La jueza a cargo de la zona roja de Temucuicui y su controvertido rol en el caso Huenchullán

Nació en Los Ángeles, comenzó su carrera como abogada del Ministerio Público y se casó con un fiscal. Luego pasó al Poder Judicial, donde fue secretaria personal de la ministra Chevesich. De vuelta en el sur, comenzó a hacerse fama de dura: envió a prisión a los carabineros imputados por el caso Catrillanca, al funcionario judicial de Traiguén que tenía un arsenal de guerra en su casa y en febrero ordenó la captura del werkén Jorge Huenchullán, luego de que se encontraran en su predio 500 plantas de marihuana. La jueza que esta semana ordenó la prisión preventiva de Huenchullán (y le dio 24 horas para presentarse en la cárcel, lo que no ocurrió) genera sentimientos encontrados en el gobierno, ya que días antes había considerado innecesario detenerlo.

1. Sandra Patricia Nahuelcura Villamán, 42, nació el 10 de julio de 1979 en Los Ángeles, Región del Biobío, en una familia ligada a la educación. Su papá era encargado de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) de una escuela rural de esa comuna, de la cual su tía era la profesora jefe.
2. Egresó en 1997 del colegio San Rafael Arcángel de Los Ángeles, el cual estuvo a cargo de Las Hermanas Teresianas hasta 1995, por lo que muchos en la ciudad se referían a éste como el colegio teresiano. En su casa y el colegio surgió su interés por la lectura y el humanismo, que marcarían su elección de carrera.
3. Estudió derecho en la Universidad de Concepción, de donde egresó en 2002 con promedio 6,2. En su examen de grado y en su tesis, titulada “Justicia y Seguridad en el Nuevo Código Procesal Chileno”, obtuvo nota 7,0. Se tituló como abogada en septiembre de 2005. Tenía 26 años.
4. Su carrera profesional comenzó en el Ministerio Público y no en el Poder Judicial. Entre noviembre de 2005 y marzo de 2006 fue abogada asistente en la fiscalía de Concepción. Luego trabajó hasta 2011 como abogada asesora de la fiscalía regional de La Araucanía, papel en el que debía asistir a fiscales, ir a audiencias y tramitar causas.
5. Estando en esas funciones se casó con el abogado Luis Alfredo Espinoza Arévalo, quien actualmente es fiscal del sistema de análisis criminal y focos investigativos de La Araucanía. El matrimonio civil se realizó el 12 de mayo de 2007, en Los Ángeles. Se trata de una relación conocida sólo por algunos, pero que no ocultan.
6. Tras permanecer 5 años y 6 meses en el Ministerio Público, decidió pasar al Poder Judicial. El 30 de mayo de 2011 entró a un programa de formación para postulantes en la Academia Judicial, donde estudió 9 meses. Años más tarde haría un diplomado en derecho de familia en la U. de Concepción y otro sobre las nuevas regulaciones sobre subcontratación y suministro de trabajadores, en la Universidad del Desarrollo.
7. En junio de 2012 comenzó su carrera judicial como secretaria suplemente y luego como juez suplente en distintos tribunales de la jurisdicción de Concepción. Estuvo en Laja, Cañete y Los Ángeles. Fue un período itinerante, que duró 11 meses. Entonces surgió una oportunidad que le abriría perspectivas, aunque implicaba alejarse de su familia y vivir en Santiago. La tomó.
8. El 19 de agosto de 2013 comenzó a trabajar como secretaria privada de la magistrada Gloria Ana Chevesich, quien a principios de ese mes había jurado como ministra de la Corte Suprema, tras ser propuesta por el Presidente Sebastián Piñera, quien ejercía su primer período. Se trataba de un “cargo de exclusiva confianza”, destacaría sobre su labor. Trabajó un año y 3 meses con ella, período en el que observó de cerca la tramitación en esa instancia de causas penales, lo que le resultaría útil en las labores que asumiría.
9. En octubre de 2014 volvió al centro sur del país. Fue relatora suplente de la Corte de Apelaciones de Concepción. Trabajó 2 años como juez suplente en juzgados de Concepción, hasta que en noviembre de 2016 aterrizaría en Juzgado de Collipulli, en la Región de La Araucanía, donde ejercería como secretaria titular durante un año y medio.

• En ese tribunal viviría una situación de riesgo el 17 de mayo de 2017, durante una audiencia en que el fiscal Enrique Vásquez comunicó que el Ministerio Público no seguiría investigando un presunto secuestro denunciado por el lonco de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul.
• Entonces una docena de comuneros entró al lugar a rostro descubierto, golpeó por la espalda al fiscal y empezó a destrozar la sala. En un video del ataque se ve como Nahuelcura alcanza a huir por una puerta lateral. El 2 de julio de este año se otorgarían medidas de protección al fiscal Vásquez, por otro episodio. “Fiscal Enrique Vásquez, bonita tu familia. Te tenemos en la mira”, se leía en un lienzo blanco escrito con letras rojas dejado esa jornada tras un ataque incendiario en Traiguén.

10. El 2 de mayo de 2018 juró como jueza titular de Collipulli. “Con este nombramiento veo coronado un período de mucho sacrificio familiar y personal”, dijo al asumir, consignó entonces la radio local Viaducto. Se trataba de una labor compleja, puesto que debería hacerse cargo de las causas relacionadas con la comunidad de Temucuicui, una de las zonas rojas del conflicto en la macrozona sur. Allí comenzó a construir su fama de dura.
11. Llevaba 6 meses en el cargo cuando el 14 de noviembre de 2018 el comunero Camilo Catrillanca recibió un tiro de un policía mientras estaba arriba de un tractor en Temucuicui. Nahuelcura ordenó la prisión preventiva de los 4 carabineros formalizados, por considerar que eran un “peligro para la seguridad de la sociedad”. Que Nahuelcura asumiera la causa dio paso a titulares destacando que una jueza mapuche viera el caso Catrillanca, lo que derivó en críticas en redes sociales que acusaron discriminación y fue rechazado por el Colegio de Periodistas. En mayo de este año la Corte Suprema confirmó, en fallo dividido, las condenas contra 7 ex carabineros y un abogado, uno como autor del homicidio, 2 por disparos injustificados y 4 por obstrucción a la investigación.
12. El 5 de abril de este año autorizó la orden de entrada y registro a la casa del oficial de sala de Juzgado de Traiguén donde se encontraría un arsenal de guerra, luego de que los 2 jueces de ese tribunal y otros de otros juzgados se abstuvieran de resolver en el caso. Al día siguiente ordenó que fuera enviado a prisión preventiva, tras su formalización de cargos por infracción a la ley de armas.
13. El 7 de enero la Policía de Investigaciones (PDI) realizó el trágico allanamiento a la comunidad de Temucuicui en que el inspector Luis Morales murió de un disparo en la cabeza. En esa diligencia se encontraron en la propiedad de Jorge Huenchullán Cayul, werkén de la comunidad Autónoma de Temucuicui, 12 kilos 705,62 gramos de marihuana y 500 plantas de cannabis sativa, además de un revólver y munición de diferente calibre. En base a estos antecedentes, Nahuelcura dictó el 9 de febrero una orden de detención en contra de Huenchullán, quien estuvo prófugo hasta el 1 de julio, cuando llegó a un centro médico con síntomas de Covid-19. Desde allí fue trasladado al hospital de Victoria, e intubado.
14. El lunes 26 fue dado de alta. Esa tarde la PDI llegó a detener a Huenchullán, apoyado por efectivos de Control de Orden Público de Carabineros, en medio de la oposición de comuneros que patearon los escudos de los policías. Lo encontraron en una silla de ruedas y lo sacaron del hospital por una puerta lateral. Pero la detención duró sólo unas horas: la Corte de Apelaciones de Temuco acogió una orden de no innovar presentada por la defensa de Huenchullán, alegando que la jueza Nahuelcura había rechazado detener a Huenchullán y que, dado eso, la fiscalía había recurrido a un segundo juez, que sí la había autorizado.

• En un documento presentado a la Corte, Nahuelcura explicó sus motivos para rechazar la petición. “La fiscalía solicitó el día 22 de julio, a las 8:08 pm, orden de detención verbal telefónica a esta magistrado, la que fue denegada, expresándose al fiscal (Felipe) González que, en razón de existir una audiencia de formalización ya fijada, con notificación a todos los intervinientes, y frente a una eventual inasistencia injustificada del imputado, fiscalía y querellante disponían de los mecanismos procesales para hacer efectivos los apercibimientos legales respectivos”.
• Fuentes de gobierno calificaron de contradictoria la decisión de la jueza, en circunstancias de que ella misma había dictado en febrero la orden de detención contra Huenchullán —la que fue concretada el 1 de julio en el hospital—, motivo por el cual ella sabía que existía riesgo de fuga.

15. El jueves 29 se formalizaron cargos por tráfico de drogas, y tenencia de ilegal de armas y municiones en contra de Jorge Huenchullán, en una audiencia realizada telemáticamente. La jueza Nahuelcura ordenó su prisión preventiva, por considerar que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Le dio 24 horas para presentarse en la cárcel de Angol, lo que Huenchullán no hizo. El viernes 30 por la tarde Gendarmería notificó a la jueza del incumplimiento, que tanto la fiscalía como el gobierno calificaron de previsible. Este sábado el juez de turno de Collipulli, no la jueza, despachó a la PDI la orden de captura.