De visita en Coyhaique el ministro Cataldo habló la semana pasada de un plan de “acompañamiento” y que el gobierno no va a dejar caer a la universidad. Aunque dijo que “estamos discutiendo con la superintendencia, la cual tiene que hacer las recomendaciones”, lo cierto es que la decisión es atribución del superintendente del ramo, José Miguel Salazar, quien puede nombrar un administrador provisional. La ex rectora María Teresa Marshall espera que la medida sea la intervención.
Qué observar. En los próximos días se dará a conocer la resolución de la Superintendencia de Educación Superior (SES), que encabeza José Miguel Salazar, respecto a las graves falencias de gestión, mal manejo presupuestario e irregularidades administrativas que el organismo detectó a fines del 2023 durante una investigación en la Universidad de Aysén.
- Según el informe, la universidad estatal –que arrastra un déficit y daño patrimonial debido a la sobrecontratación de personal– “ha incumplido sus compromisos financieros, administrativos y laborales y se encuentra en peligro de incumplir sus compromisos académicos con los estudiantes”.
- Tras la formulación de cargos, el rector Enrique Urra (quien asumió en septiembre) decidió no presentar descargos.
- Ahora la superintendencia deberá adoptar una de las siguientes medidas: ordenar la elaboración de un plan de recuperación, nombrar un administrador provisional (interventor) o proponer la revocación del reconocimiento oficial de la universidad, lo que supone que el Ministerio de Educación nombre un administrador de cierre.
La definición del Ministerio. Mineduc ya descartó de plano la alternativa del cierre. En cuanto salió el informe de la SES, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (Comunes) aseguró que la universidad creada en 2015 no será cerrada y que como subsecretaría elaboraron un programa de modernización para el establecimiento.
- En la Superintendencia se han mostrado hasta ahora proclives a adoptar la medida del administrador provisional, más aún cuando la breve gestión del rector Urra ha sido mal evaluada. El propio informe de la SES sostiene que sus propuestas para enfrentar la crisis, como no pagar a tiempo las remuneraciones, podrían ser incluso ilegales.
- En Aysén señalan que tanto Orellana como el ministro Nicolás Cataldo (PC) han dado fuertes señales en la línea de otorgarle una nueva oportunidad al plantel de educación superior y sólo diseñar un plan de trabajo para apoyar y “acompañar” a las autoridades universitarias.
Espaldarazo de Cataldo. En esta línea, Cataldo visitó el jueves de la semana pasada la ciudad de Coyhaique para supervisar el traspaso de los colegios municipales al nuevo Servicio Local de Educación Publica (SLEP). Allí aprovechó para dar un espaldarazo a la Universidad de Aysén, previo a la medida que adopte el superintendente Salazar.
- “La definición que hemos tomado como Ministerio de Educación y como gobierno es que no vamos a dejar caer a la Universidad de Aysén, sino que al contrario la vamos a ir a acompañar para el rescate de un proyecto tan importante para la región de Aysén”.
- “Estamos monitoreando permanentemente el trabajo de la superintendencia y esperamos tener prontamente anuncios respecto a los procedimientos de acompañamiento a la universidad”.
- “Ya contamos con una universidad tutora, que es la Universidad de Tarapacá, obviamente como superintendencia y ministerio vamos a estar acompañando esa articulación interinstitucional, para sacar adelante el proyecto de la Universidad de Aysén”.
- Agregó que están contemplados nuevos recursos para las universidades estatales en 2024.
- Al ser consultado por los periodistas locales si al hablar de acompañamiento se descarta la medida de una intervención a la universidad, Cataldo agregó que “ningún camino se ha descartado. Hoy día eso es lo que estamos discutiendo con la superintendencia, la cual tiene que hacer las recomendaciones y emitir su informe a la brevedad”.
- El subsecretario Orellana tiene previsto viajar este 4 de enero a la región para firmar el acuerdo de tutoría ente la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Aysén.
La decisión del superintendente. En la SES se están afinando los últimos de detalles jurídicos del informe con las medidas a adoptar. Esperaban tenerlo antes de fin de año de 2023, pero extendieron los plazos. Señalan que aún no está descartada ninguna alternativa, salvo el cierre. Ya enviaron los antecedentes al Ministerio Público por posibles delitos en las falencias detectadas.
- También descartan que haya desacuerdos o diferencias entre el superintendente Salazar con el ministro Cataldo o el subsecretario Orellana e incluso realizarán un convenio conjunto para trabajar en apoyo a Aysén.
- De todas formas señalan que la decisión final sobre las medidas es privativa de la superintendencia.
- Según la Ley 20.800 que crea el administrador previsional, la SES puede adoptar esta medida cuando constate “riesgo de no garantizar viabilidad administrativa o financiera afectando la continuidad de los estudios”, “incumplimientos graves y reiterados de los compromisos académicos asumidos por la institución con sus estudiantes a causa de no contar con los recursos educativos o docentes adecuados” o “imposibilidad de mantener las funciones académicas de la institución, a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones o retiros de especies que la afecten, a sus sedes o a sus bienes muebles o inmuebles”.
“Intervenir es abrir un nuevo camino”. La ex rectora de la Universidad de Aysén entre 2016 y 2019, María Teresa Marshall (ex PPD), ha sido crítica a la gestión de su sucesora, Natacha Pino (ex RD) quien estuvo al mando de la universidad entre 2019 y 2023, por llevar militantes del Frente Amplio a los cargos universitarios. Marshall señaló que espera que el superintendente Salazar adopte las medidas con independencia y que, a su juicio, la mejor opción es la intervención.
- “Es importante dar las máximas certezas sobre el futuro y la estabilidad de la Universidad de Aysén. Así lo ha anunciado el ministro Cataldo, sin embargo no ha dado luces de cómo se garantiza ese futuro”.
- “En el contexto de las noticias recibidas, la opción de la intervención en mi experiencia es la más sensata y certera, porque permitirá transparentar la gestión recién pasada, dar garantías a los estudiantes y marcar un horizonte de viabilidad y sustentabilidad a la universidad. Intervenir es abrir ese nuevo camino”.
- Consultada sobre si la Superintendencia debe actuar con autonomía respecto a Mineduc en esta materia, agregó que “creo que la responsabilidad recae en la superintendencia porque ellos investigaron el tema a fondo y deben ser los garantes frente a los estudiantes y frente al país. El Mineduc deberá hacer viable esa decisión”.
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