[Confidencial] La escueta explicación de Cooper al tribunal para cerrar el caso de la casa de Allende

El fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper ingresó este lunes un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago informando del cierre del caso por la fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja. “No se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, dio como única razón para no perseverar. El tribunal resolverá el 2 de enero.

Por qué importa. El escrito de una carilla que el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper ingresó este lunes al tribunal informando del cierre de la causa abierta en enero por la compraventa de la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, aumentó la incertidumbre sobre si agotó todas las diligencias necesarias para esclarecer si hubo tráfico de influencias y fraude al fisco en el fallido trato inmobiliario.

• “Vengo en comunicar a U.S. que, con fecha 20 de octubre de 2025, esta fiscalía ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, dijo el documento, de una carilla, ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
• El tribunal respondió fijando una audiencia para resolver el cierre del caso a las 9 am del próximo 2 de enero, en el Centro de Justicia de la capital.
• Los querellantes Nubia Vivanco y Raimundo Palamara ya anunciaron que se opondrán al cierre, por estimar que quedan diligencias pendientes.

Panorama general. El trato por $993 millones para convertir la casa de Guardia Vieja en un museo infringía dos normas de la Constitución que prohíben al estado hacer negocios con parlamentarios y ministros, y tanto la entonces senadora socialista Isabel Allende como la ministra de Defensa Maya Fernández Allende, figuraban como propietarias de la propiedad de Providencia.

• Allende, hija del exmandatario, fue destituida en abril por el Tribunal Constitucional. Fernández, su nieta, había renunciado en marzo a la cartera de Defensa.
• Tras el anuncio de la fiscalía, la familia Allende dijo en una declaración que “la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende”.

El débil momento de Cooper. El anuncio de no perseverar en la causa ocurrió en medio del débil momento de un fiscal que meses atrás era descrito como el perseguidor que complicaba al oficialismo.

• Esto cambió en mayo, cuando Cooper fue sacado por el fiscal nacional Ángel Valencia del caso ProCultura, horas después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las interceptaciones telefónicas a la siquiatra Josefina Huneeus que contenían diálogos con el Presidente Gabriel Boric.
• Ese mismo mes cerró sin formalizados el caso por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella realizada durante la administración de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC).
• La decisión de no perseverar en la causa Guardia Vieja fue anunciada, además, después de que Cooper sobreviviera a una petición de destitución del oficialismo por la causa por eventual tráfico de influencias en favor de lobistas chinos de la diputada Karol Cariola (PC).
• En su resolución, la Corte Suprema consideró imprudente que ordenara diligencias en la casa de la parlamentaria cuando estaba por tener a su hijo.

El golpe del tribunal. Paralelamente al ingreso del escrito, Cooper informó del cierre de la causa con un comunicado de prensa, donde entregó un elemento adicional.

• Junto con mencionar diligencias esperables para una causa que llevaba nueve meses de tramitación —tomar declaración a 10 imputados, 42 funcionarios como testigos y realizar una fijación planimétrica de la propiedad de Providencia—, sumó un traspié judicial ocurrido cuando partían las indagaciones.
• El 27 de febrero, el juez Cristián Azócar del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de incautar los teléfonos y revisar los correos de Allende y Fernández, argumentando la ausencia de evidencia de tráfico de influencias en la compraventa, que comprometieran a la hija y nieta del exmandatario.
• Ocho meses más tarde, la fiscalía usó esto como uno de los argumentos para no perseverar en la causa.
• “Se realizaron solicitudes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el 26 de febrero de 2025 sobre incautación de teléfonos celulares, incautación y análisis de coreos electrónicos y de información contenida en almacenamientos físicos y virtuales; revisión y extracción digital forense y entrada y registro de los domicilios de los investigados, las cuales con fecha 27 de febrero pasado no fueron autorizadas por el tribunal”, dijo el comunicado.

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