El INDH fue el punto de partida para el otorgamiento de las pensiones de gracia por el 18-O, proceso en que Contraloría advirtió que en al menos 10 casos el Instituto “no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados”. A esto se sumó que las cartas de los beneficiados con pensiones —a las que tuvo acceso Ex-Ante— no fueron escritas por los denunciantes de violaciones a los derechos humanos, sino que por el propio INDH, restando un paso en la validación de antecedentes. Las víctimas —acreditadas y presuntas— sólo firmaron. Una revisión de las actas del Consejo mostró que su directorio aprobó cada uno de los casos que recibieron.
Qué observar. La trabajadora social Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fue citada a declarar en calidad de testigo en la investigación que instruye el Fiscal Regional Metropolitano Occidente Marcos Pastén, por los eventuales delitos cometidos en el otorgamiento de pensiones de gracia del 18-O.
- La diligencia —que T13 consignó que se realizará el jueves 22— buscaría esclarecer el proceso que terminó con la entrega de 419 pensiones de gracia (las 418 conocidas más un caso adicional que advirtió Contraloría) tanto a personas que está acreditado que tuvieron pérdida o daño ocular, como a otras cuya calidad de víctima puso en duda la Contraloría General de la República.
- En 10 casos de la muestra tomada por Contraloría, “el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados”, dijeron en su informe del 13 de diciembre.
- El organismo detectó casos que “no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019, los cuales fueron presentados por el DAS (Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior) a la Comisión Especial Asesora, sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación”.
- Una revisión de las cartas de los beneficiados con pensiones de gracia —a las que tuvo acceso Ex-Ante— mostró que estas no fueron escritas por los denunciantes de violaciones a los derechos humanos, sino que por el propio INDH, restando un paso en la validación de antecedentes.
- Las víctimas —acreditadas y presuntas— sólo firmaron un poder.
- Una revisión de las actas del Consejo del INDH mostró, además, que el directorio aprobó cada uno de los casos que recibieron de su unidad técnica.
- A las falencias en la acreditación se sumó la controversia por la entrega del beneficio a personas con prontuario. La polémica derivó en que el 15 de enero, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve anunciara que el Presidente Gabriel Boric revocaría administrativamente los beneficios entregados a casos controversiales.
- La ministra Carolina Tohá acotó que esto se haría en 27 casos, de los cuales el gobierno sólo confirmó el de un condenado por producción de pornografía infantil.
- Este jueves, La Moneda informó que el Presidente Boric retomará sus vacaciones, sin que se conozcan todavía los otros casos que dejarán de recibir la pensión.
Los poderes tipo del INDH. Las cartas firmadas por los pensionados de gracia del 18-O tenían como denominador común tener un logo del INDH, ser de una o dos carrillas y diferenciarse básicamente en el nombre del denunciante, su Rut, fecha de ingreso de la solicitud y nombre y firma del testigo del acto.
- Adán Castro Cifuentes —condenado por patear en la cabeza a un carabinero en el piso en octubre de 2019 y que figura como víctima por haber sido golpeado cuando fue aprehendido tras cometer la agresión— firmó el 6 de junio de 2022 la carta que le permitió recibir el 22 de febrero de 2023 una pensión de un ingreso mínimo no remuneracional mensual de por vida, equivalente a $296.511 a diciembre de 2023.
- “Me ha sido informado, expresamente, que el resultado de la concesión de la pensión de gracia es de entera responsabilidad del Presidente de la República”, consignó el documento. “Así es que, por este instrumento, manifiesto mi acuerdo en solicitar este beneficio y, para ello, confiero poder al INDH”.
- Gabriel Allende Torres —quien figura como víctima de heridas de perdigones la misma noche en que, de acuerdo a su condena, arrojó bombas molotov en una protesta en Curacaví— firmó en 2022, se omitió la fecha exacta, la carta que le permitió recibir una pensión de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, subidos luego a 1,5 (equivalentes a $444.767 a diciembre de 2023).
- “Me ha sido informado, expresamente, que el resultado de la concesión de la pensión de gracia es de entera responsabilidad del Presidente de la República”, dijo el documento. “Así es que, por este instrumento, manifiesto mi acuerdo en solicitar este beneficio y, para ello, confiero poder al INDH”.
La diferencia con las cartas pidiendo indultos del 18-O. Los poderes firmados por los beneficiados en favor del INDH difirieron del proceso realizado para otorgar los indultos a los 12 presos del 18-O, en que estos escribieron directamente al Presidente Boric.
- El 24 de marzo de 2022, Luis Arturo Castillo Opazo —auto declarado insurrecto, con un largo prontuario y que reincidió tras recibir el perdón de pena— firmó con lápiz azul una carta de una carilla, escrita a mano, dirigida al Presidente Gabriel Boric.
- “Muy respetuosamente a Ud. vengo a solicitar me conceda el ‘indulto presidencial’ dentro de sus facultades (…), ya que yo sólo salí a luchar por mis derechos como todo ciudadano común lo hizo en el marco de la revuelta social, haciendo valer el ‘divino derecho a la rebelión popular’, ya que nuestros derechos estaban siendo vulnerados por el gobierno de Chile”, consignó la carta.
- En los demás casos, se repitió este esquema, con diferencias en los motivos esgrimidos para recibir el perdón presidencial de sus penas.
La aprobación del directorio. Las actas del directorio del INDH mostraron que entre el 1 de octubre de 2021 y 29 de agosto de 2022 los consejeros votaron 437 casos identificados con un número, los que —de acuerdo con la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH— cumplían con 4 puntos: ser víctima de violación a los derechos humanos, en el marco temporal requerido, en relación con la crisis social y estableciéndose plausibilidad de menoscabo laboral.
- Hubo contadas abstenciones y votos en contra —principalmente de consejeros de derecha—, que no influyeron en la decisión final: la aprobación de cada uno de los casos vistos por el directorio.
- La actual directora Consuelo Contreras se inhabilitó en 2 casos, ya que su fundación era querellante en estos, advirtió en las sesiones.
Lea las cartas pidiendo pensiones de gracia de los condenados del 18-O:
a) Andrés Fuica Fuica
b) Gabriel Allende Torres
c) Eliseo Carrera Espinoza
d) Adán Castro Cifuentes
e) Jonathan Parra Rebolledo
Publicaciones relacionadas
