En el último tiempo, hemos sido testigos de significativos cambios en la legislación laboral de Chile, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer los derechos de los empleados.
Entre las reformas más destacadas se encuentran la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la promulgación de la ley que sanciona el acoso laboral y la violencia en el trabajo, así como medidas destinadas a favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral (recién publicada) y el aumento del Ingreso Mínimo Mensual (IMM), que en julio de 2024 llegará a $500,000.
Aun cuando estas normativas buscan fortalecer los derechos de los trabajadores e incrementar su bienestar, también significan mayores cargas financieras y administrativas para los empleadores (tanto de PYMEs como para las grandes empresas) lo que podría tener un impacto significativo en las decisiones de contratación si no son implementadas cuidadosamente.
Hoy, el escenario económico en Chile presenta desafíos considerables, y la tasa de desocupación del 8,7% durante el trimestre septiembre-noviembre de 2023, que entregó recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es un claro reflejo de la complejidad de la situación laboral que vivimos como país.
Si bien estamos avanzando a pasos agigantados en legislaciones que buscan mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, debemos ser conscientes de los desafíos que enfrentarán las empresas, especialmente las más pequeñas, al asumir estas nuevas obligaciones en un contexto de desaceleración económica. Si además consideramos que se está discutiendo la reforma previsional, que probablemente agregará un 6% de cotización obligatoria de cargo del empleador, podemos estar fomentando una tendencia a futuro de reemplazar con automatización aquellos trabajos menos calificados.
En este escenario, creo que es fundamental explorar soluciones que no solo protejan los derechos de los trabajadores, sino que también mitiguen las cargas para los empleadores y fomenten la contratación, aspecto fundamental de una buena legislación laboral. Una opción para evaluar podría ser la implementación de subsidios específicos.
Por ejemplo, la posibilidad de otorgar incentivos tributarios a la contratación de jóvenes o mujeres en diferentes industrias podría incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, aliviando así ciertas presiones financieras y, al mismo tiempo, contribuyendo a la generación del empleo y la reactivación económica.
Mirando hacia el futuro, la colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil, será muy importante a la hora de encontrar un equilibrio que fortalezca las condiciones laborales sin sacrificar la estabilidad económica que tanto buscamos. La clave estará en implementar una estrategia integral que promueva el empleo, la equidad y el crecimiento sostenible.
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