Hay tres premisas que parecen conceder acuerdo a ambos lados del pasillo. Primero, que la situación social, política y económica del país se ha degradado en los últimos años y que, en el mejor de los casos, se ha estancado en el gobierno actual. Segundo, que el gobierno actual ha hecho poco para revertir la situación. Y, tercero, que si no hay un cambio significativo en la forma en que el gobierno actual enfrenta sus desafíos, el fracaso de su proyecto político está garantizado.
Sobre el primer punto se ha escrito suficiente. Basta revisar cualquier indicador o tendencia para corroborar que no hay forma de sacar cuentas alegres. Ni en educación, ni en salud, ni en economía, ni en empleo, ni en jubilaciones. En ninguna de las áreas que determinan bienestar, hay mejorías.
Sobre lo segundo, la evaluación del gobierno, hay menos escrito, pero casi todo en la misma dirección. Partiendo por los índices de aprobación presidencial, es difícil argumentar que el gobierno ha sido bueno. Mientras que la oposición no pierde oportunidad en subrayarlo, el oficialismo lo evita por completo. Por dentro, no hay dos lecturas. Si todos los indicadores de progreso indican que no hay progreso, no hay cómo argumentar lo contrario.
En el tercer punto hay más diferencias. Hay quienes piensan, y dicen, que ya nada bueno puede venir. Es entendible, si hasta ahora simplemente no ha habido logros. Al mismo tiempo, hay quienes piden paciencia. Y, puede ser, si al fin y al cabo igual quedan dos de gobierno.
Entonces, ¿cuál es? ¿Está todo dicho o no?
La semana pasada argumenté que ante la eventual imposibilidad de conseguir logros en lo inmediato el gobierno tiraría la pelota al corner, y les pediría a las personas paciencia. Con el ejemplo de lo que ocurrió con Bachelet II, sugerí que era una estrategia entendible pero que a la larga era lo mismo. Si no hay resultados ahora, probablemente tampoco las habrá después.
Lo preferible, entonces, es mostrar resultados cuanto antes. Para tener éxito, el gobierno debe entregar sus resultados ahora y no después. Si el gobierno se acaba hoy sin haber entregado, habrá sido un fracaso. En diez años, se recordará así también.
Ahora, para mostrar resultados en lo inmediato, hay que sacarse los anteojos ideológicos y ponerse el overol. No hay otra forma de hacerlo. Si el gobierno no lo quiere hacer por un asunto político (como por ejemplo por las rencillas que generaría dentro de su coalición), debe al menos hacerlo por su propia memoria.
Lo que se debe hacer es claro. Es hacerse cargo de la inmigración, es detener el alza en la criminalidad y abrirse a conversar con la oposición para resolver los problemas en los ítems de pensiones y salud.
El tema es que el giro debe ser honesto.
Hasta ahora, ni el problema de inmigración ni el de seguridad se han querido resolver. En el primero, el gobierno se ha dedicado más a culpar a los gobiernos anteriores que ha resolver la crisis que tiene en sus manos. Ha decidido no entrar de lleno en el debate, por el miedo de crispar a su base de apoyo. No es casual, considerando que quienes promovieron la campaña del presidente tienen una posición favorable frente a las fronteras abiertas.
El problema es que tampoco han propuesto una solución. De cierto modo, pareciera que estuvieran atrapados entre sus críticas a la zanja propuesta de Kast y la realidad de los efectos negativos que ha traído el éxodo venezolano. El ingreso irregular por el norte sigue siendo un problema sin resolver y, mientras no haya instrucción desde arriba, seguirá siendo un problema sin resolver.
Es lo mismo en el ítem de seguridad. El gobierno negó dos veces la crisis, primero acusando a los expertos de estar sesgados, y después culpando a los medios de estar exagerando. Fue así hasta que no pudo negar lo obvio más.
Hace solo un par de semanas que se atrevió a hablar de una crisis, lo que abrió otro problema: si negó la crisis en 2022 pero la aceptó en 2023, entonces los responsables de la crisis deben ser ellos mismos. Nadie más ha gobernado entremedio.
En cualquier caso, y más allá de la responsabilidad, es claro que este gobierno no ha estado a la altura del conflicto. Lo que se necesita es tolerancia cero, coordinación con los militares, y ampliación de las facultades de las policías. Pero no está dispuesto a avanzar en esa línea. Para demasiados en el gobierno, hacer eso es dispararse en los pies.
Si bien la forma en que está enfrentando la crisis hoy es mejor de la forma en que se estaba enfrentando la crisis hace poco tiempo atrás, el combate a la delincuencia sigue siendo inadecuado e insuficiente.
En los temas de pensiones y salud, el asunto es diferente, en tanto la posición oficial del gobierno no ha variado a través del tiempo, como sí lo ha hecho en inmigración y seguridad. En salud, el gobierno se sigue rehusando a hacer todo lo que puede por tenderle una mano a las Isapres, y en lo previsional sigue perseverando con la idea de robustecer el rol del Estado. Como consecuencia, Fonasa está en riesgo de colapso, y las jubilaciones siguen siendo bajas.
Es un choque de trenes en cámara lenta. Alguien debe tirar el freno, pero nadie se atreve. En vez de conceder la derrota, enmendar el rumbo y seguir adelante para entregar la nave sin daños en el puerto más cercano, se está avanzando a todo vapor hacia el medio de la nada.
El verano le da la oportunidad al gobierno de reconsiderar las consecuencias de las dos rutas que tiene por delante.
Por un lado, el camino ideológico que no le ha permitido conseguir ninguna victoria hasta ahora y que solo le garantiza el fracaso en el futuro. Por otro lado, el camino del dialogo, que no solo le podría conseguir resultados en lo inmediato, sino que lo dejará mejor aspectado en el futuro.
Hasta ahora ha avanzado lento pero inseguro. Es momento de ponderar todo y decidir. Quedan solo dos años de gobierno y pasarán muy rápido. El presidente debe tomar una decisión y comunicarla cuanto antes. Debe reestructurar su equipo si toma la segunda vía y comenzar a reparar heridas con la oposición. Actuar (de verdad) en materia de inmigración y seguridad no solo le permitiría detener la crisis en esos frentes, pero además le significaría ganar terreno con la oposición para poder negociar con mayor fuerza en pensiones y salud.
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