La mesa técnica asesora de la comisión de Salud del Senado cifró en US$451 millones el monto a pagar por las Isapres, en contraste con el cálculo de US$1.400 millones realizado por la Superintendencia de Salud. Ahora el Ejecutivo debe decidir si hacer propio el informe entregado y presentar indicaciones en ese tono o buscar una tercera opción para tramitar el proyecto. “Las modificaciones que se puedan hacer al proyecto de ley pueden establecer criterios o resultados distintos”, explicitó el superintendente Víctor Torres.
Qué observar. “Esto requiere una digestión gradual y progresiva que haremos porque es un tremendo informe de análisis”, dijo el presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), luego de que la comisión técnica de la instancia presentara su informe respecto de cómo cumplir con el fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado y que la semana pasada se extendió por segunda vez por 6 meses a solicitud de la Superintendencia de Salud.
- La comisión técnica que elaboró el informe está integrada por 16 profesionales, repartidos en forma transversal, desde el Frente Amplio hasta la UDI.
- La frase de Castro representó un sentir en el oficialismo y el Ejecutivo: En su informe de 105 páginas, la comisión técnica planteó que la deuda de las Isapres a sus afiliados es de un total de US$451 millones y “se propone que la ley corta contemple un plazo de 10 años para la devolución de estos excedentes de forma de evitar los riesgos de incumplimiento y quiebra”, dice el documento.
- En mayo, cuando el gobierno ingresó el proyecto de ley corta de Isapres al Congreso, el superintendente de Salud Víctor Torres entregó una cifra 3 veces mayor, es decir, de US$1.400 millones.
- “Los acuerdos que plantea la comisión técnica son consensuales, pero son acuerdos que deben ser analizados por la comisión de Salud, no son vinculantes”, explicitó Castro. “Nosotros vamos a hacer todos los recálculos que sean necesarios”.
La encrucijada del gobierno. El informe entregado por la comisión técnica fue “de consenso en donde no hay posturas de minorías”, recalcó la ministra de Salud, Ximena Aguilera. El documento ahora debe ser estudiado por el Ejecutivo para poder ingresar indicaciones al proyecto de ley corta.
- El problema, dicen fuentes oficialistas, es que el gobierno está en una encrucijada: La cifra entregada en mayo “se sustenta en la lectura literal del fallo y la comisión técnica sugirió elementos distintos de análisis”, dice Torres.
- Lo planteado por la comisión técnica considera supuestos, como que no hayan planes menores al 7% de cotización y a los efectos de la mutualización del cobro. La propia comisión advierte que “esta metodología no es exacta por cuanto se apoya en un supuesto de equivalencia entre el incremento de la cotización pactada y de los ingresos financieros”.
- Esto último corresponde a cuando se compensa entre los planes que suben y los que bajan de valor. “Ese es un punto que tiene que ser analizado por la comisión porque obviamente genera un impacto financiero muy distinto, pero que a la vez deja en una situación que puede haber exposición jurídica u opiniones de algunos que no compartan ese criterio y que por lo demás la Corte Suprema no lo tuvo a la vista al momento de fallar en la tabla de factores”, plantea Castro.
- Por eso el gobierno ahora debe trabajar en un plazo de 10 días para ingresar indicaciones, pero con un punto crucial en mente: La comisión técnica estaba integrada por los distintos sectores políticos, incluyendo el ex subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado (RD).
- De ahí que Aguilera saliera a respaldar el trabajo de los técnicos y que para el Ejecutivo no se puede desconocer el informe entregado este martes. Lo que sí está claro, es que el Ministerio de Salud establecerá una mesa de trabajo interna para llegar a una nueva propuesta.
- “Las modificaciones que se puedan hacer al proyecto de ley pueden establecer criterios o resultados distintos”, explicitó el superintendente Torres. “Ni siquiera ha habido un cuestionamiento al cálculo de la Superintendencia”, añadió.
Los considerandos de la Comisión. La Comisión trabajó bajo tres principios: La certeza jurídica, la sustentabilidad financiera y el apego irrestricto a los fallos de la Corte Suprema.
- Estos últimos, que apuntan a avanzar en lógicas de seguridad social en el subsistema privado de salud, tienen como consecuencia de su implementación impactos financieros que ponen el riesgo la sustentabilidad del sistema de no ser acompañados de medidas de adecuación regulatoria.
- Hay dos elementos que afectan claramente a la hora de considerar el monto que adeudan las Isapres:
- Primero, en el devenir del tiempo quedó en evidencia que se han generado situaciones donde las personas no aportaban el 7%, aunque esto sea legal. Con ello hay una diferencia de US$400 millones respecto a lo que tenía la Superintendencia de Salud.
- Segundo, este es un seguro en el que todos aportan, pero no todos reciben por igual. Las coberturas se dan porque se mutualizan los fondos a objeto de que, quien por probabilidad vaya a tener mayor enfermedad, reciba el beneficio de aquel que no va a tener más enfermedad.
- El fundamento que hay de atrás, es que se paga una prima y después se recibe el servicio cuando se requiere, porque el riesgo es compartido. Por este concepto hay una rebaja de US$550 millones.
- La Comisión además cree que una caída de un 22,9% de los ingresos operacionales del sector en el escenario base de implementación de los fallos, sin otras medidas, genera una situación cierta de insolvencia del subsistema Isapre en un brevísimo plazo.
- “El sistema de salud requiere urgentes y profundas transformaciones, a las cuales la Ley Corta no es posible que dé respuesta. Por lo mismo reitera la urgencia con la que el Congreso Nacional y el Gobierno deben iniciar una conversación que permita avanzar en una reforma sectorial que pueda dar respuesta a los profundos problemas a que afectan al sistema, tanto en su subsistema público como privado”, señala el informe.
Ojo con. Para avanzar en una propuesta que convenza a los distintos sectores políticos, se constituyó una mesa técnica integrada por 16 profesionales encargados de alcanzar un consenso.
- La comisión trabajó dos veces a la semana por casi tres meses.
- Ahora la propuesta se debe tramitar en la comisión de Salud de la Cámara Alta, para lo cual los parlamentarios y el Ejecutivo tiene plazo hasta el 20 de octubre para ingresar indicaciones. Se espera que la propuesta esté despachada del Senado a la Cámara de Diputadas y Diputados durante el mes de noviembre.
Lea el Informe Final de la Comisión Técnica:
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