Ya en el siglo XVII, el filósofo Thomas Hobbes afirmaba que las personas están dispuestas a sacrificar parte de su libertad a cambio de protección. Aseguraba que el rol primordial del Estado es proveer seguridad y orden sin los cuales se hace imposible el desarrollo de la sociedad. Parte de este gobierno está actualmente empeñado en un experimento para ver si Hobbes tenía razón. La dificultad que tiene para tomar acciones sustantivas con convicción en seguridad y la insistencia en avanzar en reformas estructurales cuando no se tiene el orden básico son pruebas de ello. Lamentablemente los resultados están a la vista.
La relevancia de la delincuencia para la ciudadanía es tal que todos los otros temas languidecen frente a ella. En la encuesta CEP dada a conocer a principios de este año, la necesidad de avanzar en la reforma de pensiones y salud no llegaba ni a la mitad del clamor ciudadano por más seguridad. Según las estadísticas disponibles para el año 2022, los delitos de mayor connotación social aumentaron significativamente con respecto al año anterior, y nos encontramos con cifras históricas de delitos violentos. La naturaleza de ellos también ha cambiado, los que hoy se asocian con más frecuencia a enfrentamientos entre bandas organizadas, con mayores niveles de crueldad, violencia y poder de fuego.
Ante estos altos índices de criminalidad, surge la pregunta respecto de sus consecuencias en la economía del país. La evidencia señala que la delincuencia impone costos significativos a la sociedad. Basta pensar en los daños causados por los crímenes, el gasto en prevención, los costos de oportunidad de las inversiones que debe hacer el gobierno y los cambios en el comportamiento de las personas. Junto con ello, el crimen también es un impedimento para el desarrollo y crecimiento económico porque se asocia con más incertidumbre, mayor ineficiencia en la asignación de recursos, y una menor inversión de largo plazo.
Los costos directos de la delincuencia en Chile están en el rango entre 2,5% y 3% del PIB (Estudios del BID 2017, Universidad de Talca 2015 y reciente actualización). La mayor parte de este es público, pero el componente privado en prevención es cada vez más importante, el que se estima alrededor de un cuarto del costo total. Otra proporción relevante corresponde a las consecuencias de los delitos en el daño físico, financiero y pérdidas que sufren las víctimas. A esto ahora debemos sumarle el enorme gasto permanente de medio punto del PIB adicional que anunció el Presidente Boric para el Plan Calles sin Violencia.
Sin embargo, el cálculo anterior es una estimación conservadora, porque no incluye costos indirectos e intangibles que pueden ser incluso mayores que los directos. El efecto en el bienestar y salud mental de la población, el costo en el subdesarrollo comunitario y la disminución de la confianza y la cohesión social son solo algunos de ellos. En el plano económico se desincentivan las inversiones y se afecta la productividad de las empresas. Se suma a ello que varios de estos costos impactan de forma desproporcionada a poblaciones más desaventajadas. Basta ver cuáles son los sectores del país con mayor victimización, así como las últimas estadísticas del comercio que señalan que son las pequeñas y medianas empresas las que han experimentado un mayor aumento de los delitos.
Por último, la escalada en el crimen y la inseguridad se dan en un contexto en que la economía adolece de una serie de problemas y experimenta un menor dinamismo. El efecto de la delincuencia puede ralentizar la recuperación y poner en peligro el ya alicaído crecimiento económico que se estima para Chile en el mediano y largo plazo. En este sentido las palabras del presidente de la CPC son elocuentes: “Sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay creación de puestos de trabajo. La seguridad es el factor habilitante para el crecimiento”.
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