12 de noviembre, 2019, a eso de las 21:00, en la oficina presidencial: Mientras la violencia asolaba las calles y Carabineros se declaraba sobrepasado, el ministro Espina le pasó su celular al Presidente para que hablara con el comandante en Jefe del Ejército, general Martínez. Rodeado de ministros, según testigos presenciales, Piñera inició el diálogo a parlante abierto, pero luego cambió de idea y lo desactivó. El ambiente era muy tenso: la democracia chilena corría riesgo como nunca desde 1990.
“A nosotros igual nos sorprendió el estallido. Pero no estamos detrás. Si estuviéramos, usted no estaría sentado ahí”, le dijo Guillermo Tellier al entonces ministro Blumel en una reunión reservada fuera de La Moneda poco después del 18/10, a la que también asistió Cristián Monckeberg. Sus palabras reflejan la línea del PC de endurecer las protestas tras esa fecha, la que reflotó en los últimos días a raíz de la negativa del presidente del PC de condenar la violencia en Plaza Italia en las últimas semanas.
El 28 de octubre de 2019, entre las 11:40 y 12:45, el presidente Piñera tuvo tres ministros del Interior nombrados en reemplazo de Andrés Chadwick. El primero fue Felipe Ward, el segundo Juan Carlos Jobet. El último que fue llamado urgente a su oficina y quedó en el puesto, pese a que no lo quería, fue Gonzalo Blumel. Mientras tanto, en la Alameda, Plaza Baquedano y otros puntos del país transcurría una de las jornadas de mayor violencia desde el 18/10.
En la primera encuesta Cadem tras la crisis del 18/10, una nueva Constitución figuraba en 6º lugar entre las prioridades ciudadanas (12%), muy por debajo de cambios sociales (37%) o mejores pensiones (21%). La oposición tampoco la había puesto como su primera demanda. Pero la lentitud que se le atribuyó al Gobierno para adoptar medidas sociales y el alza de la violencia impulsaron a la centroizquierda, dos semanas después, a aprovechar una oportunidad que no esperaban.
Las negociaciones de RN y el ministro Blumel con la oposición ya estaban en curso el 10 de noviembre, pero la presidenta UDI se oponía tenazmente a “entregar la Constitución”, en una tensa cumbre oficialista. Un posible desplome económico y colapso de la democracia no dejaron otra opción al gremialismo que subirse 72 horas después.
La mañana del 18 de octubre partió en el palacio presidencial con el subsecretario Ubilla verificando el contingente de policías disponible para evitar evasiones masivas en el metro. Tras escenas de violencia y saqueos generalizados, el día siguiente terminó con la implantación de toque de queda en el país por primera vez desde el regreso de la democracia.
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