La contralora Dorothy Pérez expuso el 16 de diciembre en la comisión investigadora del Caso ProCultura de la Cámara. De la sesión se destacó la transferencia en una sola cuota de $1.683.788.000 a la fundación creada por Alberto Larraín, pero pasó inadvertida su crítica a que la recibiera siendo director de la corporación del Gore.
Por qué importa. El cuestionamiento de la contralora Dorothy Pérez a las circunstancias en que el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano encabezado por Claudio Orrego (ex DC) asignó $1.683.788.000 a la fundación ProCultura creada por Alberto Larraín, ocurrió en momentos en que la fiscalía indaga el convenio para el programa para prevención de suicidios Quédate, por tres delitos: tráfico de influencias, fraude al fisco y apropiación indebida.
- Su crítica apuntó a la arista de tráfico de influencias por la cual Orrego fue declarado sujeto de interés en la causa, y por la cual se espera sea citado a declarar como imputado.
- Esta arista se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional (Core) aprobó la propuesta del gobernador Orrego de nombrar a tres nuevos directores de la Corporación Regional de Santiago, que él presidía.
- Se trataba de la hoy ministra de Interior, Carolina Tohá; de la exministra de la mujer del gobierno pasado, Mónica Zalaquett y del siquiatra Alberto Larraín, que en 2010 había cofundado la fundación ProCultura, de la que era director ejecutivo.
- Larraín —quien es considerado ahijado político de Orrego— trabajó en el consultorio de Salud Mental de Peñalolén encabezado por el entonces alcalde, a quien apoyó en las primarias presidenciales de 2013.
- El 29 de junio de 2022 —21 días después de haber sido nombrado director de la Corporación Regional—, el Core encabezado por Orrego aprobó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa para evitar suicidios Quédate, en que ésta debía coordinar el trabajo de otras fundaciones.
- Esta determinación derivó en que el hoy suspendido fiscal Carlos Palma, quien dirigió durante seis meses el Caso ProCultura, lo incluyera en un listado de 11 sujetos de interés de la indagación en Santiago.
Qué dijo Dorothy Pérez en la sesión. En la sesión, la contralora respondió a una pregunta del diputado RN Andrés Longton, quien le consultó: “¿Son elementos relevantes al momento de tomar una decisión respecto del otorgamiento de recursos, el que una persona haya trabajado con uno directamente en un cargo de confianza?”.
- Pérez contestó que la ley 18.575 sobre bases de la administración del Estado “señala que debe abstenerse uno frente a cualquier circunstancia que le reste imparcialidad y este es un elemento relevante a la hora de determinar si corresponde o no transferir recursos”.
- “Ahora, para pronunciarnos específicamente respecto de esta transferencia de recursos, de este punto, uno tiene que examinar una serie de elementos (…). Esto ha sido perfilado, a través de los años, por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, que ha ido dando marcos en qué casos se entiende que se vulnera esta norma, en qué casos no se entiende, y eso lo ve a la luz de tiempos, y conjugando con otras normas. Por ejemplo, hay otras normas que establecen plazos de abstención de dos años”.
- Pérez también cuestionó que se entregara el dinero a ProCultura en una sola cuota, luego de que Orrego planteara en la sesión previa que esto era una práctica habitual.
- Dijo que esto “vulnera los principios de control” y que también se hizo en otros de los 17 convenios, cerrados entre 2019 y 2023, que auditaron.
La defensa de Orrego. El gobernador —quien fue reelecto en segunda vuelta tras derrotar al candidato de Chile Vamos Francisco Orrego— ha dicho ser víctima de ProCultura, dado que en mayo el Gore se querelló contra la fundación por la apropiación indebida de $1.015.283.548 que ésta no devolvió tras el término anticipado del convenio.
Ojo con. ProCultura aumentó en más de 10 veces sus ingresos desde reparticiones públicas entre 2021 y 2022, año en que asumió el Presidente Boric.
- Pasó de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.




