El decreto de estado de emergencia ampliado que firmó el Presidente Boric esta semana ejemplifica sus cambios de posición sobre desplegar a militares en apoyo de las policías para enfrentar la violencia en el sur. En noviembre, tras la primera vuelta, aseguró que “no podemos seguir con las mismas recetas”. En mayo, a 2 meses de llegar a La Moneda, anunció un “un estado de excepción acotado a las carreteras para asegurar el libre tránsito” en La Araucanía y el Biobío. En agosto evaluó extenderlo a Los Ríos, pero retrocedió. El texto reformulado tras la salida de Siches incorpora, además del libre tránsito, “la protección de la vida de las personas”.
Qué observar. Este martes el Senado aprobó por séptima vez la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia que el Presidente Gabriel Boric declaró el 17 de mayo, ante la crisis de violencia en el sur.
- Se trató de la primera aprobación tras la llegada de las ministras Carolina Tohá a Interior y Ana Lya Uriarte a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), tras el cambio de gabinete del martes 6 en que Izkia Siches dejó su cartera tras casi 6 meses y Giorgio Jackson pasó de la Sepgres a Desarrollo Social.
- La aprobación —que se sumó a la ocurrida el lunes en la Cámara de Diputados— incluyó una ampliación de las atribuciones que tendrán las Fuerzas Armadas al apoyar a las policías en La Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío en la VIII Región.
- Según el texto inicial, éstas se limitaban a “la protección de rutas en aquellos territorios. Las medidas adoptadas, en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas”.
- Con la modificación del texto, “las medidas adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, y la protección de la vida de las personas”.
- El decreto —del cual tomó razón Contraloría el lunes, para que rigiera tras su aprobación en el Congreso y publicación en el Diario Oficial— sostuvo que dados “los más recientes acontecimientos se ha observado un cambio de circunstancias en las acciones contrarias al orden público, que hace necesario que la protección de la vida de las personas sea también contemplada en dicha focalización”.
- El texto no mencionó cuáles son estas circunstancias y si entre estas estuvo, por ejemplo, el atentado incendiario al molino Grollmus del 29 de agosto en que uno de sus propietarios, de 79 años, perdió una pierna tras recibir un disparo.
- Ese ataque fue reivindicado en una declaración por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), agrupación que el 22 de julio acordó oponerse al plan “Buen vivir” de La Moneda junto a otros 2 grupos radicales: la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y la Liberación Nacional Mapuche (LNM).
- El cuarto considerando consignó que “a través de esta consideración se espera poder ampliar el ámbito de eficacia de la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías, y del apoyo del personal, medios y equipamiento técnico y logístico de las Fuerzas Armadas”.
- El sexto considerando mencionó que se sigue promoviendo “el fortalecimiento del diálogo entre el gobierno y las comunidades de los distintos territorios, el incentivo a la inversión pública y privada en estas zonas, y el avance en la restitución de tierras y el fortalecimiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”.
El decreto de Piñera. Con la nueva modificación, el decreto de estado de emergencia se asemeja más al declarado el 17 de octubre de 2021 por el expresidente Sebastián Piñera que establecía que “las Fuerzas Armadas podrán desplegar unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas declaradas en estado de emergencia. No podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa”.
Los cambios de posición de Boric. El nuevo decreto —firmado por el Presidente Boric y las ministra Tohá y de Defensa, Maya Fernández—, muestra los cambios que ha tenido el mandatario y La Moneda frente a la crisis de violencia en el sur.
- Negativa total. El 24 de noviembre de 2021, antes de la segunda vuelta presidencial, el diputado y candidato Gabriel Boric votó en contra de la renovación del estado de emergencia de Piñera. “Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”, dijo. “La solución no es más violencia, la solución es la reorganización de las policías, perseguir a quienes delinquen, que son una minoría, estén donde corresponde, que es tras las rejas”.
- Estados intermedios. El 3 de mayo, a menos de 2 meses de llegar a La Moneda, matizó su opinión y se abrió a una alternativa que denominó intermedia. “Estamos trabajando en instalar ‘estados intermedios’ para que las fuerzas militares puedan resguardar, por ejemplo, las carreteras”, dijo a Radio Cooperativa, tras las negociaciones que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo con asociaciones de contratistas y trabajadores forestales tras la crisis generada por la quema de una treintena de máquinas en el Biobío.
- Estado de emergencia acotado. “Tenemos el deber de ejercer todas las facultades que la ley nos permite para garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional, para asegurar el abastecimiento y el libre tránsito”, dijo el mandatario en un punto de prensa el 19 de mayo, 2 días después de publicado el decreto. “Yo tengo la más plena convicción de que esto no resuelve el problema, y por eso nosotros lo que hicimos fue decretar un estado de excepción acotado a las carreteras para asegurar el libre tránsito y garantizar la seguridad de ese libre tránsito. Pero lo de fondo que hemos hecho es lanzar un plan intersectorial que contempla la compra de tierras para comunidades indígenas, que contempla la construcción de caminos, que contempla un diálogo con veedores internacionales, que contempla una recomposición de confianzas”.
- Decreto para Los Ríos. El 9 de agosto, el mandatario planteó al canal de Los Lagos Vértice TV la posibilidad de ampliar el estado de emergencia a la región de Los Ríos. “Yo no descarto en ningún caso el uso de las herramientas que las Constitución me otorga para poder garantizar la seguridad de todas las personas (…). Vamos a tener noticias y eso le va a corresponder anunciarlo a la ministra del Interior durante esta semana, pero quiero que seamos cuidadosos en no naturalizar la excepcionalidad como norma”, dijo. Siches adelantó luego en Frutillar que “vamos a presentar un nuevo decreto que va a contemplar las distintas regiones que van a incorporarse”.
- El gobierno retrocedió de este anuncio luego de que, por una parte, advirtiera del rechazo parlamentario a la idea de usar la extensión como vía para promulgar un decreto nuevo que no requiriera la aprobación del Congreso hasta después del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. La medida también se adoptó luego de que la Weichan Auka Mapu (WAM) se adjudicará un atentado incendiario en la Región de O’Higgins. Análisis de inteligencia advirtieron que la ampliación del decreto hubiera desviado fuerzas en momentos en que los grupos radicales estaban ampliando el rango de acción de sus ataques.
- Decreto ampliado. El Presidente no se ha referido personalmente al nuevo criterio. Sí lo hizo la ministra Tohá, quien planteó en el Congreso que “tenemos plena conciencia de que los estados de emergencia no van a ser la solución. Pero cuando tenemos chilenas y chilenos, que viven en el temor, que viven sin poder llegar a sus casas, que viven escuchando disparos y sabemos que las policías no están llegando (…), recurrimos a este instrumento”.
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