuevo Fondo Colectivo: Las AFP solo podrán seguir funcionando para quienes quieran ahorrar extra, y los fondos actuales se traspasan a un Fondo de Ahorro Colectivo -lo que economistas han descrito como una nacionalización-, que funcionará como sistema de reparto con solidaridad, con un registro de lo aportado por cada cotizante comprometiéndose que no habrá “reducción de pensiones” para nadie. Explican que se hará apelando a que el fondo estatal dé mejores pensiones al poder invertir más fondos por el aumento de la tasa de cotización de 10% a 18% y no pagar comisiones a las AFP. También habrá una Pensión Básica -con aporte fiscal- de 75% del sueldo mínimo (hoy serían $224.000). Las pensiones subiría en 53% -afirman- y aumentaría el gasto fiscal anual de 1,13% a 2% del PIB.
5. Retiro del 100% de las AFP: para “respetar los derechos de propiedad de los recursos (hoy) en cuentas individuales” ante el cambio a un nuevo sistema -se indica- se dará al cotizante la opción de retirar el 100% de la cuenta, aunque con pago de impuestos según el tramo en que tributen (salvo para quienes estén en tramos exentos, o sea los que ganan menos de $790 mil). El sacar el 100% ya lo había propuesto Jorge Alessandri (UDI) por su inquietud por la propuesta de Jadue, aunque desató una ola de propuestas de vaciar el sistema desde la izquierda.
6. Repartir 30% de utilidades de la empresa a trabajadores: por la vía de fortalecer la gratificación legal. En el comando explican que el diseño es eliminar la opción que tienen las empresas de pagarla con un tope de 4,1 sueldos mínimos ($1,3 millones al año), y dejar solo la opción de repartir el 30% de la utilidad (vigente hoy, pero que pocas empresas toman, dicen).
7. Sueldo mínimo de $567 mil: enviar un proyecto para reajustarlo en forma gradual hasta llegar a ese monto en 2026. Es más gasto fiscal: se anuncia un subsidio estatal a las pequeñas empresas para que puedan afrontarlo, y un crédito a las medianas.
8. Remuneración estatal a dueñas de casa: Un Sistema Nacional de Cuidados para que el Estado “reconozca el trabajo doméstico no remunerado”, con un pago mensual de 75% del sueldo mínimo ($224 mil hoy) al 40% más vulnerable.
9. Inmobiliaria Popular: que todo municipio deba tener una, que construya “viviendas públicas de bajo costo” -financiadas el Estado-, para arrendarlas a un máximo del 25% de la renta del hogar.
10. Quitar recursos a Isapres: su reforma de Salud consiste en disminuir de 7% a 4% la cotización -para que aumenten los sueldos- y que para beneficiarios Fonasa el Estado pague ese 3%, y que en Isapres eso se envíe al fondo publico. Además, se quitan subsidios estatales a las isapres, y las atenciones en recintos públicos por Fonasa serán todas gratuitas, a partir de aportes fiscales.
11. 100% de gratuidad en ues estatales: por un aumento de fondos aportados por el Estado
12. Fuerte aumento de Inversión Pública: de 8 mil a 13 mil millones de dólares (5% del PIB) anuales, para generar medio millón de empleos. Solo se adjudicarían licitaciones a empresas cuyos salarios estén todos por sobre la línea de la pobreza.
13. Expropiar tierras para dárselas a pueblos originarios: crear una Comisión de Estudio de Restitución de Tierras, que permita “estimar, en conjunto con los pueblos indígenas, el n° de hectáreas reclamadas” y “establecer mecanismos de expropiación para restituirlas, con las compensaciones del Estado” a dueños.
14. Fin a contrato con SQM: En materia minera, se propone eliminar las concesiones plenas y transformarlas en temporales, y que el Estado tenga prioridad para explotar litio y cobre, creando una Empresa Nacional del Litio y capitalizando Codelco. Y se agrega: “Finalizar el contrato de SQM con el Salar de Atacama, y revisar contratos de explotación con Albermale”. En energía, se plantea que las comunidades reciban beneficios de los proyectos.
15. Banca Nacional del Desarrollo y cambios al Banco Central: se creará la Banca del Desarrollo para una “política industrial que pase de extracción de recursos naturales” a procesos de manufactura de esta, dando financiamiento estatal a empresas de nuevos sectores; y modificar el Banco Central, para que coordine sus políticas con el gobierno de turno (lo que despierta debate sobre una afectación de su autonomía).
16. Regulación a Medios de comunicación: Crear un Sistema de Medios Públicos y una Defensoría de la Audiencia, una ley para que medios privados tengan regulaciones en su estructura de propiedad.
17. 18-O: barricadas, saqueos y presos:Derogar la ley Antibarricadas y Antisaqueos, y pide libertad de los “presos políticos” del 18-O. Se trata de 25 personas, según la Suprema, la mayoría imputados por el delito de robo en lugar no habitado y delito de incendio.
18. Referéndum revocatorio: Se podrá revocar el mandato de presidentes, alcaldes y gobernadores. Para llamar a referéndum se deberá reunir las firmas de un 30% de los votantes de la elección del representante que busca revocarse. También se podrá revocar leyes, con las firmas del 15% de los votantes de la elección parlamentaria más reciente.
19. Plebiscitar leyes o tratados internacionales: El Presidente, a propuesta del gobierno o de la mayoría de la Cámara, podrá someter a plebiscito cualquier proyecto de ley relativo a reformas económicas, sociales y ambientales, o la ratificación de un tratado internacional.
20. Revisión de acuerdos internacionales: se plantea renegociar todo tratado que incluyan la opción de inversionistas demanden al Estado ante tribunales arbitrales internacionales (opción que expertos diplomáticos de centroizquierda consideran como fundamental para atraer inversiones, con los debidos resguardos).