Estado social y subsidiariedad: El reflote en el Consejo Constitucional de un debate inconcluso

Esta semana, en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos volvió a surgir el ya conocido disenso -entre el oficialismo y la oposición- en torno a la compatibilidad entre ambos principios, desacuerdo que marcó la pauta en la Comisión Experta. También se discutió en torno a la provisión de los derechos sociales, especialmente los de salud, en su respectiva comisión.

El lunes 19 de junio, la mesa del Consejo Constitucional se reunió en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric. La presidenta, Beatriz Hevia (P. Republicano), indicó que la señal hacia el país es que juntos se está trabajando en un proyecto hacia adelante, donde las distintas autoridades pueden trabajar en coordinación. El vicepresidente, Aldo Valle (Ind. PS), destacó la visita como una señal de que para el Consejo Constitucional es muy importante transmitir “que se trata de un proyecto en que todo el país y todas las autoridades tienen una participación”. Asimismo, fueron enfáticos en decir que están enfocados en fomentar la participación ciudadana. A continuación, se detallan los principales avances y discusiones dentro de cada comisión:

Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos

Debate sobre compatibilidad de la subsidiariedad y Estado social. En las reuniones entre expertos y consejeros, reflotó la discusión donde el oficialismo argumenta que el Estado social es una superación de la subsidiariedad y que ambos son incompatibles. Mientras, la oposición defiende la subsidiariedad, explicando que es una condición relevante para que exista el Estado social.

• Los miembros de la Comisión Experta quedaron conformes con la redacción del anteproyecto y han destacado que logra combinar la cláusula de Estado social con normas que corresponden a la subsidiariedad, como por ejemplo el artículo que menciona que el Estado está al servicio de la persona, la autonomía de las agrupaciones sociales, la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la permanencia -sin mayores modificaciones- de las normas sobre el Estado empresario.
• La consejera Carmen Montoya (P. Republicano) consultó sobre la extensión que se había considerado para la consagración del Estado social y democrático de derecho, y si es compatible con el Estado subsidiario. Las respuestas de los integrantes de la Comisión Experta fueron las siguientes:
  • Carlos Frontaura (P. Republicano) contestó que el Estado social y democrático de derecho no podría sino entenderse a la luz del principio de subsidiariedad, pues sin ella no sería posible hablar de un Estado social.
  • Máximo Pavez (UDI) explicó que el Estado social y democrático de derecho es un concepto en construcción y se está adoptando en Chile, conforme a la tradición política, constitucional y social, agregando que no existen modelos puros. Asimismo, señaló que el anteproyecto combina el Estado social con un ámbito de libertades fundamentales.
  • Catalina Lagos (PS) indicó que había que definir qué es la subsidiariedad, ya que el concepto se usa de diversas maneras y no hay consenso, agregando que, si la subsidiariedad implica la provisión mixta, evidentemente sí es compatible con el Estado social.
• La consejera Ivonne Mageldsdorff (RN) preguntó por las razones para excluir la subsidiariedad. Frontaura agregó que el principio tampoco aparece en la Constitución vigente, sino que se desprende de la autonomía de las asociaciones que libremente forman las personas. Con todo, Mageldsdorff insistió en la necesidad de incluirlo expresamente.
• El consejero Antonio Barchiesi (P. Republicano) señaló que coincidía en la idea de proponer un proyecto que haga sentido al país en cuanto a tener un Estado que respeta la libertad, y que un Estado que no es subsidiario no puede ser social.
• Por el lado del oficialismo, el consejero Yerko Ljubetic (CS) expresó que entiende que el Estado social y democrático de derecho debe verse como una obligación, lo que parece distinto y contradictorio con la idea del Estado subsidiario. El consejero Fernando Viveros (PC) afirmó que, si se avanza en esa línea, se verán obligados a invocar al Comité Técnico de Admisibilidad, pues se relativizarían los bordes, lo que fue compartido por Ljubetic.

Estados de excepción. Algunas consejeras se han mostrado partidarias de hacer cambios a la propuesta del anteproyecto de la Comisión Experta. Éste consagra los mismos cuatro que están en la Constitución vigente (Estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia). Además, propone que el Presidente de la República dé cuenta al Congreso Nacional de las medidas adoptadas y para su renovación se considerarán la proporcionalidad, la necesidad y se limitará su duración, extensión y medios empleados. Por otra parte, establece que el decreto del Presidente y los actos del Jefe de la Defensa Nacional dictados en virtud del estado de excepción, deben expresar los derechos que se restrinjan o suspendan.

• La consejera Mangelsdorff (RN) planteó la necesidad de quesean más eficaces y que hay una restricción a las libertades individuales que no corresponde. Por su parte, Kinturay Melin (RD) opinó que existe un avance en el texto de los comisionados, pero que es necesario regularlos más, con limitaciones que se ajusten a los estándares internacionales.
• La consejera Mariela Fincheira (P. Republicano) consultó por los elementos que se habían tenido a la vista para mantenerlos de manera parecida a la Constitución actual, agregando que en el caso de La Araucanía su implementación no ha solucionado la violencia. La comisionada Catalina Lagos (PS) contestó que habían realizado un diagnóstico común y que evaluaron que los estados de excepción funcionan bien, añadiendo que tampoco cambiaron los derechos y libertades que pueden ser restringidos o suspendidos.
• Beatriz Hevia (P. Republicano) planteó sus dudas sobre los criterios de proporcionalidad y las exigencias para considerar una renovación. Frontaura (P. Republicano) destacó que en esta materia hay un desafío, pues no nos habíamos enfrentado al narcoterrorismo y no se sabe si los estados de excepción son suficientes para eso.

Derechos humanos. Los académicos Julio Alvear, de la Universidad del Desarrollo, y Gonzalo Candia, de la Universidad Católica de Chile, propusieron cambiar la redacción del artículo que indica que las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados internacionales sobre DD.HH. ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

• Alvear argumentó que es riesgoso que en estas materias las normas constitucionales queden sujetas a tratados internacionales, ligados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque limita la realidad del país a dichas enmiendas. A su vez, Candia calificó como complejo y de un grado de déficit democrático la propuesta, porque supone obligar constitucionalmente a los jueces nacionales a aplicar los criterios y definiciones de los órganos de supervisión y su jurisprudencia, particularmente, a aquellos desarrollados por la CIDH.
• Soledad Bertelsen, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, afirmó que es complejo que los tratados internacionales tengan una jerarquía superior la Constitución, pues tenemos múltiples tratados internacionales con diferentes objetivos. Gonzalo García, de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, consideró que sería un error resolver en la Constitución la jerarquía de los tratados internacionales.

Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado

Académicos extranjeros. En una de sus sesiones, la comisión contó con las exposiciones de los académicos extranjeros Marco Olivetti y Gabriel Negretto. La discusión se concentró, principalmente, en la norma que establece el umbral del 5% de votación a nivel nacional para que los partidos políticos tengan representación parlamentaria, lo que fue cuestionado por Negretto calificándolo de restrictivo e indirectamente sancionatorio para los votantes de los distritos. A su juicio, sería mejor que se estableciera un umbral a nivel de distrito.

• El consejero Luis Silva (P. Republicano) manifestó que discrepa del diagnóstico de la Comisión Experta en cuanto a que el sistema de partidos políticos en Chile esté en crisis, argumentando que lo que existe es una fragmentación que tiene que ver con el sistema electoral. También expuso sus reparos a que las elecciones parlamentarias se realicen en la misma fecha que la segunda vuelta presidencial.
• También se debatió sobre los mecanismos de participación ciudadana contemplados en el proyecto. Olivetti explicó el funcionamiento de la iniciativa popular de norma y la derogatoria en Italia y se manifestó a favor de ellas.

Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

El 20 de junio, expusieron Nicolás Eyzaguirre y los académicos José Manuel Díaz de Valdés y Francisco Zúñiga sobre distintos modelos internacionales en materia de salud, educación, vivienda y pensiones.

• Eyzaguirre ilustró varios de los modelos que se aplican en Europa, los países nórdicos y en Estados Unidos, donde, según él, existe un acuerdo de que la sociedad debe ayudar a las personas en materia de libertad económica, propiedad y emprendimiento, haciendo una alianza entre el Estado y el mundo privado, y de esa manera garantizar los derechos básicos. Reforzó que el nivel de cobertura de estos derechos y la modalidad en que se imparten no son las mismas, recalcando que no siempre son materia constitucional.
• José Manuel Díaz de Valdés, de la Universidad del Desarrollo, dijo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no solo son exigencias de igualdad, sino que también se vinculan a la libertad y a la dignidad humana. Sostuvo que no todos los países los han constitucionalizado, porque a veces no se aplican y serían letra muerta. A su juicio, si Chile quiere constitucionalizarlos, una de las formas de hacerlo es a través de los deberes del Estado. Respecto a la responsabilidad fiscal, aclaró que son derechos caros y que los países que los hacen efectivos deben tener una alianza entre el legislador, el Ejecutivo y los tribunales para implementarlos de manera eficiente.
• Francisco Zúñiga señaló que constitucionalizar el derecho a la libre elección es una exageración, remarcando que esto no es fácil de abordar como en el caso de las Isapres.

Sesión del 22 de junio. Asistieron los académicos Eduardo Engel y Jorge Correa Sutil. En cuanto al régimen de salud, Engel se mostró partidario de dejar abierta la discusión al legislador. Sobre este punto, el consejero Carlos Recondo (UDI) argumentó que de no incorporarlo se corre el riesgo de dar poca certeza para que el mundo privado avance o incorpore la opción de proveer bienes públicos. Correa señaló que los derechos económicos, sociales y culturales no debían ser tratados como tales en la Constitución, sino como deberes del Estado. De esta manera, la acción política a través de las leyes sería la encargada de satisfacerlos. Asimismo, llamó a tener cuidado con su posible judicialización, debido a los problemas que podría generar su aplicación directa por jueces. De esta forma, exhortó a los consejeros a redactar reglas sobre la garantía de los derechos.

Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos

Esta comisión recibió al ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, Jorge Dahm, y a la secretaria relatora del organismo, Carmen Gloria Valladares, quienes presentaron el alcance sobre las normas del capítulo sobre Justicia Electoral. También asistieron los académicos José Luis Lara y Francisco Zúñiga, y el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, quienes presentaron en una sesión de la comisión que abordó los capítulos de Justicia Electoral y Servicio Electoral y Contraloría General de la República.

• Lara expuso las normas referidas a la Contraloría, destacando su robustez y su carácter unipersonal, junto a la propuesta de crear un consejo asesor y la toma de razón en los gastos municipales. En relación con el control y rendición de los recursos públicos por parte de los municipios, el consejero José González (independiente RD) destacó su importancia.
• Tagle abordó las normas de la calificación de las elecciones, sanciones y expulsiones al interior de los partidos políticos por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Francisco Zúñiga expuso sobre gobierno y administración.

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