Consejo aprueba inexpropiabilidad de los fondos de pensiones en medio de reclamos oficialistas

El pleno del Consejo Constitucional desató este jueves uno de los nudos que se arrastraba desde la disuelta Convención, cobró vigencia con la sucesión de retiros de fondos de pensiones vía proyectos de ley y quedó pendiente del anteproyecto: la propiedad y administración de los ahorros previsionales. Con los votos de Chile Vamos y Republicanos se aprobaron normas que establecieron que la seguridad social se realizará a través de instituciones públicas o privadas, y que cada persona será propietaria de sus ahorros, los que serán inexpropiables. Los incisos superaron el quorum de 3/5 en medio de las críticas del oficialismo de atentar contra el Estado Social y Democrático de Derechos, uno de los bordes constitucionales.

Qué observar. El pleno del Consejo Constitucional desató este jueves uno de los principales nudos que se preveía tendría esta fase de la redacción de la nueva carta fundamental: los fondos de pensiones.

• El anteproyecto de la Comisión Experta —elaborado por los representantes de los partidos— garantizó en mayo el derecho a la “seguridad social”, pero rechazó la enmienda de la oposición que buscaba asegurar el derecho de los cotizantes a elegir la institución que administraría sus fondos y garantizaría la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de estos.
• “Consagrar esta regla impediría tener un sistema de seguridad social basado en la solidaridad”, dijo entonces el comisionado del PC Alexis Cortés. “Tenemos que dejar atrás el sistema de las AFP”.
• El debate sobre impedir la expropiación de los fondos de pensión —que se arrastra desde la disuelta Convención, cobró vigencia con la sucesión de retiros de fondos de pensiones vía proyectos de ley—, quedó así como un nudo para el Consejo Constitucional.
• Este jueves, con el respaldo de Chile Vamos y Republicanos, se aprobó el artículo del capítulo de Derechos y Libertades Fundamentales que establecía que la seguridad social se entregaría a través de instituciones públicas o privadas, que cada persona sería propietaria de sus fondos de pensiones y que estos serían inexpropiables.
• “Hay una razón más de fondo y es constitucional, cuál esa razón, es limitar al Estado para evitar que se transforme en la mayor amenaza de la persona”, dijo el consejero Luis Silva (Republicanos), en su intervención.

La arremetida del oficialismo. La votación ocurrió en medio de las críticas del oficialismo en torno a que las normas aprobadas sobre seguridad social atentaban contra el Estado Social y Democrático de Derechos, fijado por el Congreso como borde constitucional.

• “El principio de Estado Social impone al Estado una función, pero no establece cómo debe cumplirla (…), el cumplimiento de ese deber le corresponde al legislador”, dijo el comisionado experto Gabriel Osorio (cupo PS). Argumentó que constitucionalizar un camino atentaría contra esa definición, de acuerdo a normativas como la alemana.
• Es incierto, sin embargo, si este eventual incumplimiento será representado al Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de resolver los artículos que atenten contra las bases del proceso.
• El oficialismo también acusó que la inexpropiabilidad de los fondos evitaría que estos recursos se desvíen a los padres que no cumplen con el pago de sus pensiones alimenticias.
• Fue una sesión tensa. La presidenta del consejo Beatriz Hevia (Republicanos) llamó al orden de la sala frente a lo que calificó de uso de “etiquetas”.

Qué dicen las normas aprobadas. “Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, dijo la norma, aprobada con 33 votos a favor y 17 en contra del oficialismo, superando el quorum de 3/5 (30 votos).

• El último inciso de ese punto dijo que las leyes para regular este derecho serán de quorum calificado.
• También se aprobaron con los votos de la derecha el derecho de cada persona a elegir entre un sistema de salud estatal o privado —dando rango constitucional al sistema Isapre, acusó el oficialismo, lo que rechazó la oposición— y al derecho preferente de los padres de elegir el “tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior”.

Ojo con. De acuerdo con el observatorio VAR Constitucional de la Universidad Diego Portales junto a Feedback, un 85,4% de los encuestados en agosto se mostró de acuerdo o muy de acuerdo con que se incluyera una iniciativa popular de norma para “garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir en los fondos de ahorros previsionales”.

Panorama general. La votación unida de la derecha ocurrió tras las tensiones del viernes pasado, cuando 4 abstenciones de Chile Vamos echaron por tierra la norma apoyada por Republicanos que buscaba constitucionalizar la frase “todo ser humano es persona”. El oficialismo acusó que ésta abría la puerta para revertir la ley de aborto en 3 causales vigente: en caso de violación, inviabilidad fetal o peligro de vida de la madre.

• Esta situación se distendió el miércoles, cuando el pleno aprobó con votos de la Chile Vamos y Republicanos el inciso que estableció que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
• Por la tarde se aprobó también una norma dio rango constitucional a la objeción de conciencia no sólo personal, sino que institucional. Según planteó en el Consejo la coalición de gobierno, esto podría ser utilizado para no efectuar abortos.
• La decisión de este miércoles sobre la protección de quien está por nacer privilegió la unidad en la derecha, pero abrió un flanco con el oficialismo.
• De acuerdo con la encuesta Cadem difundida el 17 de septiembre, el apoyo a la nueva Constitución llegó a 23%, su nivel más bajo, mientras que el rechazo aumentó a 57%, marcando un complejo escenario para el plebiscito de salida del 17 de diciembre.
• En este escenario es que comisionado expertos analizan qué modificaciones realizar al texto cuando lo reciban de vuelta de la comisión, en octubre.

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