-El vuelo de un avión con cerca de 60 migrantes venezolanos que se estaba expulsando no pudo llevarse a cabo. La ministra Tohá indicó que Venezuela no lo había autorizado y que se harían gestiones al más alto nivel diplomático para realizar el proceso. ¿Cuál fue tu experiencia como Director Nacional de Migraciones?
-Nosotros sacamos 26 vuelos con expulsados en los 4 años, 10 de los cuales aterrizaron en Venezuela. A diferencia de la administración actual, teníamos una planificación que ahorraba bastantes costos a los contribuyentes e internalizaba las dificultades de coordinarse con países vecinos y que PDI capturara a quienes iban a expulsar. A pesar de que solo podíamos retener por 24 horas, no fue excusa para expulsar a casi 7 mil extranjeros que cometieron delito o ingresaron clandestinamente.
Hoy vemos una realidad distinta, un gobierno que no le gusta expulsar, que está lleno de activistas que a través de recursos judiciales buscaron impedir la salida de extranjeros que ingresaron clandestinamente e incluso algunos condenados por narcotráfico, y que solo bajo la presión mediática, tratan de improvisar un vuelo, que les cuesta 5 veces más lo que nos costaba hace 2 años, y no les resulta porque no se consiguen los permisos.
-La versión de tu sucesor Luis Eduardo Thayer apuntó a que el problema fue que el permiso que se requiere para este tipo de expulsiones -otorgado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela- no se entregó de forma oportuna. ¿Qué lectura sacas tú?
-Trabajar con Venezuela siempre tiene ciertas dificultades, como los cortes de luz, la gran cantidad de feriados, y la cantidad de permisos. Por ello, para gestionar un vuelo nosotros lo trabajábamos con alrededor de 2 meses de anticipación, fechas flexibles y un alto numero de potenciales pasajeros.
Hoy el Gobierno hace todo a último minuto, se paga innecesariamente, total siempre se puede conseguir más recursos con reformas tributarias, y no se dan señales claras que se quiere detener la migración ilegal, sino que solo se reacciona ante casos extremos como el extranjero que lanzó una granada a la cabo segundo de Carabineros, Rayén Currihuil.
-A tu juicio, acá hubo un error del gobierno o un desaire de Maduro.
-Si bien es extraño que, dada la simpatía de la actual administración, y especialmente el Partido Comunista, por el gobierno de Maduro, y enviando a un embajador de peso como es Jaime Gazmuri, no hayan conseguido un documento, creo que acá hubo más falta de gestión y falta de capacidades que razones políticas.
Para gestionar un vuelo a Venezuela y obtener los permisos, deberían haber solicitado e insistido por el documento final hace varios días, no tan encima. Muestra que no hay plan, voluntad ni capacidad ante las expulsiones.
-El director de Migraciones señaló todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas en este vuelvo, serán expulsadas a través de vuelos comerciales. ¿Es viable aquello?
-Las expulsiones judiciales se deben priorizar porque sino se comete desacato, y el actual director ya estuvo suspendido por esa medida del Poder Judicial. Pero es tremendamente caro, y tremendamente ineficiente expulsar de a 4 al día, cuando gestionando con tiempo un avión, en un solo momento, puedes sacar hasta 120 y ahorras un 80% en costos de transporte. Pero en ese sentido, si compran boletos de avión para todos los días a Venezuela, cosa que es tremendamente compleja porque no hay vuelos directos con esa frecuencia, te vas a demorar al menos 2 a 3 semanas.
-Cuántos viajes a Venezuela se realizaron bajo tu administración y qué precauciones debías tomar para que pudieran realizarse.
-Realizamos 26 vuelos, 10 a Venezuela, de los cuales 6 fueron FACH y 4 fueron chárter, de línea aérea privada dado que licitamos los vuelos para tener más flexibilidad de fechas. Las principales precauciones eran primero revisar la cantidad de extranjeros con expulsiones judiciales para planificar la ruta, luego validar la identidad y las condiciones sanitarias para el vuelo, coordinar los permisos y los datos del avión, coordinar con PDI para las expulsiones administrativas y poder llenar el vuelo, y una vez que estaba todo eso resuelto, sortear los recursos de amparo realizados por organizaciones ligadas al Partido Comunista y el Frente Amplio, donde hoy todos esos activistas colaboran con el gobierno.
-Para algunos analistas, la crisis migratoria de Venezuela tiene su espejo en Cuba. Fidel Castro daba manga ancha para la salida de sus detractores y en 1980, cuando decidió abrir el puerto de Mariel, muchos cubanos que partieron en esa ocasión era considerados por el régimen como un “peligro para sociedad”. ¿Qué mirada tienes tú de aquello, considerando la realidad chilena?
-Con la globalización el tema ha cambiado en el sentido que incluso desde la cárcel en Venezuela, se coordinan operaciones criminales de alto nivel en todo el continente. Si recuerdo a mediados del año 2021 donde la oposición de ese minuto, organizaciones internacionales y activistas desde la academia criticaron fuertemente las expulsiones, incluso en vuelos donde salían traficantes de niños. A su vez, fueron muy duros con cualquiera que advirtiera los riesgos del crimen organizado y aumentos del delito asociado con el ingreso clandestino descontrolado, y hoy se ven los resultados donde los migrantes son el 7,5% de los residentes de Chile, pero el 14% de todos los presos y el 17% de todos los victimarios. En ese sentido, si bien hoy hay más consenso con respecto a la necesidad de expulsar a quienes comenten delito y son más críticos con el crimen organizado, aún no hay un consenso con la izquierda sobre la necesidad de que quien entra ilegal, no puede permanecer en nuestro país.
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