El impacto económico de una población que envejece. Por Juan José Obach

Chile, con apenas 1,5 nacimientos por mujer y una expectativa de vida de 80 años (la más alta de la región), es de los países más afectados por el envejecimiento de la población. Si hoy por cada cinco personas en edad de trabajar hay un adulto mayor, en 30 años más (al 2053) para esas mismas cinco personas, tendremos 2,3 adultos mayores.

Antes de que termine el siglo XXI, la población mundial podría volver a encogerse, tal como pasó en el siglo XIV, con la peste negra. Esta vez no por un aumento de muertes sino por una severa disminución de los nacimientos. Las consecuencias económicas del envejecimiento de la población serán gigantescas, redefiniendo los mercados laborales y presionando a gastos en salud y pensiones. En Chile, estamos lejos de estar preparados para enfrentar este fenómeno y las medidas para hacernos cargo de este cambio estructural brillan por su ausencia.

Si en 1950 había cinco nacimientos por mujer en el mundo, hoy esa tasa es de apenas un 2,3. ¿Por qué estamos trayendo menos niños al mundo? Factores como el acceso a métodos anticonceptivos; el ingreso de las mujeres al mercado laboral; el aumento del costo de la vida y cambios en las preferencias familiares, son parte de la respuesta. Esto, unido a un aumento en la expectativa de vida, está generando un envejecimiento acelerado de la población. Chile, con apenas 1,5 nacimientos por mujer y una expectativa de vida de 80 años (la más alta de la región), es de los países más afectados por este fenómeno. Si hoy por cada cinco personas en edad de trabajar hay un adulto mayor, en 30 años más (al 2053) para esas mismas cinco personas, tendremos 2,3 adultos mayores.

El primer efecto económico de este envejecimiento acelerado es una disminución de la capacidad de crecimiento. Recordemos que los países crecen en base a su fuerza de trabajo, al capital y a la manera en que combinan ambos (productividad). Menos trabajadores implica menos capacidad de crecer en el largo plazo y así lo demuestra el caso de Chile. Para el período 2023-2032, el Banco Central estima un PIB tendencial de apenas un 2,1%. Lamentablemente, en la agenda laboral del actual gobierno brillan por su ausencia medidas para morigerar estos efectos como alinear las competencias de los trabajadores con las demandas del siglo XXI; flexibilizar y actualizar nuestro rígido Código del Trabajo; crear incentivos para el trabajo formal de adultos mayores; o crear programas de reconversión laboral. Solo un dato para ilustrar la gravedad del asunto: un 39% de nuestros adultos entre 45 y 65 años, no sabe usar un computador.

El efecto del envejecimiento de la población en variables como la productividad es mucho más complejo de estimar. Raymond Cattel, famoso psicólogo británico, planteaba que los jóvenes tienen más “inteligencia fluida”, que es la capacidad de resolver problemas nuevos y desarrollar nuevas ideas. Por su parte, los adultos mayores poseen más “inteligencia cristalizada”, que responde al acervo de conocimiento que poseen sobre cómo las cosas funcionan. Estudios recientes avalan esta teoría. A través del uso de patentes, se ha demostrado que son las personas jóvenes las que desarrollan más ideas innovadoras, por lo que el envejecimiento de la población afectaría negativamente la capacidad de innovación de los países (Kaltenberg et al., 2023). Malas noticias para un país como Chile, cuya productividad se encuentra estancada hace más de una década.

Una población que envejece también aumenta la presión del gasto fiscal en salud y pensiones. En Chile, sólo en la última década (2013-2022) el gasto público en ambos temas aumentó en un 27%, pasando de 7,7 a 10 puntos del PIB. Como es de prever, este gasto solo crecerá de cara al futuro. Así, mientras en salud deberíamos estar discutiendo cómo hacemos más eficiente la red pública y cómo generamos mecanismos de compensación de riesgos para tener un sistema más eficiente y justo, nos encontramos entrampados en un errático actuar de la Corte Suprema y un gobierno más preocupado de terminar con las actuales Isapres que de velar por la estabilidad del sistema. En pensiones, ni hablar. Más de diez años con un diagnóstico claro –aumentar la base de cotizantes y la tasa de contribución– pero seguimos atrapados por una clase política más preocupada de no darle la victoria al rival de turno que de lograr acuerdos para aprobar una reforma urgente y necesaria.

Así, mientras los adultos mayores son cada vez más y los desafíos económicos se acumulan silenciosamente, las medidas y reformas para enfrentar esta disrupción demográfica no se ven por ningún lado. Ojalá que podamos levantar la mirada y hacernos cargo de una realidad innegable: nuestro país envejece a pasos agigantados.

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