La investigación realizada por la Contraloría en el contexto del Caso Convenios arrojó un primer informe donde se logró probar que 12 personas contratadas por fundaciones (entre ellas Democracia Viva) desempeñaban funciones directivas y operativas en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, sin ser funcionarios públicos, utilizando escritorios, teléfonos, computadores, correos institucionales y teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos. Según fuentes vinculadas a la investigación, se estima que el mismo patrón se habría replicado en otras regiones y gobernaciones. Lea el documento íntegro.
Contexto general. El primer informe elaborado por la Contraloría en 8 semanas se enmarca en una serie de indagatorias que realiza la institución encabezada por Jorge Bermúdez por el llamado Caso Convenios. En el documento se constata que hubo corrupción entre la Secretaría General Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva liderada por Daniel Andrade, expareja de la diputada RD Catalina Pérez.
- En el documento de 87 páginas se advierte que hubo asignación discrecional de recursos, incumplimiento del deber de abstención, fraccionamiento de fondos para eludir la toma de razón por parte del órgano Contralor, debilidades en la definición de proyectos que debían desarrollar las fundaciones, ausencia de planes de trabajo y debilidad en la rendición de cuentas.
- El próximo informe abordará eventuales faltas en la Gobernación de Los Lagos.
- Según fuentes vinculadas a la investigación, se estima que el mismo patrón se habría replicado en otras regiones y gobernaciones, es decir, personas contratadas por fundaciones que tienen puestos de trabajo, acceso a plataformas contables, teléfonos y correos de diversas Seremias.
- La información recabada por Bermúdez se le entregará al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
- Sobre el caso Convenios, el ministro de Justicia, Luis Cordero dijo: “Hay casos que derechamente tienen que ser calificados de corrupción. Democracia Viva es un caso”.
- El Presidente Gabriel Boric tuiteó el 1 de agosto que “más allá del debate jurídico, en mi opinión quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción”.
A continuación las principales conclusiones del “Informe de Investigación Especial” realizado por la unidad de auditorías especiales de la Contraloría.
- Asignación discrecional de recursos sin justificación. Se advierte que se realizaron transferencias de recursos a la Fundación Democracia Viva para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, sin que existan documentos que acrediten los motivos para justificar la entrega de recursos públicos. También se acreditó la inexistencia de procedimientos para el llamado a concurso público, criterios de selección en base a competencias técnicas y requisitos legales para la adjudicación de recursos.
- La auditoría constató que 12 personas contratadas por fundaciones (entre ellas Democracia Viva) desempeñaban funciones directivas y operativas en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, sin ser funcionarios públicos, utilizando escritorios, teléfonos, computadores, correos institucionales y teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos. La Contraloría detectó la misma situación en tres casos en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de dicha región. Este hecho será incluido en el sumario y además remitirá el informe al Ministerio Público.
- Incumplimiento del deber de abstención. El informe estableció que Carlos Contreras, exseremi de vivienda, al mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, vulneró el principio de probidad, lo que le restaría imparcialidad en su actuación. Al exseremi le correspondía el deber de abstenerse de su condición de firmante. Además, no consta que dicho asunto haya sido puesto en conocimiento de su superior jerárquico.
- Fraccionamiento de fondos para eludir toma de razón. La Seremi de Vivienda suscribió dos convenios separados con Democracia Viva para iniciativas de inversión en los campamentos EcuaChilePe ($200 millones) e Irarrázaval Etapa I ($170 millones), ambos colindantes y que forman parte del Macrocampamento Balmaceda, por lo que no se justifica su fraccionamiento. Con ello se evitó que ambos convenios fueran revisados por la Contraloría para el control de legalidad. De acuerdo a la normativa, solo deben pasar por toma de razón, las transacciones que superen las 5.000 UTM ($315 millones aprox). Además, tres personas contratadas a honorarios por Democracia Viva participaban en ambos proyectos.
- Debilidades en definición de proyectos y actividades que debían desarrollar las fundaciones. El Serviu Antofagasta contaba con una “Ficha de inversiones”, documento que presenta actividades de carácter general, sin detalles técnicos y mostrando sólo costos globales. Por lo tanto, la auditoría no pudo establecer una asociación entre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar, ni las especificaciones técnicas de las empresas, que permitan una correcta rendición de cuentas, lo que no permite justificar el monto de las transferencias.
- Ausencia de planes de trabajo. En los convenios suscritos no se exigió a las fundaciones planes de trabajo que describieran las acciones a ejecutar y la cantidad de recursos destinados a ese fin. En el caso del convenio con Democracia Viva, aun cuando la cláusula octava de la resolución exenta establece la obligación por parte de la fundación de elaborar un plan de trabajo general, este no formó parte del convenio ni existe un plazo para su entrega.
- Debilidades en el control de las rendiciones de cuenta. La auditoría advirtió falta de control en la rendición de gastos de las fundaciones, así como también baja ejecución, rendiciones presentadas no revisadas y registro contable en plataformas vulnerables, lo que no permite asegurar la integridad y confiabilidad de dichos antecedentes.
Lo que viene. Este es el primero de una serie de informes que se realizan en el marco del Plan Nacional de Auditoría al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda en todo Chile, que incluyen denuncias de parlamentarios y ciudadanos.
- En Informe fue elaborado en ocho semanas mediante la aplicación de una metodología de trabajo que es utilizada en las auditorías a los organismos que componen Naciones Unidas.
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