Senador Insulza: “La lucha contra la delincuencia se debilita con el uso excesivo de medidas y penas alternativas”

El actual Senador PS, ex Canciller y ex Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, era ministro del Interior cuando se aplicó la primera Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) en 2003. En esta entrevista con Ex-Ante analiza los resultados de la última ENUSC dados a conocer esta semana y que mostraron una cifra récord de percepción de inseguridad. Señala que “la principal conclusión es clara: hay un alza, estadísticamente significativa, de todos los delitos de mayor connotación social”, agregando que “nuestras políticas requieren mantener con fuerza el combate al crimen, pero también deberían incluir acciones que reduzcan ese Temor Ciudadano”.

-Hubo un cambio en el período del trabajo de campo de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). Sobre esa base, ¿hay o no inconveniente de que podamos comparar los datos con los sondeos anteriores? 

-No olvidemos que, más allá de su transparencia y atención ciudadana, el objetivo principal de la ENUSC es entregar datos válidos y relevantes para la formulación de mejores políticas públicas. En una situación tan variable como la criminalidad que hoy nos afecta, siempre será necesario adaptar la ENUSC a nuevas realidades

En Chile no sólo ha aumentado el crimen violento; también han cambiado los instrumentos (mucho mayor uso de armas de fuego), las circunstancias (el portonazo no existía hace una década), las asociaciones criminales (irrumpe como nunca antes el crimen organizado y proliferan las bandas con participación de menores, mujeres e inmigrantes). Todos estos ejemplos y muchos otros han modificado la naturaleza del delito y esa nueva situación exige un nuevo conocimiento.

Por cierto, cuando se cambian los tiempos, se aumentan los delitos y se agregan las encuestas de comunas, se plantea el problema de la comparabilidad. Pero esas dificultades son inevitables ante las enormes variaciones del fenómeno de la delincuencia de la última década. Entiendo (y espero) que el diseño del INE supere o minimice las dificultades de comparación.

-Más allá de la comparabilidad, ¿Cuáles son las principales conclusiones que usted saca de esta encuesta?

-La principal conclusión es clara: hay un alza, estadísticamente significativa, de todos los delitos de mayor connotación social. La actitud ciudadana se fija en los más violentos, cuyo conocimiento directo y cotidiano y afecta a la ciudadanía, que siente el crimen como una posibilidad cercana. El alza de los delitos violentos ha aumentado el temor ciudadano hasta niveles récord.

Pero además se ha agregado (y las encuestas anteriores lo han incorporado, con el Índice de Percepción de Inseguridad) una nueva dimensión que ya adquiere vida propia: el Temor. Mientras las encuestas muestran a Chile aún con menor criminalidad que el resto de América Latina, los mismos estudios nos muestran liderando las estadísticas de Temor, con cifras significativamente mayores que las que tienen países con una criminalidad enormemente mayor.

-Sobre la base de estos resultados ¿Dónde debe estar el foco de la lucha contra la delincuencia?

-Yo comparto en general las políticas desarrolladas por el gobierno y me permito agregar algunos énfasis, todos ellos vinculados el Temor ciudadano.

Nuestras políticas requieren mantener con fuerza el combate al crimen, pero también deberían incluir acciones que reduzcan ese Temor Ciudadano. La necesidad de esto no es pura política ni necesidad de mejorar ratings. El principal efecto de ese temor es que la gente tiende a abandonar espacios públicos y refugiarse en sus casas, entregando cada vez más el espacio al crimen. Basta recorrer el centro de Santiago en el atardecer, cuando la gente empieza a desaparecer cada vez más temprano.

Combatir al temor considera adoptar medidas que demuestren a la ciudadanía que la lucha contra el crimen está en marcha. Para ello, la práctica de allanamientos y redadas en los lugares más frecuentados por los delincuentes es una política practicable y posible. Y no me refiero solamente a los territorios habituales a los cuales “Carabineros no entra”. Se podría comenzar por lugares céntricos (como hasta la Plaza de Armas) donde la delincuencia florece en las noches.

Se ha legislado aún de manera insuficiente en la búsqueda y decomiso de armas de fuego. Nuestras aduanas aún están organizadas para cobrar pequeños aranceles, más que para buscar armas ilegales. La inversión en scanners en todos los puertos y pasos fronterizos, incluyendo los sitios de distribución de paquetes que llegan por correo desde el extranjero es indispensable para reducir el tráfico de armas. El control de “clubes de tiro” y venta de armas es aún insuficiente.

Soy contrario en general a las penas excesivas contra ciertos delitos; pero la mejor forma de impedir que se ande con armas por las calles, es aplicar una pena de cárcel muy drástica a todo aquel que porte armas sin permiso. En todas partes, no sólo “en lugares densamente poblados” que desde ya son difíciles de determinar.

Pero endurecer las leyes significa también que las penas se cumplan. La lucha contra la delincuencia se debilita con el uso excesivo de medidas y penas alternativas. Una mejor coordinación entre las policías, las fiscalías y el Poder Judicial es indispensable. El temor aumenta en nuestras poblaciones cuando se ve a los delincuentes circulando por las calles pocos días después de su arresto.

Si lo anterior no ocurre, habrá que pensar en leyes más drásticas sobre la reincidencia y el cumplimiento efectivo de las penas, que son un legado de los tiempos de baja criminalidad.

-De acuerdo con la ENUSC, la victimización de los hogares urbanos por delitos de mayor connotación social es de 21,8%, un número más bajo que en 7 de las 9 mediciones anteriores. ¿Cómo se explica entonces que la percepción de inseguridad llegue a un récord de 90,6%? 

-Aquí los datos principales son los más inmediatos, primero, la victimización crece por primera vez desde la cifra récord de 2018 y segundo, aumenta casi cinco puntos con respecto a la cifra del año anterior (16,9 el 2021 y 21,8 el 2022).

Considerando además la enorme atención que ha cobrado la criminalidad en todos los medios, no sorprende que se llegue a ese nivel de percepción de inseguridad. La encuesta coincide en este caso (como toda buena encuesta) con el sentido común: la gente teme mucho más al delito que antes, cuando ve más y más delitos graves en la televisión de la mañana.

-La aplicación de la ENUSC comenzó hace dos décadas cuando usted era ministro del Interior. Observando los números ¿Cuáles han sido los cambios más drásticos que usted percibe entre 2003 y 2023? ¿Con cuál o cuáles de todas las cifras debemos estar especialmente atentos?

-Hasta 2003 los únicos datos que existían acerca la criminalidad eran las cifras oficiales de las policías y tribunales sobre denuncias. La sensación en nuestras autoridades y policías era que existe una brecha enorme entre el delito real y el que se denuncia. Desde luego, las diferencias son menores en delitos como el homicidio y también aquellos en que la denuncia es indispensable para recuperar documentos o cobrar seguros en caso de hurto o robo. Pero hay muchos otros casos en que los delitos de mayor connotación no se denuncian por temor o por la sensación de que en inútil hacerlo.

Para cerrar es brecha se introducen hace mucho tiempo las Encuestas de Victimización, en las que la pregunta clásica es “Ud. o alguien de su familia ha sido víctima …etc.”. La ENUSC es principalmente una encuesta de Victimización. La introdujimos en 2003, con el pleno impulso y cooperación de nuestras policías, que argumentaban desde hacía años la necesidad de tener esa información para desarrollar sus planes de trabajo.

La ENUSC ya ha tenido una vida larga y útil. Los mayores cambios han estado en agregar el Indice de Percepción y ampliar los delitos incluidos. Y mejoraría también si, desde el Ministerio de Seguridad Publica, se formulan políticas comunes y coordinadas para orientar a todo el sistema de seguridad, basadas en los hallazgos de esta y otras encuestas.   

-Hace dos décadas, en la ENUSC la gente señalaba a “la falta de trabajo” como la principal causa de la delincuencia y, entre las siete principales causas, no se mencionaba a la inmigración. Esta semana una encuesta CEP mencionó que el 69% de los chilenos está de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. ¿Existen bases para afirmar que esa percepción es real? ¿Cómo se debe manejar esa percepción para evitar el surgimiento de actitudes xenófobas?

-La diferencia entre décadas es obvia. En 2003 el número de inmigrantes en Chile era el menor de América Latina; no llegaba a un 1% de la población y provenía de los países vecinos. Hoy los inmigrantes son más del 5% de la población, provienen mayoritariamente de otros países del continente y han llegado en grandes números en pocos años.

Donde hay migración hay siempre alguna discriminación, un rechazo a lo distinto. Eso es natural y, desgraciadamente, en Chile se ha dado en estos años. Ello puede influir en la percepción que vincula a extranjeros con criminalidad. Las cifras, en cambio, no muestran que haya mucha diferencia entre chilenos y extranjeros en cuando al número general de delitos.

Sin embargo, es preciso considerar que la llegada masiva de extranjeros (especialmente venezolanos) por el norte del país, se ha producido en los últimos tres años por vías no destinadas al efecto, como producto de la pandemia y el cierre de fronteras.

En esos ingresos ilegales hay un número importante de miembros activos de bandas criminales, notorio en las ciudades del norte y crecientemente extendidas hacia el centro del país. Esto tiene dos efectos negativos: expone la criminalidad visible de extranjeros (cualquier noticia sobre crímenes ya identifican a los autores como chilenos o extranjeros) y aumenta el temor de la población, expresado en el rechazo creciente a los inmigrantes.

-¿Cree que la ENUSC necesita cambios? Y si es así, ¿qué modificaciones implementaría?

-Los cambios recién realizados ya han provocado alguna conmoción. Recomendaría no hacer nuevos cambios en los próximos años.

-El general Yáñez dijo la semana pasada que “comparte plenamente” que Chile es el país más seguro de la región. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

-Esa afirmación es completamente cierta y basada en datos que son públicos. A pesar de la realidad que estamos analizando, Chile sigue teniendo la tasa de homicidios más baja de América Latina. Pero hay que combinar esta respuesta con otras dos realidades:

Primero: América Latina tiene de lejos la tasa de homicidios más alta del mundo: cuatro países de esta región están entre los cinco primeros en esta trágica estadística. El drama de nuestra región es que, siendo un continente sin guerras, tenemos más muertes violentas que países y zonas en que el conflicto es mucho más habitual.

Segundo: La cifra de Chile, siendo aún la más baja, es el triple de lo que era una década atrás: hemos crecido de 2,3 homicidios a 6,7 por cada 100.000 habitantes. Ese 6,7 nos pone muy por encima de toda Europa y la mayor parte de Asia.

-Usted fue secretario general de la OEA y conoce muy bien la realidad de los países de la región en términos de seguridad. ¿A qué fenómenos Chile debe estar atento para no alcanzar las tasas de criminalidad que se observan en otros países de América Latina?

-Creo que hasta ahora se ha evitado bien las peores lacras que significan la penetración del crimen organizado en la vida social y en los poderes públicos: ellas son, la invasión de los poderes del Estado en el plano nacional, regional y local; y la ocupación de territorios completos, gobernados en la práctica por el crimen organizado. Si permitimos que se elijan autoridades de cualquier nivel ligadas a criminales, que las bandas ocupen territorios, directamente, comprando autoridades o usando el chantaje y la amenaza, cruzaríamos un umbral que ya se ha cruzado en otros países.

-¿Cómo evalúa las nuevas medidas de seguridad anunciadas la semana pasada por el gobierno? ¿Son suficientes?

-Creo que este gobierno le ha dado al país, por primera vez desde hace dos décadas, una política de seguridad pública, coherente con la realidad dramática que vivimos hoy. Al igual que la primera ENUSC, en 2003 propuse una política nacional de Seguridad Ciudadana, en la cual, sin embargo, se perseveró poco en los años siguientes.

A mi juicio, el principal error institucional en ese tiempo fue no crear, como estaba considerado, un Ministerio de Seguridad Pública, separado del ministerio cabeza del Gobierno. Concluida la Reforma Constitucional del Presidente Lagos, el tiempo que quedaba era escaso y se traspasaron las policías a la dependencia desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, que sólo agregó Seguridad Pública a su nombre.

Ahora se está realizando ese cambio, ligado a una serie de otras normativas claves para una nueva Política de Seguridad Pública. Al nuevo Ministerio se agregan la Ley sobre Medidas para el Combate al Crimen Organizado, el conjunto de leyes sobre el Cibercrimen, la Ley sobre Seguridad Privada, la reforma del Sistema de Inteligencia, los cambios a la Ley Orgánica de las Policías, y varias más, ya despachadas o próximas ser despachadas.

La cuestión de ahora es alcanzar la unidad necesaria de parte de nuestras autoridades y fuerzas políticas para aplicar la nueva política de seguridad y no transformarla en un tema divisivo, sino en una Política de Estado.

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Vea aquí los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC)