El despliegue de la Armada por las 2 rutas más conflictivas del Biobío —la P 60 y la P 72-S, en cuyas inmediaciones fue atacado en marzo un equipo de TVN— ha promovido un repliegue, al menos temporal, de los grupos radicales en la zona. La apuesta de La Moneda de designar como jefe de la Defensa del Biobío al contraalmirante Jorge Parga —que ya había estado en el mismo cargo por causa de la pandemia— ha tenido como efecto una baja en los delitos de violencia rural.
En qué fijarse: El decreto de estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Arauco y el Biobío de la Región del Biobío ha tenido resultados positivos en sus primeros 15 de implementación, en uno de sus propósitos principales: disminuir los delitos de violencia rural.
- El recuento hecho este miércoles por la Jefatura de la Defensa del Biobío, contabilizó 31 incidentes graves de violencia rural entre el 1 y el martes 12 de este mes.
- Desde el miércoles 13, fecha en que entró en vigor el decreto, estos bajaron a 4, dijeron: la quema de maquinaria forestal en Lebu el viernes 15, el atentado incendiario a 2 camiones en el sector Primer Agua de la ruta P 72-S el martes 19, la quema de otro vehículo en la misma ruta ese día y la quema de una caseta para controles sanitarios en Cañete, el miércoles 20.
- El registro no contabilizó en este último grupo los ataques perpetrados antes de la publicación del decreto en el Diario Oficial, ni los ocurridos fuera de las provincias bajo estado de emergencia. También dejó fuera el ataque a un profesor que manejaba por la ruta P 72-S el viernes 15 y la quema de una casa desocupada en Quidico, la madrugada de este martes.
- El robo con homicidio de Christian Pincheira el 16 de octubre en Cañete, fue considerado dentro de la categoría detenciones (el presunto autor quedó en prisión preventiva), pero no dentro de los hechos de violencia.
- De 400 detenidos, “alrededor de 60 personas están relacionadas directa o indirectamente con hechos de violencia que se pueden asimilar a violencia rural”, dijo este miércoles el contraalmirante Parga.
- Detrás de esta baja estaría, por una parte, la estrategia del contraalmirante de desplegarse rápidamente por las principales vías bajo control de grupos radicales y, por otra parte, la decisión no anunciada de estas últimas agrupaciones de replegarse frente a la mayor presencia militar en la zona.
- Se trata de una llegada que ha enfrentado alguna resistencia por parte de autoridades locales. El martes 19 el gobierno acusó al alcalde de Tirúa, José Linco (que este año corrió como independiente y en las elecciones pasadas en la lista de la Nueva Mayoría), de negarse a albergar en dependencias municipales al contingente de la Armada desplegado en la zona.
- El miércoles por la noche se produjo, además, un trágico accidente: un camión de la Armada impactó a las 10:20 pm con un vehículo particular en la ruta P 60-R, cuyo conductor murió por las heridas, informó la jefatura de la Defensa regional.
El plan Parga: El eje de la estrategia aplicada por el contraalmirante en la zona ha consistido en tomar rápidamente control de las 2 rutas donde se concentraban los hechos de violencia rural: la P 60 y la P 72-S.
- En las inmediaciones de esta última fue atacado a balazos en marzo un equipo de TVN. El camarógrafo Esteban Sánchez perdió la visión en un ojo producto del atentado.
- En la ruta, desconocidos habían instalado un peaje ilegal en el cruce Colo Colo, donde cobraban hasta $5 mil a los autos y hasta $10 mil a los camiones, por cruzar. El peaje ilegal, relatan testigos, incluía conos y una caseta. Los cobradores solían ser 3 personas, entre hombres y mujeres, que cubrían sus rostros con pañoletas y no portaban armas a la vista, pero los viajeros suponían que las tenían en la caseta, por lo que solían pagar. A este punto llegaron infantes de marina a recuperar la vía, como apoyo a Carabineros.
- A esto se han sumado controles mixtos en vías rurales, tanto de día como de noche, que han tenido como efecto un repliegue al menos temporal de los grupos radicales, que no han sido desarticulados, admiten en el gobierno.
- “No podría decir que hemos enfrentado situaciones de mayor violencia. Hasta el momento nuestra acción disuasiva ha sido bastante eficaz y espero que no se produzcan enfrentamiento donde tengamos que actuar”, dijo Parga este miércoles, precisando que a la fecha no han disparado.
Quién es el contraalmirante: Descrito como reservado entre fuentes de gobierno, el contraalmirante Jorge Parga, 53, fue elegido por La Moneda para desempeñarse como Jefe de la Defensa del Biobío, entre otros motivos, por su experiencia en la zona.
- Entre fines de enero y septiembre cumplió esta misma función, lo que le entregó un conocimiento tanto del terreno como de las autoridades locales. Durante ese período, al igual que el Ejército en La Araucanía, mantuvo la máxima de que el estado de excepción constitucional sólo lo autorizaba a realizar patrullajes mixtos con las policías bajo el paraguas de la pandemia.
- En su recuento de este miércoles con la prensa abundaron frases como “no es conveniente revelar ese tipo de datos”.
- Originario de Valparaíso, ingresó a la Escuela Naval en 1984 y se graduó como Guardiamarina el 1 de enero de 1989. Sus especialidades son de Estado Mayor e ingeniería naval electrónica. Tiene un magister en ciencias navales y marítimas y un diplomado en alta dirección de la Academia de Guerra Naval.
- Fue jefe del departamento de adquisiciones de la Misión Naval de Chile en Washington DC y agregado de defensa en la embajada de Chile en Ottawa, Canadá. Ha comandado el buque de rescate Ingeniero Slight y la fragata Capitán Prat.
El fallo de la Suprema: El recuento sobre la primera quincena del estado de excepción en el Biobío se conoció el mismo día en que la Corte Suprema acogió 6 recursos de protección de víctimas de violencia rural de esta región y ordenó al gobierno adoptar a la brevedad las coordinaciones conducentes a la implementación de un plan que entregue una protección eficiente e integral de la población del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
- Fuentes de gobierno leyeron el fallo como un golpe a su gestión, pero a la vez como una oportunidad para plantear el estado de excepción en la macrozona sur como una medida que requiere de una aplicación más allá de los 30 días que la ley autoriza al Presidente a mantener el decreto, sin aprobación del Congreso.
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