Jaime Quintana y el fin del Senado: “Me cuesta creer que si el PC y el FA tuvieran grandes bancadas estarían defendiendo su eliminación”

El senador Quintana (PPD) manifiesta una visión crítica del proceso constituyente, como el reemplazo y recorte de atribuciones del Senado. Pero dice que “el reemplazo del Senado es el menor de los problemas”, ya que “lo que se redacte sobre Ministerio Público y sistema judicial, puede traer efectos no deseados que amplifiquen la crisis que tenemos”.  “Lo que teníamos en la mente la madrugada del 15 de noviembre de 2019 es un tanto distinto a lo que hoy se está construyendo y lo que se transmite hacia fuera, con funas incluidas a quienes piensan distinto”, señala.

-Al parecer la última propuesta de Sistema Político respecto del Senado no dejó a nadie demasiado contento. ¿le parecen suficientes las atribuciones agregadas a la Cámara de las Regiones?

Atribuciones más o atribuciones menos, lo que uno ve es un sector político decidido a terminar con el Senado, que coincidentemente es aquel que hoy día tiene menor representación en esa Cámara. Es legítimo que se tenga esa posición, pero veo tres problemas.

¿Cuáles?

Uno: que todo el tiempo el debate parece más uno de cálculo electoral que de sentido de futuro para el país, es decir, me cuesta pensar que si el FA y el PC tuvieran grandes bancadas en el Senado, estarían defendiendo la misma posición en la Convención. Dos: que queda la impresión de que nunca hubo un debate previo sobre la integralidad que debe tener el sistema político de un país, una definición ex-ante sobre cuál es el modelo al que se aspira, previo a aprobar normas particulares. Y tres: no se entiende que en un país que aspira a la descentralización, la “Cámara de las Regiones” sea un agregado secundario de la Cámara de Diputados, uno que ni siquiera forma parte del Congreso Nacional, porque eso se parece más a ningunear a las regiones que a darles más poder. Entonces, todo apunta a que se está proyectando un sistema político en base al prejuicio con el Senado, y eso no necesariamente va a traer un buen resultado para nuestra democracia.

¿Piensa que ese es el mayor problema de las normas aprobadas?

No, creo que el reemplazo del Senado es el menor de los problemas. En un país con niveles de violencia e inseguridad a ratos fuera de control, lo que se redacte sobre Ministerio Público y sistema judicial, puede traer efectos no deseados que amplifiquen la crisis que tenemos.

Respecto a la posición de La Moneda frente al proceso constituyente, el contralor dijo que prescindencia es neutralidad, contradiciendo al Presidente. Carlos Peña, por su parte, plantea que el gobierno puede no ser neutral, pero sí imparcial. ¿Cuál es su postura?

En términos de las normas de prescindencia electoral del Ejecutivo, no estoy de acuerdo en que esta sea una elección especial para la cual se aplican criterios especiales. El plebiscito de salida es una elección como todas, y en Chile siempre se ha intentado que los gobiernos mantengan institucionalmente la neutralidad ante los actos electorales. Estoy de acuerdo con el Contralor y no creo que sea una buena imagen ver al gobierno levantando las banderas del apruebo, yo preferiría verlo levantando las banderas de una elección imparcial que le entregue garantías a todos. Otra cosa es lo que hagan los funcionarios públicos fuera de su horario de trabajo y respetando los dictámenes de Contraloría.

“Es necesario que se mueva el péndulo. El punto es que en esa movida no nos vayamos al extremo y dilapidemos algunos pilares básicos de la forma de organizarnos en una democracia liberal,

El borrador constitucional superó los 300 artículos. ¿Cuál es su evaluación del trabajo de la Convención hasta ahora? ¿Qué aspectos son los más delicados?

Pienso que lo que teníamos en la mente la madrugada del 15 de noviembre de 2019 es un tanto distinto a lo que hoy se está construyendo y lo que se transmite hacia fuera, con funas incluidas a quienes piensan distinto. Sin embargo, aún creo que avanzamos hacia una Constitución mucho más conectada con los tiempos actuales que la Constitución del 80. Es necesario que se mueva el péndulo, no como un acto de revancha, sino porque el mundo se está moviendo hacia un mayor protagonismo de los estados en la protección social, del medio ambiente, y hacia un rol mucho más activo de la ciudadanía en la democracia. El punto es que en esa movida de péndulo no nos vayamos al extremo y dilapidemos algunos pilares básicos de la forma de organizarnos en una democracia liberal, por ejemplo, el rol que tienen los partidos políticos. En este punto quiero hacer una autocrítica.

¿Qué autocrítica?

Debimos confiar más en el rol de los partidos al momento de elegir a quienes redactarían la nueva Constitución. Viendo en retrospectiva, la fórmula de listas de independientes era necesaria para descomprimir el momento crítico que estábamos viviendo, pero no sé si era la más adecuada para elegir a un órgano deliberativo tan importante como una Convención Constitucional. También, creo que fue un error que el plebiscito de entrada haya sido con voto voluntario y que el plebiscito de salida sea con voto obligatorio: o eran ambos voluntarios o ambos obligatorios, porque de lo contrario se produce un desacople entre las personas que votaron en uno y las que votarán en otro, que le agrega un componente adicional de incertidumbre a un proceso que por su naturaleza ya es bastante incierto.

¿Es correcto que Jackson y Vallejo graben un video aplaudiendo a la Convención?

El gobierno ha cifrado demasiadas expectativas en el nuevo texto constitucional, al punto de invisibilizar en ocasiones su propia agenda. Más que aplaudir a la Convención, lo que el gobierno tiene que hacer es gobernar bien, porque, para bien o para mal, la asociación del Ejecutivo con el proceso constituyente es altísima. Entonces, más que abstenerse de impulsar ciertas reformas hasta conocer el resultado del plebiscito de salida, lo mejor que puede hacer La Moneda por el proceso constituyente es dar respuesta a las urgencias de los chilenos y chilenas sin esperar ese resultado, y para eso necesariamente tiene que dialogar y tomar en cuenta a la diversidad de actores que conforman el actual Congreso, aunque a más de algún ministro se le noten demasiado las ganas de terminar con él. Resulta un tanto agresivo escuchar a algunas autoridades de gobierno decir que si los senadores dan opiniones sobre sistema político estarían efectuando una defensa corporativa, y al mismo tiempo esperar que llamen activamente a votar por el apruebo.

-La violencia en La Araucanía ha superados todas las predicciones y está en su nivel más alto en 25 años. ¿Se salió de control desde la llegada del nuevo Gobierno?

En este punto quiero ser muy categórico. Es de una alta hipocresía culpar a un gobierno que no lleva dos meses respecto de los problemas de violencia e inseguridad en la Araucanía, que se arrastran por décadas y que, según todos los indicadores, se agravaron fuertemente durante el mandato del Presidente Piñera. El mayor descontrol se produjo en ese período y lo que hoy le toca administrar al gobierno del Presidente Boric es la peor situación de caos de la que al menos yo, que siempre he vivido en la región, tengo memoria.

¿Cuál es su opinión del proceso de diálogo en la Macrozona Sur?

Si hay algo que todos debiéramos respaldar es el diálogo profundo y sin exclusiones que ha planteado el presidente Boric, haciéndonos cargo de temas sustantivos como la restitución de tierras (a la cual el gobierno anterior le pegó un frenazo), discutir sobre el futuro de la actividad forestal, autonomía en determinados territorios, el importante rezago de desarrollo en la zona, etc. Con todo, lamentablemente no veo que se hayan instalado por parte del actual gobierno en las regiones del sur las capacidades y fuerza de tarea acordes a un objetivo de esa envergadura. A veces parece ser una administración muy sustentada en discursos y simbolismos grandilocuentes pero que le cuesta materializar políticas en el territorio.
Tal vez, vinculado con el tema anterior de la entrevista, el error que se ha cometido es dejar todo en manos del nuevo texto constitucional y así no van a funcionar las cosas. Por un momento imaginé que la elaboración de la nueva Constitución generaría condiciones especialmente favorables para facilitar el diálogo desde una perspectiva histórica en el conflicto del sur del país, pero hoy tengo serias dudas de ello. Espero que el Presidente Boric logre impregnar el espíritu de diálogo a todos sus funcionarios en la Araucanía.

-Izkia Siches es recibida a balazos, pero no hay querellas de parte del gobierno, que depone el Estado de Excepción y no usa la Ley de Seguridad del Estado (que sí usa para los camioneros). ¿Falta más claridad en la manera de abordar el problema?

Al gobierno aún le falta calibrar en qué situaciones utilizar el peso de la ley y de la fuerza pública, aunque veo avances, por ejemplo las acciones judiciales que se anunciaron contra la persona que le lanzó una piedra al presidente en la Región de Coquimbo. Tal vez en los primeros días de gestión no estaban esas claridades y espero que se vayan afinando. Más allá de las críticas que se pueden hacer a la planificación de la malograda primera gira de la ministra Siches a la Araucanía, en ninguna circunstancia se puede tolerar que no se permita el libre tránsito a una autoridad, o a cualquier persona. Otra cosa es el estado de excepción, con cuya supresión estoy completamente de acuerdo.

-¿Cómo observa a la dupla Siches y Monsalve en el ministerio del Interior? ¿Ha podido conversar con ellos?

Pienso que Izkia Siches y Manuel Monsalve son una dupla que se puede complementar muy bien. Démosle un poco más de tiempo para afiatarse, aunque tampoco tanto porque ya llevamos dos meses. Yo creo que de aquí a la primera cuenta pública presidencial del 1 de junio será un tiempo más que prudente para evaluar quiénes lo están haciendo bien y quienes no, y me imagino que luego de eso se podrán producir algunos ajustes.

“Todavía hay cierta nostalgia del octubrismo que se traduce en un exceso de tolerancia con los desmanes y el vandalismo injustificable de todos los viernes en Plaza de la Dignidad”

-Usted nació en Lautaro y es senador por La Araucanía. ¿Cómo ha percibido el ambiente en la zona: hay miedo, preocupación, descontento ante la reacción del Estado?

Evidentemente hay miedo y preocupación de parte de muchas personas. Yo creo que también hay cierta incredulidad con la incapacidad del sistema político para hacerse cargo del conflicto. Hace poco leí al gobernador regional decir que la solución al conflicto en el sur no es política. Bueno, si no es política, y si en opinión de la derecha tampoco es histórica, entonces sería policial, pero nadie se hace cargo de esa afirmación. El gobierno anterior, que tenía esa mirada, terminó mostrando resultados paupérrimos: con una fuerza policial debilitada, con baja capacidad de producir inteligencia, al punto en que 800 efectivos de la PDI no pudieron entrar a una comunidad de Ercilla. Entonces yo digo, por favor paremos la chacota, terminemos con los slogans pues el tema es delicado y hay víctimas de un lado y de otro.

El gobierno culpa de cierta forma al gobierno anterior, diciendo que el Estado de Excepción empeoró el problema. Sin embargo, líderes camioneros dicen que la violencia se multiplicó tras la decisión de retirar la medida. ¿Usted repondría el Estado de Excepción si sigue escalando el conflicto?

El estado de excepción no trajo ninguna solución, por el contrario agudizó el problema, hay sobrada evidencia al respecto, salvo ensalzar las pasiones ideológicas de quienes piensan que el ejército en la calle podría traer la solución y no quieren ver que en el origen del problema, ocasionado por el Estado hace 160 años, muchas actuaciones del mismo ejército provocaron un daño irreparable a la convivencia con el pueblo mapuche, algo que por cierto hoy nadie quiere asumir. Militares reemplazando a la policía es algo que simplemente no funciona, eso nunca ha sido así y lo saben los propios militares, quienes no cuentan en su formación profesional con la debida preparación en control de orden público. El estado de emergencia en la Araucanía fue un error de proporciones que la historia sabrá sopesar, y en ese sentido apoyo completamente la decisión del gobierno del presidente Boric de retirar esta medida.

-Usted escribe un libro sobre seguridad. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué acciones concretas recomendaría?

Es imperioso que ningún actor, no solo político, se lave las manos, pues los problemas de seguridad son graves, multicausales, van en aumento y afectan mayoritariamente a las personas más vulnerables. En último término, una familia con muchos recursos siempre va a tener acceso a alarmas, sistemas de seguridad privados o incluso guardaespaldas como es común en otros países, pero una familia de clase media o vulnerable va a depender casi exclusivamente de la seguridad que le brinde el Estado a través de las policías. Por eso un fracaso de la seguridad pública es también un fracaso de la vida en común y de la confianza en las instituciones.

¿Cuál es la responsabilidad de las policías?

Sin duda hay una responsabilidad enorme de las policías, particularmente de Carabineros, que muchas veces solo reclama apoyo del mundo político, pero pone por delante su renuencia a ejecutar transformaciones de importancia como son su organización interna, formación, control civil y rendición de cuentas. La PDI, por su parte, debe hacer un esfuerzo por crecer más y lograr así una mayor cobertura en el territorio.
El Ministerio Público tiene que ser capaz de mejorar sus estándares en materia de persecución, para lo cual también debe estar dispuesto a aceptar cambios de importancia en su institucionalidad. Bastante de eso desarrollamos en el libro “Perdiendo el Control”, próximo a su lanzamiento, condimentado con impactantes entrevistas a funcionarios en retiro y a víctimas cotidianas de la expansión del narcotráfico y el fenómeno delictual en Chile.

-¿Hay que reformar a Carabineros? ¿Qué opina de la propuesta de que Carabineros sea civil, que fue rechazada por el pleno y devuelta a la comisión?

Lo menos relevante en la organización de una policía es lo que diga la Constitución en torno a ella. Podría perfectamente no decir nada y estar completamente regulada por la ley. Las policías siempre van a tener algo de instrucción y de mando militar, pero por supuesto deben ser instituciones sujetas al máximo nivel de control civil, porque son Fuerzas de Orden y Seguridad y no Fuerzas Armadas. La prevención del delito implica necesariamente una relación estrecha con la autoridad civil y política, desde el Presidente de la República hasta los alcaldes y alcaldesas, y el exceso de autonomía y discrecionalidad en las decisiones ha sido parte importante de los problemas que tenemos hoy.

¿A la izquierda, por la experiencia de la dictadura, le cuesta abordar el orden y la seguridad? ¿Por qué los viernes siguen siendo incontrolables? 

Desde la perspectiva política tal vez la principal falencia sea la ambivalencia en la cual nos movemos, desde la negación por parte de algunos sectores de izquierda hasta el gastado populismo penal de la derecha. La izquierda, en particular, debe sacudirse de los traumas del pasado sin renegar nunca de la defensa y protección de los derechos humanos, porque ese es un mínimo civilizatorio que debiera ser transversal. Todavía hay cierta nostalgia del octubrismo que se traduce en un exceso de tolerancia con los desmanes y el vandalismo injustificable de todos los viernes en Plaza de la Dignidad. Creo que eso tiene que parar, para poder dar paso a las transformaciones institucionales que se hagan cargo justamente de las demandas del estallido social.