Las causas por traspasos a fundaciones que el Ministerio Público comenzó a abrir en junio a raíz del caso de Democracia Viva han experimentado un giro. A 5 meses del inicio de las investigaciones, los montos indagados asociados al Ministerio de Vivienda bordean los $4.200 millones, mientras que los relacionados con Gobiernos Regionales (Gores) superan los $18 mil millones. Detrás de esto están los elevados montos de los convenios suscritos por los Gores, en que Contraloría advirtió que las gobernaciones rara vez cuestionaban las propuestas de las fundaciones. Esto también amplió el foco, puesto inicialmente en RD, a autoridades de la ex Concertación.
Qué observar. El 20 de junio la fiscalía regional de Antofagasta anunció la apertura de una investigación penal a los $426 millones traspasados por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda a la fundación Democracia Viva, a través de 3 convenios para desarrollar proyectos de campamentos a una fundación sin experiencia en el área.
- Era el comienzo del Caso Democracia Viva, que golpeó a Revolución Democrática (RD) y marcó durante meses la agenda política.
- El seremi Carlos contreras que suscribió el acuerdo y Daniel Andrade, presidente de la fundación receptora de los fondos, pertenecían al partido del Frente Amplio (FA). Andrade era además pareja de la diputada Catalina Pérez, hoy con su militancia suspendida en RD, que había sido empleadora de Contreras, quien fue su jefe de gabinete.
- El caso abrió la interrogante sobre en qué otras seremi de Vivienda se pudieron repetir presuntas irregularidades o con qué otras fundaciones. Esto llevó a la identificación de convenios del Gobierno Regional (Gore) de Antofagasta con otra fundación, ProCultura, que este mes anunció el cierre de sus operaciones.
- A 5 meses de la apertura de la primera causa, el escenario ha variado. Los montos indagados asociados al Ministerio de Vivienda bordean los $4.200 millones, mientras que los relacionados con Gobiernos Regionales superan los $18 mil millones.
- Esto también ha ampliado el escrutinio de autoridades del FA a otras ligadas a la ex Concertación.
El detalle de las cifras. El Ministerio Público indaga el traspaso a entidades privadas de cerca de $4.240 millones desde 6 seremis de Vivienda.
- Tarapacá ($1.850 millones); Antofagasta ($1.508 millones); O’Higgins ($336 millones); El Ñuble ($240 millones); Biobío ($178 millones) y Atacama ($128 millones).
- También investiga los traspasos de más de $18 mil millones a 7 Gores: Los Lagos (más de $10 mil millones); La Araucanía; Arica y Parinacota; Biobío; Atacama; Antofagasta y Aysén.
Lo que hay detrás del giro. El 9 de noviembre Contraloría publicó su informe sobre el Gore del Biobío, encabezado por el ex DC Rodrigo Díaz Wörner. En sus observaciones advirtió que, en la mayoría de los convenios analizados, el Gore otorgó a las entidades privadas los montos que estas habían solicitado, esquema que también se observó en otras regiones.
- “Se advirtió que el Gore no contaba con un método que le permitiera contrastar el presupuesto formulado por la entidad privada con algún elemento de juicio que acreditara la pertinencia de los montos solicitados, tales como tablas referenciales de costo, cotizaciones u otro medio, así como tampoco, requerir mayores antecedentes a las entidades para que justificaran sus estimaciones económicas”, consignó el documento.
- “Lo anterior implicó, que los recursos pactados en los respectivos convenios de transferencia, en el caso de los 9 programas analizados, en 7 de ellos, resultó idéntico al que solicitaron para su ejecución”.
- Estos 7 casos correspondieron a fundaciones Horizonte Ciudadano, fundada por la expresidenta Michelle Bachelet, que recibió $379.870.000 para desarrollar el programa “Voces del Biobío para vivir sin violencia” sin tener inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
- A estos se sumaron los convenios con En Ti, Bonhomía, Hi Hogar Asuncionista, Educación Financiera, ONG Red Cultivarte y Corporación Impulsa.
- En el caso del Gore de Los Lagos, liderado por el ex DC Patricio Vallespín, asignó en 2022 $1.200 millones a la Fundación Participa y $1.400 millones a la Corporación Kimün, para realizar saneamientos de títulos de dominio. En ambos casos Contraloría acusó el pago de precios inflados.
- “Los valores promedios contratados con las aludidas entidades privadas por prestaciones similares superan a las realizadas por la Seremi de Bienes Nacionales de esta unidad territorial, en un porcentaje que alcanza respecto de la Fundación Participa a 245% y 191%; en el caso de la Corporación Kimün asciende a 429% y 335%, respectivamente”, dijo el reporte de Contraloría.
- La administradora regional Viviana Godoy quedó esta semana con arresto domiciliario total tras ser formalizada por fraude al fisco por $1.200 millones. La ex jefa de Fomento del Gore de Los Lagos, Gloria González, quedó este viernes con la misma medida cautelar, tras ser formalizada por igual delito. Por el caso ya estaba en prisión preventiva Diego Ancalao de Kimün.
Publicaciones relacionadas
