Perfil: Lo que hay que saber de Juan Eduardo Fuentes, el futuro presidente de la Corte Suprema

El abogado de 72 años, originario de Chillán y con bajo perfil, fue nombrado este lunes presidente de la Corte Suprema para el período 2022/23. La Moneda lo propuso para la Suprema en el primer gobierno de Piñera, designación que encontró respaldo en la oposición en el Senado, en parte, por su experiencia instruyendo causas de DDHH, como el crimen de Víctor Jara. Como integrante del Tricel, falló para anular el triunfo del Miguel Ángel Aguilera —sindicado como ícono de la narcopolítica— en San Ramón y para que Marco Enríquez-Ominami llegara en noviembre a la papeleta. Bajo su mandato se propondrá e implementará una nueva Constitución, si gana en el plebiscito de salida.

1. Juan Eduardo Fuentes Belmar, 72, nació en 1949 en Chillán, ciudad donde vivió su infancia y adolescencia. Fue a la Escuela Número 7 y luego al colegio San Vicente de Paul y al Liceo de Hombres. Viviendo en Chillán conoció a su futura esposa, Marianela Garrido, con quien ha dicho que comenzó a salir cuando él tenía 15. Se casaría con ella a los 20 años, en la misma ciudad.
2. Fuentes Belmar dejó su Chillán natal para estudiar derecho en Concepción. “Llegué en 1968 y el campus universitario, con lo bello de su entorno, era un espacio que acogía y era propicio para hacer amistades. Ingresé al curso Propedéutico y me recibí en abril de 1974. Durante ese tiempo viví en las cabinas”, recordó en una entrevista dada en 2011 al sitio de esa universidad. Allá coincidió con la futura ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Mirta Lagos, y con el entonces joven profesor Alejandro Abuter.
3. Entró en 1974 —mismo año de su titulación— al Poder Judicial, donde ha desarrollado toda su carrera. Partió como secretario del Juzgado de Letras de Yungay, tribunal donde luego ejercería como juez titular, entre 1975 y 1978. Luego sería juez titular del Segundo Juzgado de San Carlos. Entonces comenzaría su carrera en los tribunales de alzada. Fue secretario Interino de la Corte de Apelaciones de Chillán; relator de la Corte de Apelaciones de Talca y juez del Primer Juzgado de Letras de Valdivia. En 1990 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, que presidiría en 3 ocasiones; luego, el 2001, presidió la Corte de Apelaciones de San Miguel y en 2002 fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que llegó a presidir en 2011.
4. Paralelamente, ejerció a la docencia. Además de realizar cátedras de derecho procesal en la Universidad de Tarapacá e introducción al Derecho en la U. Austral, ha hecho clases de derecho procesal en la escuela de oficiales de Carabineros y dictado cátedras en la Escuela de Investigaciones y la Academia Judicial. En esta última fue monitor en cursos de formación para jueces y funcionarios durante la primera etapa de la Reforma Procesal Penal, en varias ciudades. Entre éstas, La Serena, Rancagua, Antofagasta, Talca, Temuco e Iquique.
5. En 2005, la Corte Suprema le encomendó investigar crímenes perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet. En ese marco indagó el caso del cantautor Víctor Jara, torturado y asesinado en septiembre de 1973. Durante su indagación acumuló pruebas para acreditar la responsabilidad como autor del teniente coronel en retiro, Mario Manríquez, quien había sido procesado en 2004 por el juez Juan Carlos Urrutia. Manríquez moriría meses más tarde. “Hay un desgaste emocional combinado con el desafío profesional y la necesidad de buscar y hacer justicia”, dijo Fuentes de esas indagaciones en la entrevista a la U. de Concepción. La causa la seguirían luego otros ministros.
6. Tuvo 3 hijos con su esposa, todos los cuales seguirían sus pasos en el Poder Judicial. Hay registros en línea de 2018 y años previos en que incluía dentro de sus “inhabilidades” materias que involucraran a sus 3 hijos, todos jueces de familia de distintas ciudades. También incluía en este listado a Carabineros, institución donde hizo clases.
7. Su bajo perfil, rigor y experiencia viendo causas de Derechos Humanos hicieron que el gobierno lo viera como un candidato a la Suprema que conseguiría la aprobación de la oposición en el Senado. En 2011, el Presidente Sebastián Piñera propuso al entonces presidente del tribunal de alzada para el cargo, en reemplazo de la ministra Margarita Herreros. El Senado ratificó su nombramiento. “Su elección demostró un alto consenso. El magistrado tiene una dilatada experiencia, y esto es una coronación a una exitosa carrera judicial”, dijo el entonces ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
8. Actualmente se desempeña en la primera sala civil de la Corte Suprema. Es también desde 2020 uno de los 5 ministros que integran el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde mantiene una relación cercana con Carmen Gloria Valladares, la secretaria del tribunal que adquirió notoriedad al abrir la sesión inaugural de la Convención Constitucional, el 4 de julio. En estas funciones fue uno de los ministros que anuló en junio el triunfo en San Ramón del entonces alcalde Miguel Ángel Aguilera —el ex PS sindicado como ícono de la narcopolítica, que está en prisión preventiva desde julio por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y lavado de activos—, al ratificar la resolución de primera instancia que ordenaba repetir la elección en parte de las mesas. También fue uno de los ministros que falló en septiembre para habilitar a Marco Enríquez Ominami para estar en la papeleta presidencial en las elecciones de noviembre.
9. Dado que era el ministro de mayor antigüedad y el máximo tribunal tiene la tradición de respetar ese criterio, su nombramiento era esperado. Tras el anuncio del pleno, destacó que el Poder Judicial es “esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho y para el sistema democrático”. También mencionó a la Convención Constitucional, que deberá definir las reglas con las cuales operarán los distintos poderes del Estado. “Veo que está funcionando normalmente, con la participación de todos sus integrantes y espero que de todo se logre un acuerdo para que la comunidad tenga la oportunidad de pronunciarse sobre su contenido”, dijo. El presidente saliente, Guillermo Silva, expuso ante la Convención el 9 de noviembre, oportunidad en que recalcó la importancia de mantener su independencia y se mostró partidario de separar las funciones administrativas de la Corte Suprema de las jurisdiccionales, algo sobre lo cual hay un consenso preliminar en la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención. El nuevo presidente asumirá sus funciones el 6 de enero.