Un “Informe de investigación interna” de 44 páginas entregado por la alcaldesa Daniela Peñaloza a los concejales detalló irregularidades, pero no delitos, detectados por la empresa AZ en la compra del paño donde la edil UDI busca levantar el tercer Centro de Salud Familiar de Las Condes. En las “recomendaciones finales” del documento se sugirió a la edil “iniciar un procedimiento disciplinario” contra su jefe jurídico; el renunciado secretario de planificación; el director de control y el secretario de la Corporación. La edil pidió este lunes por la mañana la renuncia al jefe jurídico, quien estaría detrás del uso de la fórmula “9 +1” denunciada como sobreprecio por los concejales.
Qué observar. El jueves 15 la alcaldesa Daniela Peñaloza terminó la sesión del Concejo Municipal refiriéndose a la compra del paño en avenida Manquehue con Nueva Delhi donde la edil UDI busca levantar el tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Las Condes.
- “La compra del Cesfam y los errores administrativos que pudo haber durante ese proceso no se parecen en forma ni en fondo a Sierra Bella”, dijo esa tarde.
- Luego recordó a los concejales que este lunes les compartiría las conclusiones del estudio encargado a la empresa AZ, una de las medidas que adoptó para contener la crisis. “Espero a todos los concejales el lunes a las 9:45 de la mañana en mi oficina, como los cité hace un rato atrás, para poder entregarles los resultados”, dijo entonces.
- La crisis —la mayor en sus 2 años de gestión— se remonta al 22 de marzo, cuando los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (ex UDI) y Leonardo Prat y Sergio Melnick (ambos ind.-Republicanos), acusaron un supuesto pago de sobreprecio por el paño y la adulteración de actas del Concejo. Paralelamente, la concejala de Republicanos Catalina Ugarte hizo una presentación en Contraloría.
- Dos meses más tarde el caso alcanzó notoriedad a nivel nacional, cuando el 25 de mayo la Policía de Investigaciones allanó el municipio en búsqueda de los computadores de varios directivos.
- La semana pasada uno de esos directivos, el secretario de Planificación Alejandro Contreras, renunció acusando haber sido injustamente involucrado en la causa. En el marco de esa investigación se conoció también que figuraba como imputado por cohecho en el caso Luminarias, en que se indagan irregularidades en licitaciones para sistemas led con municipios del país.
- El socio de la gestora inmobiliaria Vulcon Asset, Paul Capdeville, reveló este domingo a Ex-Ante nuevos antecedentes. El extenista detalló cómo ocurrió el supuesto pago de sobreprecio que acusan los concejales, que él descartó. Dijo que el equipo jurídico municipal, encabezado por Patricio Navarrete, les propuso una fórmula denominada “9 +1”, que consistía en que la empresa comprara una de las 10 casas del paño que ofrecían y luego se la vendieran al municipio casi al doble del precio adquirido, con el fin de cobrar su comisión.
- Lo anterior, respetando las 68 UF por metro cuadrado acordados por el paño, que es inferior al promedio del sector, que supera las 80 UF por metro cuadrado, mostraron documentos exhibidos por la empresa. La casa fue comprada por Vulcon en 12.144 UF (más de $400 millones de pesos) y vendida al municipio en 24.280 UF, casi el doble.
- Este lunes por la mañana la alcaldesa pidió la renuncia anticipada a Navarrete, quien iba a acogerse a retiro.
Qué dice el informe externo. El “Informe de investigación interna” de 44 páginas entregado por la alcaldesa Peñaloza a los concejales detalló una serie de irregularidades detectadas por la empresa Albagli Zaliasnik – Gómez (AZ) en la compra del paño. A continuación, los puntos del resumen ejecutivo:
- Errores administrativos. “Durante el proceso de adquisición de algunos inmuebles que configuran el terreno para su construcción existieron errores administrativos”, consignó el documento fechado el 18 de junio. “Lo anterior, sin perjuicio de que la decisión por parte de la municipalidad de construir un tercer Cesfam, velando por la salud pública de los vecinos de la comuna, se encontraba dentro del marco legal”.
- Descoordinaciones. “Fue posible identificar la existencia de problemas de coordinación entre las distintas jefaturas de las unidades de la municipalidad que participaron del proceso de adquisición de los inmuebles”.
- Falta de tasaciones. “Fue posible identificar la existencia de falencias administrativas en lo que refiere a la forma de proceder con la adquisición de los inmuebles. Dentro de éstas, la falta de licitación o fundamentación del trato directo y la ausencia de tasaciones comerciales”.
- Cartas oferta. “Igualmente fue posible constatar una falta de coincidencia entre las cartas ofertas de compra y venta y el contrato de corretaje celebrado con la empresa Vulcon Asset Managment SpA”.
- Información a los concejales. “Se pudo establecer que los concejales de la municipalidad sí tuvieron conocimiento del proceso de adquisición, sin perjuicio de no conocer en detalle la forma en cómo se materializó éste, entendiendo que es la Municipalidad, a través de los funcionarios correspondientes, quienes materializan y llevan adelante la ejecución de los proyectos”.
- Presupuesto. “La adquisición de las propiedades se ajustó al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, no identificándose —a nuestro juicio— la configuración de ilícitos en este sentido”.
- No habría falsificación. “A nuestro juicio no existiría (el) delito de falsificación documental por parte de quienes participaron de la redacción del acta del Concejo Municipal por medio de la cual se adoptó la decisión de adquirir los inmuebles”.
- Revisión por el Conservador de Bienes Raíces. “Todas las operaciones de compraventa de inmuebles fueron revisadas por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y debidamente inscritas por este último, de modo que cualquier asunto administrativo vinculado a estas operaciones resultaría inoponible a los terceros que se encuentran de buena fe”.
Las propuestas de sanción. En sus “recomendaciones finales” el informe propuso “iniciar un procedimiento disciplinario para determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas” en contra de 4 miembros de la plana directiva de Peñaloza.
- “Patricio Navarrete, director jurídico; Alejandro Contreras, director de la secretaría comunal de Planificación; Eduardo López, director de Control y Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Corporación y de los demás funcionarios de la municipalidad y de la Corporación que participaron en el proceso de compra de estos inmuebles”, consignó la página 38 del informe.
- De éstos, Contreras había renunciado la semana pasada. Peñaloza pidió este lunes la renuncia anticipada al jefe jurídico, quien la aceptó.
La declaración de Peñaloza. “La señora Daniela Peñaloza señaló, en primer lugar, que una vez electa, en junio de 2021 visitó los Cesfam de la comuna para conocer la opinión de sus directores, junto al señor Ricardo Gutiérrez y a la señora Edna Pizarro, directora de salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Las Condes”, consignó la página 16.
- “La iniciativa fue liderada por los señores Ricardo Gutiérrez y Alejandro Contreras y que, si bien en un momento se barajaron distintas posibilidades, se definió que la compra de los terrenos que fueran necesarios para la construcción del Cesfam se haría a través de la municipalidad, para que, de este modo, quedaran como un activo fijo para el municipio”.
- “La señora alcaldesa mencionó también que, durante todo el proceso, el señor Ricardo Gutiérrez y el señor Alejandro Contreras le informaban periódicamente sobre el avance del proyecto en términos generales, más no así las unidades Jurídica y Control, quienes se mantuvieron más distantes y menos dispuestas a reportarle las distintas actividades en que ellas intervinieron”.
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