El fantasma de la insolvencia financiera ronda por estos días a las isapre. Peor aún, en la salud privada aseguran que el Gobierno no los quiere escuchar y que están pasando por alto el escenario que vivieron en 2020 y 201 producto de la pandemia. La determinación de Colmena de contrademandar a sus afiliados desató una polémica que terminó esta tarde con la renuncia del gerente general de la compañía. Según expertos, 2023 puede ser crítico para la salud privada.
Por qué es importante. Hoy la salud privada tiene unos 3,3 millones de afiliados. En su mejor momento, en 1997, las isapres llegaron a los 3.9 millones de beneficiarios.
- Según cifras de la Superintendencia de Salud, el sistema cuenta con casi 2 millones de cotizantes y 1,3 millones de cargas.
- Entre 2012 y 2020, las isapre tuvieron ganancias por cerca de $320 mil millones. Sin embargo, solo el año pasado tuvieron pérdidas de $148 mil millones y se proyecta que este año superen los $150 mil millones en pérdidas. Es decir, todas las ganancias de casi 8 años perdidas dos años.
- El gobierno de Gabriel Boric ha anunciado la presentación, en octubre, de una reforma al sistema de salud que considera la eliminación de las isapres, transformándolas en seguros complementarios. Ello implicaría que los 3,3 millones de afiliados (y sus respectivas cotizaciones) se integrarían al un sistema público de salud.
La arremetida de Yarza. En los últimos días, la ministra de Salud, Begoña Yarza se ha enfrascado en una dura disputa con las isapres, después de que el entonces gerente general de la isapre Colmena, Felipe Galleguillos, anunciara acciones legales contra sus afiliados por presentar recursos de protección para dejar sin efecto la tabla de factores como parte de sus alzas de planes.
- “Estamos comenzando a interponer demandas contra los afiliados que nos demandaron para dejar sin efecto la tabla de factores”, dijo el ejecutivo en Pulso el pasado fin de semana.
- Argumentó las cuantiosas pérdidas que ha experimentado la empresa por la judicialización, por la licencia médica preventiva parental -cuyo cargo traspasó el Estado a las isapre- y por las restricciones a las alzas de planes.
- En entrevista en T13, la titular de Salud cuestionó en forma directa la arremetida judicial de la isapre. “Una organización que su propósito es cuidar a las personas como parte de la seguridad social, de la protección social, lo que menos puede ocurrir es que la relación sea a través de tribunales. Cualquier problema financiero, cualquier problema que tenga la isapre, que lo resuelva, pero que no se lo traspase a las personas, ni menos a las personas que tiene como propósito cuidar”.
- En la misma entrevista, la ministra hizo referencia a uno de los principales quejas de las isapre para acudir a la justicia: el impacto financiero que ha tenido la judicialización por el alza de los planes. “A uno le llama la atención que estén a punto de quebrar cuando uno mira el desempeño de las isapre en los últimos 15 o 20 años”, dijo.
- La arremetida de Yarza estuvo acompañada de una ofensiva parlamentaria oficialista. Por ejemplo, la diputada Claudia Mix anunció un oficio a la Superintendencia de Salud para entregar antecedentes sobre el caso. Además, la Superintendencia de Salud pidió a Colmena que informe a cuántos usuarios demandó, fundamentos y una aproximación de los costos, entre otros aspectos.
- El Colegio Médico se sumó a las críticas y a través de una comunicación pública rechazó la medida de demandar a los usuarios. Lo consideró una “situación abusiva contra las personas que no es aceptable” y llamó a la isapre a desistir.
- Tras cuatro días de polémica, este jueves se anunció la renuncia de Felipe Galleguillos a la gerencia general de Colmena.
¿Hay riesgo real? La gran pregunta que surge a raíz de la polémica es cuál es la situación concreta del negocio de las isapre actualmente. ¿Hay riesgo? ¿Podrían quebrar? Estas son las principales cinco razones que fundamentarían la crisis, de acuerdo a expertos consultados por Ex – Ante.
- Deterioro vertiginoso. Como se mencionó, entre 2021 y 2022 las isapres tendrán pérdidas equivalentes a todas las ganancias obtenidas entre 2012 y 2020. La rapidez en el proceso afectó el flujo de caja de muchas de estas instituciones.
- Incertidumbre política. Muchas isapre no quieren invertir debido a la incertidumbre por la reforma que quiere implementar el Gobierno, que promete eliminar a las isapre. Invertir en un sistema que se quiere eliminar en dos años -sin que aún se analice una transición- tiene a los inversores con “freno de mano”, se explica en la industria.
- Alzas de planes. Este año el 80% de los usuarios de isapre tuvieron ajustes en sus planes y el 20% presentó reclamaciones de diversa vía para impedir las alzas. Esto le dio un balón de oxígeno a las isapre. Sin embargo, debido a la pandemia, los años 2020 y 2021 no hubo alzas. Y para este año se fijó un tope de 7,6%, cifra que según expertos, está bajo los costos de alza en salud. El misterio es qué ocurrirá en 2023 con el proceso de adecuación de planes.
- Licencias médicas. Se le traspasó a las isapre el costo de las Licencias Médicas Preventiva Parental. A ello se sumó un alza de las licencias médicas durante la pandemia.
- Exámenes de medicina preventiva. La Superintendencia de Salud hizo ajustes que obligan a las isapre a cumplir con un 100% de exámenes de medicina preventiva para permitir el alza de planes en 2023, cifra que para muchas isapre es prácticamente imposible. Ello, debido a que algunos exámenes que se hacían las personas voluntariamente como papanicolau o mamografías, quedan fuera a menos que se hagan dentro del paquete considerado examen preventivo.
Escenario incierto. “Insolvencia en el corto plazo, este año, al menos los próximos siete a ocho meses no se avisora, porque el 80% de las alzas ya se dieron. Y en octubre debería concretarse el reajuste del plan GES. Eso le daría tiempo a las isapre”, opina Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud y académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello.
- Inostroza explica que “si no les dejan subir el valor de la prima GES, pondrá un escenario muy grave para las isapre el 2023. Y si a ello se suma que en 2023 no puedan hacer alzas en los planes, será muy complejo”.
- “Si la idea de las autoridades es evitar alza de precios sí podría haber situaciones de insolvencia en 2023 por no reconocer alza de costos y no permitir alza de precios de los planes”, insiste.
- Pero más allá de la situación financiera de las aseguradoras, el experto plantea que las autoridades no están viendo el impacto en las personas, particularmente en los 3,3 millones de afiliados que tendrían que moverse hacia el Fonasa.
- “No se trata de tener simpatía o antipatía ideológica hacia las isapres. Lo que debe es hacer es una reforma para cambiar el sistema, ya sea para hacerlo con situación reglada que evite costos humanos y una transición clara o buscar alternativas. Pero no tomar acción, como está pasando ahora, puede hacer que el sistema caiga por sí solo. Los dramas humanos, la continuidad de tratamientos cáncer, seguros catastróficos en cínicas, tratamientos con medicamentos de alto costo conseguidos por vía judicial, no se si las autoridades de salud lo están viendo ante la caída de todo el sistema incluso antes de la reforma”, dijo.
- A su parecer, el Gobierno debe dar señales concretas que den tranquilidad a los usuarios de isapres, independiente de la reforma que se quiere impulsar. “Es una responsabilidad del gobierno dar viabilidad al sistema, no por el sistema, sino por las personas, hasta que reforma sea viable”.
Isapres emplazan. A través de un duro comunicado difundido esta jornada, la Asociación de Isapres planteó que la situación es crítica. Por primera vez reconocen que “no tienen margen de operación” y del “final del sector”.
- “Ante una imposibilidad de ajustar las tarifas y con los costos de salud al alza, coberturas fijas y de por vida para los afiliados, las isapres caerían en un déficit permanente, que inevitablemente marcaría el final del sector”, señalaron.
- “Las isapres ya no tienen margen de operación, hoy funcionan únicamente con aportes de capital de sus dueños y el cierre puede producirse en solo meses. Afirmar lo contrario es arriesgado, porque hay de por medio casi tres millones y medio de afiliados que escuchan llamados a la tranquilidad y que podrían verse, de la noche a la mañana, sin cobertura de salud, a la vez que Fonasa tendría que acoger a cientos de miles de nuevos afiliados en una red de prestadores estrecha y que mantiene abultadas listas de espera”.
- A juicio de la Asociación, el Gobierro debe informar y explicar el impacto que tendría “cerrar las isapres administrativamente este año por medio de impedir un ajuste de precios que permita cubrir las obligaciones contractuales”.
- Las isapres tienen previsto reunirse con la ministra Yarza en las próximas semanas para hacerle ver la crítica situación.
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