Regular a los inspectores municipales, igualar la cancha entre los municipios en términos de tecnología para la materia y establecer un rol de coadyuvante con el Ministerio del Interior, de quien depende hasta el día de hoy esta materia, además de las policías. Esas son las finalidades del proyecto de ley que busca regular la seguridad municipal. El problema es que la discusión de la iniciativa que está en su primer trámite constitucional fue paralizada por parlamentarios de la comisión de Gobierno. Esto, explican, porque el informe financiero del proyecto contempla $5 mil millones para todos los municipios del país, es decir, $14 millones por cada uno. Los diputados lo consideran insuficiente.
Contexto. La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados está discutiendo un proyecto de ley que busca fortalecer el rol de prevención del delito de las municipalidades.
- La iniciativa está en su primer trámite constitucional, cuenta con suma urgencia desde junio de 2023 y es parte de los 31 proyectos de seguridad del fast track legislativo que anunció el Ejecutivo en conjunto con el entonces presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, y el presidente del Senado Juan Antonio Coloma, en mayo pasado.
- Tanto para el Gobierno como para los parlamentarios y los alcaldes se trata de una iniciativa fundamental: El proyecto busca regular a los inspectores municipales, igualar la cancha entre los municipios en términos de tecnología para la materia y establecer un rol de coadyuvante con el Ministerio del Interior, de quien depende hasta el día de hoy esta materia.
- El problema para el Ejecutivo es que los parlamentarios decidieron paralizar las negociaciones de la tramitación de este proyecto hasta que el Gobierno no otorgue más financiamiento. “Sin recursos no hay votos”, dicen diversas fuentes de la comisión.
La explicación de la Dipres. La molestia de los diputados integrantes de la comisión de Gobierno Interior se desató en la sesión de este miércoles. La instancia había invitado en reiteradas ocasiones al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, para que explicaran el informe financiero que tiene asociado el proyecto y si es que existían posibilidades de aumentar los recursos.
- A la sesión de esta semana no asistieron ni Marcel ni Martínez: El ministro estaba en la tramitación de la reforma de pensiones en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja y la directora de la Dipres se encontraba con licencia.
- En su reemplazo asistió el jefe de estudios de la Dipres, Pablo Jorquera. El representante del Gobierno explicó que el proyecto considera un aporte de $200 millones para la Subsecretaría de Prevención del Delito para fortalecer el Banco Unificado de Datos (BUD).
- Este último, según la misma página de la Subsecretaría, es una plataforma informática que permite que diversas instituciones compartan e intercambien información en línea “para mejorar la toma de decisiones en el trabajo operativo y contribuir al seguimiento y desarrollo de políticas públicas de seguridad”.
- Hasta ahí todo bien. El problema surgió cuando Jorquera explicitó que “si bien en el informe financiero no hay recursos específicos, si hay un esfuerzo para destinar recursos para los municipios y los Gobiernos Regionales para esta materia”. Esto, explicó, porque se añadirán recursos a través del royalty minero a partir de 2025.
- “No hemos cambiado el informe financiero”, añadió.
“Punto de quiebre”. Terminada la exposición del representante de la Dipres —que duró alrededor de 15 minutos— comenzaron inmediatamente las críticas de los parlamentarios que estaban presentes. Esto, porque, según aseguran, el informe financiero contempla $5 mil millones, los que divididos en 345 municipalidades correspondería a un promedio de $14 millones para cada una.
- Renzo Trisotti (UDI) dijo que “llevamos varias sesiones solo escuchando excusas. Estos recursos claramente son insuficientes”. Y luego explicitó que con ese informe financiero “yo no seguiría adelante con el proyecto”.
- Juan Fuenzalida, también gremialista, planteó que “si el Gobierno no llega con recursos yo voy a votar en contra todo el proyecto”.
- Posteriormente, al argumento de Jorquera respecto de que estaban los recursos del royalty minero, Bernardo Berger (RN) señaló que éstos no vienen “con nombre y apellido”.
- Ante la consulta de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) respecto de si es que había alguna justificación para que “recién en 2025 se pueda contar con más recursos”, el jefe de estudios de la Dipres respondió que “para comprometer recursos permanentes necesitamos ingresos permanentes. La ley del royalty empieza a recaudar en 2025”.
- “Este es un punto de quiebre en el avance de este proyecto de ley porque no podemos traspasarle a los alcaldes y alcaldesas de Chile una responsabilidad que no van a poder cumplir (…). Para qué estamos legislando un proyecto que no va a poder aplicarse en la realidad”, respondió Pérez.
- A la arremetida también se sumó el diputado del PDG Rubén Oyarzo.
Los detalles del proyecto. La iniciativa del Gobierno, en primer lugar, crea la figura de los inspectores de seguridad municipal. Para ello se establecen requisitos e inhabilidades específicos y se establecen las funciones que deben cumplir.
- Por ejemplo, en materia preventiva, se plantea que deben entregar información de los posibles riesgos que observen para que el Consejo Municipal de Seguridad Pública tome conocimiento y elabore diagnósticos.
- También tendrán que colaborar con labores de fiscalización en diversas materias incluyendo, por ejemplo, ley de alcoholes, rentas municipales y ordenanzas municipales.
- Pero más importante aún, se establece una función de coadyuvantes de las policías, es decir, un trabajo coordinado con estas últimas y siendo facultados para cumplir labores de apoyo y coordinación según lo que señalen las mismas.
- También tendrán el deber de denuncia.
Ojo con. Los parlamentarios de la comisión definieron volver a citar a una nueva sesión para el próximo martes. La instancia está convocada para las 15:00 horas y se convocó nuevamente al ministro Marcel y a la directora de la Dipres Javiera Martínez. De no llegar con una solución dicen diversas fuentes, la tramitación del proyecto continuará paralizada.
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