Las múltiples vidas del funcionario judicial de La Araucanía detenido con un arsenal de guerra en su casa

El oficial de sala del juzgado Traiguén —miembro de una familia con historia política en La Araucanía— se diferenciaba de sus pares porque permaneció 11 años en el mismo cargo y en el mismo tribunal. Antes de eso fue un escolar que participó de grupos católicos y luego un estudiante universitario al que detuvieron por daños y desórdenes en Temuco. En esos años participó en un colectivo ligado al FPMR donde hizo amistad con Emilio Berkhoff, quien años más tarde se uniría al grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM). Hoy está imputado por infracción a la ley de armas, y se investiga la eventual conexión del arsenal encontrado en su casa, y la suya, con atentados cometidos en La Araucanía.

Un diálogo con carabineros: J.P.P.V. —38 años, la jueza Sandra Nahuelcura ordenó no dar su nombre completo durante la formalización de cargos del martes 6 por infracción a las leyes de control de armas y de drogas— estaba con al menos otras dos personas el lunes 5 de abril, cuando efectivos del OS-7 de Carabineros llegaron a su casa en Traiguén, tras recibir una denuncia por infracción a la ley de drogas.

• “Soy funcionario judicial”, dijo a los policías a quienes negó el ingreso a su casa, ubicada en un barrio de viviendas pareadas construido en la década de 1960.
• “¿Y qué es lo que se supone que dice la denuncia? ¿Que aquí hay plantas?”, preguntó a los carabineros desde el vano de la puerta, según mostró un video grabado por uno de los policías. Ellos respondieron afirmativamente. “Si consiguen la orden, no hay ningún problema, ¿ya?”, dijo antes de cerrar la puerta.

Vida familiar: J.P.P.V. nació el 2 de mayo de 1982 en una familia católica y ligada a la centro-izquierda, en Traiguén. Su padre, Guillermo Pirce, es un dirigente influyente en Malleco, que trabajó como asistente social en el Arzobispado.

• “Juan Pablo participó en la iglesia en su juventud, pero después de eso no sé si siguió siendo practicante”, dijo su primo Ricardo Sanhueza Pirce, quien también es alcalde de Traiguén (independiente pro PPD), ciudad de 19 mil habitantes a 70 kilómetros al noroeste de Temuco.
• Además de la religión, sus años de formación estuvieron marcados por la política y los temas vinculados con el pueblo mapuche. En mayo de 1998, su padre, quien era asesor para asuntos indígenas de la intendencia, dijo en una entrevista a Clarín que “el gobierno cree que las tomas son contrarias al orden público”.
• En 2017, como gobernador de Malleco, Guillermo Pirce monitoreó los lugares donde no se pudo aplicar el censo, como la comunidad de Temucuicui, en Ercilla.
• Guillermo Pirce también fue intendente subrogante en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y fuentes de gobierno afirman que trabajó desde la Novena Región para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Es cercano al senador Jaime Quintana, a la diputada Andrea Parra y al presidente regional PPD, el empresario Essio Guidotti.
• La hermana mayor de J.P.P.V. fue dirigenta del PPD en Traiguén.
• El 10 de junio de 2017, J.P.P.V. se casó en Traiguén con una mujer de la que estaría separado.
• El Poder Judicial registra una causa de agosto de 2020 por un episodio de violencia en el hogar. En esta se lee que, en una oportunidad, “le habría propinado golpes de pies y puño en diferentes partes del cuerpo (a su mujer), no importándole la presencia de sus hijos”. Al lugar habrían llegado los padres de J.P.P.V., que viven en la casa vecina, quienes la llevaron a su vivienda, para que dejara de golpearla. Cuando llegó Carabineros, ella negó que hubiera ocurrido alguna agresión, por lo que la fiscalía no investigó el caso.
• En la solicitud de la fiscalía para no investigar el caso se consigna el testimonio de una sicóloga que sostiene que su paciente le dijo que su conviviente “padece un trastorno siquiátrico, lo que detona su actitud violenta”.
• El 7 de agosto de 2020, la jueza Karina Muñoz aprobó la decisión del Ministerio Público de “abstenerse de toda investigación por no ser constitutivos de delito los hechos sobre los que recae la denuncia”. Ocho meses más tarde, la misma jueza se abstendría de aprobar un allanamiento a la casa del funcionario judicial.
• J.P.P.V. no tiene redes sociales. Pero sí es posible encontrar videos en Youtube donde aparece en distintos homenajes de corte político, como el realizado a los “Guerrilleros de Neltume asesinados por la dictadura el año 1981”.
• Su defensa destacó durante la formalización de cargos que es bombero.

Vida estudiantil: J.P.P.V. egresó en el 2.000, a los 18 años, del colegio particular subvencionado Educación Adultos Vida y Paz de Temuco. Luego iniciaría estudios de antropología y trabajo social en esa ciudad.

• Diversas fuentes sostienen que en ese período trabó amistad con el ex miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Emilio Berkhoff, quien tras romper relaciones con Héctor Llaitul se unió al grupo Weichan Auka Mapu (WAM), y hoy está en prisión preventiva por una causa de drogas. Otras fuentes precisan que lo conoció en una reunión de un colectivo ligado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
• En 2002 estuvo en el radar de la policía por su supuesta cercanía con Bernardita Chacano Calfunao, miembro de la comunidad Juan Calbucura de Chol- Chol e integrante de la CAM, que contaba con antecedentes por Ley Antiterrorista.
• En 2003 fue detenido durante un desalojo en el campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. Fue controlado en la Segunda Comisaría de Temuco y luego dejado en libertad.
• En 2004 fue detenido por provocar desórdenes y daños en una marcha en Temuco que no contaba con la autorización de la Intendencia.
• En varios de estos actos estuvo acompañado por personas con antecedentes por tráfico, lesiones menos graves, hurtos simples y manejo en estado de ebriedad.

Vida funcionaria: J.P.P.V. tenía 27 años cuando llegó a trabajar al Poder Judicial, el 17 de diciembre de 2009, iniciando un período que es mirado de cerca por investigadores y querellantes, por la información sensible que pudo manejar sobre órdenes de arresto, incautaciones y allanamientos vinculados a violencia rural.

• Se desempeñó siempre como oficial de sala del Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén. En el tribunal, que ve causas penales y civiles, realizó labores administrativas con el escalafón de empleado de séptima categoría, hasta su suspensión del cargo tras la detención del lunes 5.
• Era uno de los 19 funcionarios del juzgado, incluyendo a los dos jueces.
• El lunes 5, los dos jueces de Traiguén se inhabilitaron para ordenar un allanamiento a su casa, argumentando que se trataba de un funcionario del tribunal.
• También lo hizo una jueza de Victoria, que trabajó antes en Traiguén, y dijo que lo conocía. En otros tres casos los jueces o sus suplentes argumentaron estar en comisión de servicio.
• Fue finalmente la jueza de Collipulli, Sandra Nahuelcura, quien autorizó al OS-7 a entrar a la casa, tras más de dos horas de espera en que los investigadores sospechan se pudo destruir evidencias. Es en ese lapso cuando carabineros aseguran haberlo visto lanzando bolsos hacia las casas vecinas.
• Adentro de la casa y en los bolsos recogidos en patios vecinos encontrarían el arsenal de armas, municiones y explosivos por el que está en prisión preventiva. En la culata de una de las armas largas se puede distinguir una estrella mapuche blanca de ocho puntas, sobre un fondo azul.
• También tenía un revólver inscrito, por cuya tenencia no fue formalizado.
• Entre 2010 y 2018 viajó cuatro veces fuera del país: a Argentina, donde ingresó  por el paso Cardenal Samoré, y por el paso de Hachado-Liucura. También estuvo en Brasil.
• En 2012 tuvo un problema legal. Durante la formalización de cargos, el fiscal Enrique Vásquez relató que J.P.P.V. tenía una condena “por conducción en estado de ebriedad, que le fuera impuesta el 2012”, por lo que ya se encontraría prescrita. Esta fue eliminada del sistema.
• Entre sus escasos viajes laborales fuera de Traiguén estuvo un curso de dos días al que asistió en 2014, en Valdivia, sobre “Manejo de recursos tecnológicos y gestión de carpeta digital”. Al año siguiente fue a un taller de dos días en Temuco sobre “Normativa básica en materia de delitos contra la vida y contra la libertad”, consigna su hoja de vida.
• Esta semana la Corte de Apelaciones de Temuco inició una investigación administrativa en su contra, y el juzgado de Traiguén ordenó bloquear su correo y suspender sus claves de acceso, como medida de resguardo de información.
• “Juan Pablo efectivamente trabaja hace muchos años en el Poder Judicial (…). Si usted habla con gente de acá en Traiguén, le van a decir que es un chico que se ve tranquilo, simpático, agradable, que se pudo haber fumado algunas cosas, pero no le van a hablar mal de él”, dijo el alcalde Ricardo Sanhueza Pirce. “Pero si las instituciones demuestran que así fue (lo que se le imputa), él tendrá que asumir la responsabilidad”.