Ricardo Mewes, presidente de la CPC: “Hay una serie de reformas que nos tienen complicada la vida”

El dirigente gremial pide a la oposición sentarse de vuelta a la mesa de seguridad que encabeza la ministra Tohá. Aunque reconoce avances en los vínculos con las autoridades, cree que “falta mucha interrelación del Gobierno con el mundo empresarial” y que “el Estado es un mal administrador”. Considera que el Ejecutivo ha dejado de lado la evidencia para impulsar el “impuesto a los súper ricos”. Además, critica la política comercial gestionada por el subsecretario Ahumada: “Por no tomar decisiones oportunas, se causa un daño. No nos podemos dar esos lujos”.

-¿En los hechos, no en las palabras: ¿Este gobierno siente aprecio por los grandes empresarios? 

-Hemos estado trabajando para generar esa confianza. Es una confianza que, por lo demás, en el Encuentro del Comercio en septiembre pasado yo le planteé al Presidente: “Presidente, quiero regalarle cuatro ‘c’: confianza, crecimiento, competitividad y compromiso”. Y él lo tomó. Lo replicó en un evento de la Cámara de la Construcción, después en la Sofofa. Creo que desde ahí en adelante hemos ido trabajando con los ministros, y me da la impresión de que es más aprecio del que teníamos cuando el Gobierno partió. 

-¿Cómo usted observa hasta ahora la política económica del Presidente? 

-Hay una serie de reformas que nos tienen complicada la vida. Cuando uno las mira por separado claramente hacen bastante sentido, pero en un escenario complejo, de incertidumbre, en que tenemos por delante un proceso constitucional, tenemos por delante un bajo crecimiento económico, todas en su conjunto complican al empresariado. Hay mayores costos que las empresas, y particularmente las más pequeñas, van a tener que afrontar.

-¿Cuál es la reforma que tiene mayor impacto negativo, a su juicio? 

-Lo logramos subsanar en el acuerdo, pero la de 40 horas tiene un impacto en la pequeña y mediana empresa. Por supuesto que en las grandes también, pero tienen más capacidad y más tiempo también, dentro del proceso de gradualidad, para adaptarse. Pero, por ejemplo, el sector gastronómico está complicado, le va a costar más que otros, con mayores costos por los turnos. Y muchos otros. 

-Eso llevaría a pensar que la idea es mala. 

-Yo creo que la idea no es mala. Desde el punto de vista de si miramos al trabajador, su entorno, mejor calidad de vida, por supuesto que es una buena idea. Lo que pasa es que tiene que haber mecanismos de adaptabilidad en función de los sectores, de las regiones, de la estacionalidad. Por ejemplo, estamos en pleno verano, hay balnearios donde se necesita tener abierto todos los días de la semana porque además ahí generan los ingresos que probablemente no van a tener durante todo el transcurso del año, y para esos sectores necesitamos una mirada especial, con espacios de adaptabilidad con los trabajadores.

-Después del acuerdo entre su antecesor (Juan Sutil), la ministra del Trabajo (Jeannette Jara) y el presidente de la CUT no apareció la palabra adaptabilidad. 

-Estaba en los acuerdos. Lo que pasa es que después no se tradujo eso en el proyecto. Sí hay algunos indicadores que nos permiten decir que se avanzó, aunque no hemos llegado todavía a la revisión completa.

-¿Usted ve disposición de la ministra Jara para profundizar en eso? 

-Yo creo que sí. Creo que la ministra siempre ha estado abierta a conversar con nosotros. 

-¿Y está la ministra también abierta a conversar respecto del destino del 6% extra de las cotizaciones previsionales, o de la administración y soporte de las cuentas de los afiliados? Son dos temas complejos de la reforma previsional. 

-Súper complejo, efectivamente. Aquí conformamos una mesa de trabajo para analizar la reforma en profundidad, pero ya con una mirada inicial dijimos: “Revisemos el número del 6%, porque hoy día está la PGU, que se está haciendo de cargo de las personas más vulnerables”. La clase media, en general, puede salir más perjudicada y nosotros pensamos que a ellos les conviene más la cotización individual que lo colectivo. 

-Desde su punto de vista, ¿es mala idea que una institución como el IPS, que en el futuro sea el APA, se haga cargo del soporte administrativo de las cuentas? 

-Claramente no nos gusta. Tenemos experiencia empírica respecto de lo que el Estado puede o no puede hacer. Cuando miramos un poquito lo que ha pasado, y que no se resuelve todavía, con el Registro Civil, nos parece que el Estado es un mal administrador. Hoy día hay mecanismos dentro del sector privado que son eficientes.  

-Usted habla de experiencias comparadas: respecto del “impuesto a los súper ricos”, que se aprobó en comisión en primera instancia legislativa, ¿hay temor de preocupación, inquietud o algo distinto en el empresariado? 

-No es que haya temor. Que se vaya a gravar con impuesto al patrimonio, particularmente aquellas empresas con inversiones pasivas, hemos planteado que ahí hay recursos que son, en la práctica, para el ahorro de las empresas, sobre todo cuando uno tiene mecanismos de empresas matrices con varias subsidiarias que son productivas. Cuando tú llevas esto aguas arriba, se produce un efecto que cuando alguna de las empresas de los holdings le puede ir mal, ese es el patrimonio que concurre a esa empresa productiva. Es ahorro. El ahorro no debiera estar gravado, porque significaría salir a la banca para ir al rescate. 

-Si el argumento es tan claro, ¿por qué desde el Gobierno no les hace sentido? 

-Porque yo creo que el Gobierno tiene una mirada de ponerles impuestos a los súper ricos y hay temas ideológicos detrás. 

-¿Dice que no les importa la evidencia? 

–Cuando hay temas ideológicos detrás, claramente la evidencia queda un poco de lado.  

-¿Usted echa de menos que no se haya avanzado en aumentar la base de contribuyentes para generar más fuentes de ingresos? 

-Nosotros planteamos varias alternativas. Uno de cada cuatro chilenos paga impuestos; por lo tanto, lo razonable que ojalá pudiéramos avanzar a lo menos a dos de cada cuatro. Otro elemento adicional que te podría generar cerca de US$ 400 millones es toda la informalidad que hay en, por ejemplo, las transacciones vía plataformas digitales. Otra: sabemos que el BID ha calificado mal varios programas de gobierno, no de este, de otros, que son programas del Estado, que representan más o menos 1,8% del PIB; cerca de US$ 5.000 millones. Por otro lado, hemos identificado, y eso esperamos que también el gobierno lo acoja y lo incorpore en la discusión en el Senado: las importaciones de productos bajo los 30 dólares que hoy día no pagan ni derechos de aduana ni IVA. Y el crecimiento económico: un punto que seguimiento económico te genera inmediatamente cerca de US$ 600 millones de ingresos en régimen.

-Quiero mencionarle tres nombres de empresas para saber qué representan para usted. Primero, Dominga y la decisión del comité ministerial por rechazarla.

-A nuestro juicio, la decisión es política. Pero también da cuenta de un sistema que no está dando el ancho ni la velocidad que el país requiere para realizar las inversiones. No puede ser que en un proceso, desde que se presentan los antecedentes, pasen 10 años. Diez años es mucho tiempo, son muchos recursos que los inversionistas pueden llegar a tomar la decisión de hacerlo en otro lugar. No hay ningún problema con ponerle altos estándares ecológicos; el problema es cómo somos capaces de acelerar los procesos de aprobación o no de los proyectos de inversión.

-Fundamenta en Plaza Egaña. 

-Afortunadamente vemos hoy día que el proyecto ya retomó. Está el Banco de Chile apoyando el reinicio de las construcciones. Pero de nuevo: toda esta situación política… Si hoy día tengo una definición político-estratégica en que no quiero un determinado proyecto, bueno, que los inversionistas sepan a priori y no se encuentre con la sorpresa cuando, ya habiendo obtenido todos los permisos, por decisiones políticas se pare una obra. 

-La Polar y las acusaciones de falsificación de sus productos importados. 

-Hoy día sabemos que hay incautaciones, sabemos que hay juicios, sabemos que hay demanda y creo que eso tiene que ir por la vía de la justicia. En ese ámbito tendrá que resolverse. Claramente la señal no es buena, porque si se comprueba que hay productos ilegales, eso le da un golpe importante a la formalidad por la que tanto nosotros hemos peleado.

–Usted es aduanero. ¿Hacia dónde va el comercio exterior chileno con la gestión del subsecretario José Miguel Ahumada? 

-Bueno, nos tuvo muy preocupados por la no aprobación del TPP11 y el problema por la demora que se produjo también con el acuerdo con la Unión Europea. Chile tiene abierta su economía al mundo. Tiene negocios con más del 82% del PIB mundial. Los acuerdos comerciales han permitido a un sinnúmero de empresas desarrollarse, mirar hacia fuera. Los criterios del Gobierno tienen que ser apoyar y seguir apoyando la internacionalización de las empresas. Ojalá las empresas en Chile nacieran digitales y nacieran internacionales. Competimos con Perú, con Argentina, con Ecuador, y también con todos los países al otro lado del Pacífico. Por no tomar decisiones oportunas, se causa un daño. No nos podemos dar esos lujos. En los negocios, las decisiones tienen que ser oportunas, o si no se pierde el espacio de llegar con un producto a un determinado mercado. 

-Cuando usted habla de las decisiones oportunas en los negocios. ¿Quién sabe de eso? 

-Los empresarios.

-¿Falta conocimiento de esa dimensión en el Gobierno?

-Yo creo que sí. Falta mucha interrelación del Gobierno con el mundo empresarial. Hay ministros que han estado acercándose al mundo empresarial y eso yo lo valoro muchísimo. 

-¿Quiénes? 

-Por ejemplo, la ministra del Deporte: tenemos próximamente los Panamericanos 2023. También el ministro Economía. Personalmente también invité hace un tiempo al subsecretario de Prevención del Delito al centro de distribución, para que vea en el lugar, todo lo que nosotros hemos invertido en materia de seguridad y cómo lo estamos haciendo. Él tiene la disposición, porque le interesa lo que está haciendo el sector privado.  

-En la primera pregunta le consulté si en los hechos, no en las palabras, usted ha sentido un mayor aprecio del Gobierno por los empresarios. En buena parte de esta conversación, no se nota que los hechos acompañen ese aprecio. 

-Por eso te planteé el tema de la confianza y hemos ido avanzando en eso. 

-Pero ir desde el –5 al –3 es avanzar también.  

-¿Miremos el vaso medio lleno? Efectivamente, al inicio el Gobierno no estaba mirando a los empresarios. Los primeros meses del Gobierno con la Confederación (CPC) no fueron de una buena relación. En septiembre, el Presidente, en el mismo Encuentro del Comercio, le dijo a Juan Sutil, que estaba ahí, algo así como “ahora nos estamos conociendo un poco más”. Ya vamos a cumplir un año y yo creo que hay un cambio, y ese cambio es positivo. 

-¿Vienen más quiebras o reorganizaciones de empresas? ¿O será 2023 el año de la reactivación? 

-Va a ser un año muy duro, con un crecimiento entre -1 y -2%, con falta de inversión. Uno tiene la esperanza de que esto se vaya a revertir de aquí al final del año, en noviembre y diciembre, quizás octubre. Por eso estamos trabajando con el propio Gobierno en la Agenda de Productividad, en cómo somos capaces de ir moviendo la aguja del crecimiento. De lo contrario, se empiezan a perder empleos, empieza a haber más informalidad […] 

-¿Cómo observa la inseguridad pública? 

-Hoy día estamos viendo problemas severos de seguridad. La gente tiene temor cuando se traslada de su lugar de trabajo a su casa. Tiene temor a ser asaltada. Tiene temor a ser robada. Como sociedad no nos merecemos andar por la calle atemorizados. Hay varios llamados aquí de la ministra Tohá de que se junten en un gran plan de seguridad pública. 

-¿La oposición debería volver a la mesa? 

-Pienso que sí, que tiene que volver a la mesa. Aquí hay que mirar tres escalones más arriba, mirar el país en su conjunto, volver a sentarse en la mesa. Si no nos ponemos de acuerdo y no tenemos una sola mirada en esto, no vamos a avanzar en ganarle el espacio a la delincuencia, a las mafias, a los traficantes de droga, al crimen organizado. El Estado tiene que recuperar ese espacio, y ahí tenemos que estar todos, sector público, el sector privado, invirtiendo en esos espacios que el sector público pueda controlar desde el punto de vista de la seguridad. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto.