El Presidente Boric ingresó a las 00.00 de este domingo siete documentos al Tribunal Constitucional (TC), en respuesta a los requerimientos de inconstitucionalidad de los senadores de Chile Vamos y del movimiento Demócratas que impugnaron los indultos otorgados a fin de año al exfrentista Jorge Mateluna y a 6 presos del 18-O. En los documentos el mandatario pidió al tribunal no entregarles los expedientes administrativos de esos 7 indultados. “Su divulgación podría entorpecer también su reinserción social”, argumentó.
Qué observar. A las 00.00 de este domingo fueron ingresados al Tribunal Constitucional (TC) 7 documentos firmados por el presidente Gabriel Boric y el ministro Luis Cordero de Justicia, en la causa abierta a raíz de los indultos otorgados a fin de año al exfrentista Jorge Mateluna y a 6 de los 12 presos del 18-O a los que se perdonó las penas que cumplían en la cárcel.
- Los 7 documentos, cada uno de 7 páginas, eran la respuesta del mandatario y del ministro a los escritos presentados el 15 de febrero por los abogados de los senadores de Chile Vamos y del movimiento Demócratas que impugnaron 7 de los indultos otorgados por el mandatario. En esos escritos solicitaron al TC acceder a los expedientes administrativos del caso, basados en el principio de igualdad procesal.
- Los representantes de los senadores presentaron adicionalmente este 3 de marzo una serie de escritos cuestionando el argumento dado por el mandatario en un oficio al TC, donde sostuvo que los indultos a los presos del 18-O fueron para lograr la “paz social” tras el estallido social.
- “Venimos en evacuar traslado dentro de tercer día conferido con relación a la presentación de los requirentes (…), solicitando se rechace la solicitud de los requirentes en el sentido de acceder a la documentación aportada y, en consecuencia, se mantenga su reserva”, consignó el documento de este domingo, firmado por el Presidente Boric y el ministro Cordero, respecto de Luis Castillo Opazo.
- Castillo Opazo, 38, fue condenado a 4 años de cárcel por asaltar la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad, después del 18-O.
- Dejó la cárcel de Copiapó a las 5pm del viernes 30 de diciembre de 2022, tras lo cual grabó un video que puso el foco en su caso.
- “Donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad a va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, los insurrectos no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa”, dijo en el registro, donde se presentó como “rodriguista”. En el video apareció junto al concejal PC Wilson Chinga.
- Luego se conoció que su prontuario iba más allá de la condena tras el estallido social. El martes 3 de enero Ex-Ante publicó que en 2007 —12 años antes del 18-O— había sido condenado por 2 robos con violencia y registraba sentencias por un hurto, lesiones y un lanzazo. Tenía además al menos 2 detenciones por violencia intrafamiliar, causas cerradas más tarde por la fiscalía.
- Dado ese prontuario, Gendarmería lo clasificó como un interno de alto compromiso delictual y advirtió sobre su riesgo de reincidencia.
- Los otros 6 documentos firmados por el mandatario y el ministro Cordero comparten textualmente el párrafo pidiendo denegar la entrega de información.
Los argumentos para no entregar los expedientes. En 13 puntos, el escrito del mandatario y el ministro detalló por qué, según su parecer, el tribunal debiera denegar esta información a los senadores. A continuación, los principales argumentos.
- Datos sensibles. “Los antecedentes solicitados por los requirentes contienen datos personales y datos sensibles no solo del Sr. Castillo, sino también de todos quienes han sido indultados cuyos decretos fueron oportunamente acompañados”, consignó la página 3.
- Reinserción social. “Por otra parte, los antecedentes relativos a las condenas, referidos a personas identificadas -en este caso- o identificables, además de comprometer su vida privada o intimidad, su honra o la protección de sus datos personales, su divulgación podría entorpecer también su reinserción social. En tal sentido se ha pronunciado la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago”, dice la página 4.
- Derechos de terceros. “Cabe hacer presente que la información requerida por este Excmo. Tribunal Constitucional, necesaria para el debido cumplimiento de sus funciones, contiene variados antecedentes cuya publicidad podría afectar los derechos de terceros. En efecto, esta información incide sobre antecedentes de carácter personal y no se encuentra disponible en una fuente accesible al público. De esta manera, solo puede utilizarse para los fines con los que hubiera sido recolectada”, dice la página 5.
- Seguridad personal. “En efecto, contiene datos sensibles como los que refieren a sus características físicas y morales, o a hechos o circunstancias de su vida privada o su intimidad (conyugal, familiar y doméstica, antecedentes sociales, psicológicos y de salud de las personas, ya sea a través de fichas, informes o expedientes médicos), y hasta datos personales cuya difusión pudiera afectar su seguridad, como es su domicilio”, dice la página 5.
Lea el documento enviado por el Presidente al TC:
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