La Directiva de la DC llegó este jueves a La Moneda con un documento que contenía 5 propuestas para reactivar la economía y aliviar a la ciudadanía. Las medidas quedaron en manos del Mandatario y contemplan, entre otras cosas, eliminar el IVA a los alimentos de la canasta básica y subsidio al transporte en todo el país “sin letra chica”. A continuación el detalle de las propuestas presentadas por la mesa del partido.
Por qué importa: El presidente Gabriel Boric recibió el jueves a la Directiva de la Democracia Cristiana en el Salón Rojo de La Moneda. Luego del rechazo al proyecto alternativo del quinto retiro presentado por el gobierno, donde los parlamentarios de la DC votaron en contra, Boric les transmitió la necesidad de generar un mejor diálogo. Acompañado por el Segpres Giorgio Jackson, reconocieron que faltó trabajo prelegislativo.
- Se trataba de la primera reunión del Mandatario con la nueva directiva, encabezada por su presidente Felipe Delpin (alcalde de La Granja) y la Secretaria General, Cecilia Valdés. El encuentro se realizó en medio de de un complejo cuadro para el gobierno de Boric, al constatarse en el debate del retiro de fondos de AFP que el Ejecutivo no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras para sacar adelante su programa.
- Los votos DC son claves para las reformas que el gobierno pretende implementar en el futuro.
A continuación el documento completo:
“Propuestas para una reactivación económica y dar alivio a la ciudadanía”
- Frente a reciente fracaso de propuestas de nuevos retiros desde los fondos previsionales para ir en ayuda de quienes aún no se reponen de la crisis económica originada por el COVID, la directiva de la Democracia Cristiana considera indispensable plantear un paquete de medidas de shock que vayan en ayuda inmediata de las familias más vulnerables. Ello en paralelo a la necesidad de avanzar de manera prolija y eficaz en una nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones.
- A la fecha, existen grupos específicos que se encuentran en condiciones económicas peores a las que enfrentaban pre crisis. Esto se explica por dos factores claves: un mercado laboral todavía muy alicaído que repercute en menores ingresos de los hogares y el fuerte aumento de la inflación que ha mermado el poder adquisitivo de los grupos de menores ingresos.
- En lo referido al mercado laboral, existe una emergencia no declarada referida a la decaída participación laboral. De esta forma, la menor participación laboral esconde 700 mil empleos aun por recuperar en relación a la situación pre COVID. Esta cifra nos sitúa en un escenario peor a lo acontecido en la crisis asiática y Subprime.
- En lo referido al aumento de la inflación (7.2% año 2021), tal como los Informes de Política Monetaria del Banco Central han mostrado, una parte se explica por factores internos del país asociados a un aumento de liquidez y la otra, se explica por efectos externos dados por las cadenas de abastecimientos y la guerra de Rusia y Ucrania. El efecto de la mayor inflación repercute principalmente en las personas y familias de menores ingresos, dado que no tienen capacidad de ahorro, y en los trabajadores asalariados, dado que el poder adquisitivo de sus salarios disminuye (los salarios reales cayeron un 0.4% durante el año 2021).
En ese contexto como Directiva DC entendemos se deben plantear un conjunto de medidas que tengan como antecedentes relevantes que:
- Mientras la capacidad productiva del país no aumente, inyectar más dinero en la economía se traducirá en aumentos de precios de los bienes y, por lo tanto, el poder adquisitivo de las personas a las que se quiere ayudar se verá disminuido.
- El gobierno anunció un plan de reactivación económica por US$3.726 millones, el cual incluye una batería de subsidios y garantías crediticias. Dentro de este paquete destacan: subsidio al transporte público, inyección de recursos al MEPCO, extensión del IFE laboral y flexibilización del FOGAPE. El espíritu del plan es correcto, toda vez que se enfoca en los efectos rezagados de la crisis del COVID sobre el mercado laboral y las PYMES, así como también en los efectos de la inflación producto de los factores externos, ligados principalmente al precio de combustibles y transporte. Sin embargo, el plan se queda corto en la mitigación del aumento de precios en otras áreas sensibles como son los alimentos, los cuales han aumentado de precio también por factores excepcionales y exógenos, como es por ejemplo la crisis en Ucrania. En este sentido, poder focalizar ayuda económica en los quintiles más pobres para fines de alimentación parece más que atendible.
- El plan anunciado por el gobierno también se muestra débil en el lado de la inversión. La economía no se reactivará si no hay nuevos proyectos que aumenten el stock de capital disponible y generen nuevos y mejores empleos. En este sentido, el gobierno cuenta con el Fondo de Infraestructura, el cual permite apalancar recursos privados para la construcción de infraestructura. Esta empresa pública puede ser un dinamizador importante para la inversión en un contexto de incertidumbre.
Por lo tanto, ir en ayuda de quienes más lo necesitan pasa necesariamente por dejar de inyectar liquidez de manera masiva y adoptar instrumentos que acuden directamente a quienes realmente lo necesitan.
Desde dicho diagnóstico, y a partir del trabajo de un grupo de economistas demócrata cristianos e independientes liderados por Jorge Valverde (PhD©), proponemos un paquete de 5 medidas concretas que van en ayuda responsable de las personas que más lo necesitan, minimizando efectos inflacionarios negativos.
- Eliminar el IVA a los alimentos de la canasta básica temporalmente: esto aumentaría en un 19% el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos que destinan todo su ingreso a consumo, dentro de lo cual los alimentos representan una fracción relevante. La medida se hace cargo de la inflación inducida con el contexto externo y no debiese generar mayores presiones inflacionarias, toda vez que la propensión marginal a consumir estos bienes es relativamente inelástica.
- Fortalecer el subsidio al empleo femenino y joven: mantener y expandir los beneficios a la contratación que se otorgaron en medio de la crisis, esto generaría incentivos para seguir reduciendo la tasa de desempleo.
- Un nuevo Plan de Infraestructura ejecutado por el Fondo de Infraestructura, que tenga un alcance nacional e incluya dentro de las licitaciones cláusulas que permitan el encadenamiento local. Por ejemplo, un porcentaje mínimo de servicios brindados por empresas locales o un mínimo de trabajadores locales. Cabe destacar que las holguras fiscales para generar nuevas medidas de reactivación son reducidas, ya que el plan Chile Apoya consume US$3.726 millones de los US$4.000 millones con los que cuenta el Fondo de Emergencia Transitorio para el año 2022. Ante lo cual, futuras medidas tendrían que financiarse a través de reasignaciones o con el fondo de libre disposición US$800 millones. De ahí la importancia del Fondo de Infraestructura para apalancar recursos privados vía concesiones.
- Agilizar la ley de fármacos 2 y su implementación. Esta ley incorpora normas que debiesen reducir el precio de los medicamentos más caros a través de la regulación de su precio. Asimismo, se incluyen normas que debiesen aumentar la competencia y la sustitución de fármacos, como, por ejemplo: haciendo visible para los clientes precios y stock de las distintas opciones de medicamentos de un mismo principio activo, o bien, obligando a que la receta incluya el nombre genérico del medicamento.
- Subsidio para el transporte público en todo el país. Sin letra chica.
Estas medidas y a propósito del nuevo Pacto Fiscal que busca impulsar el gobierno entendemos debiesen ser consistentes con una visión del desarrollo económico y social de largo plazo que permita levantar banderas claras y reconocibles. En este sentido, una política estructural y sustantiva en pos los más vulnerables de la sociedad es que la nueva reforma tributaria incluya un impuesto negativo a la renta para los deciles de menores ingresos. De esta forma, se simplifica el sistema de bonos y subsidios, agrupándose todas las transferencias en un impuesto negativo mensual, que puede ser incrementado a partir del traspaso de subsidios indirectos a subsidios directos (transferencias monetarias).
Directiva Nacional PDC
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