Cuando el proceso constituyente comenzó una de las figuras que recibió más reconocimiento fue la de Carmen Gloria Valladares. Junto a ella estaba John Smok, quien no solo participó en la inauguración de la Convención Constitucional, sino que jugó un rol crucial en mantener el orden de las discusiones que comenzarían. Lo que se traslucía en la gestualidad y sobriedad de ambos era la noble responsabilidad del funcionario público que asume su rol sin ánimo de figurar -sin estridencias ni grandilocuencia-, pero con la conciencia de que detrás de sí descansa el Estado y, en última instancia, la república. Un orgullo humilde, de vestimenta formal pero no ostentosa. Un orgullo de funcionario público.
El Estado está compuesto por muchos elementos: recursos materiales, desde oficinas hasta tanques; recursos simbólicos, como rituales democráticos y patrióticos; pero, sobre todo, el Estado descansa sobre personas que trabajan en él, los funcionarios públicos. Ningún país logra desarrollar su economía y su democracia y mejorar la calidad de vida de sus habitantes sin un Estado a la altura de las necesidades y ningún Estado funciona sin sus funcionarios.
Adecuados procesos de selección y contratación, definiciones de remuneraciones y de carrera funcionaria, así como capacitación y desvinculación, constituyen la base de un Estado que funcione bien. ¿Cómo estamos en Chile?
El 2019, se realizó la primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos (ENFP), un trabajo conjunto de la University College London, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y la Dirección Nacional del Servicio Civil. La encuesta contó con la participación de 21.443 trabajadores del Estado, de 65 servicios públicos diferentes. Esta valiosísima fuente de datos nos puede revelar algunos aspectos importantes sobre los funcionarios públicos en Chile.
En primer lugar, cuatro de cada cinco funcionarios están comprometidos laboralmente, motivados con su quehacer, identificados con el servicio público y satisfechos en su trabajo. Estas cifras son altísimas y nos ponen en las mismas ligas que países como Estados Unidos, Irlanda y Australia. Además, en un experimento implementado en la encuestas, se encuentra importantes niveles de integridad y respeto a buenas prácticas éticas en el cuerpo de funcionarios públicos. Es decir, pese a que sin duda hay espacio relevante para mejorar, es importante reconocerle a miles de funcionarios públicos la dedicada y, en ocasiones, sacrificada labor que realizan. Normalmente la atención se centra en los casos negativos, donde esto no se cumple, pero no es esa la norma general.
A lo largo de los últimos 25 años, se observa una mejora sostenida en los criterios meritocráticos para el reclutamiento y selección de funcionarios. El 50% de las personas reclutadas recientemente (0-5 años) declaró haberse enterado de su primer puesto de trabajo en anuncios públicos, comparado con apenas 16% de los funcionarios reclutados hace 25-30 años. Algo similar ha ocurrido con la aplicación de exámenes psicolaborales, entrevistas y comités de selección. La contraparte de esto ha sido la disminución de la incidencia de criterios personales, como ayudas de familiares o amigos.
Falta por avanzar, pero, por cierto, se ha mejorado bastante. Más aún, es importante seguir mejorando en este aspecto, no solo por razones de justicia. Según la encuesta, las prácticas de reclutamiento y selección meritocráticas están asociadas estadísticamente con funcionarios más comprometidos, motivados, satisfechos e íntegros.
Por otro lado, hay mucho que avanzar en carrera funcionaria. Las oportunidades de desarrollo de carrera y ascenso en los servicios se perciben como limitadas y no siempre basadas en criterios meritocráticos. Solo una minoría de funcionarios señala tener buenas oportunidades para desarrollar su carrera en su organización (41%) y en el Estado (43%). La falta de criterios meritocráticos en los ascensos está estadísticamente asociada con un menor compromiso organizacional y un menor comportamiento ético de los funcionarios.
Se encuentra un nivel bajo de confianza de los funcionarios con otros miembros de su organización y, sobre todo, con los directivos. Apenas 46% de los funcionarios confían en sus directivos. En parte, esto podría deberse a que un 49% de los encuestados declara que su estabilidad se ve afectada por los cambios de gobierno y el análisis estadístico confirma que esta percepción tiene efectos negativos en la confianza de los trabajadores en otros miembros de su organización.
En definitiva, entre los muchos desafíos que tenemos como país para mejorar nuestras instituciones, ciertamente está el cuidado de nuestra institucionalidad del trabajo en el Estado. Hay espacio para mejorar en los criterios meritocráticos de selección y oportunidades de carrera y ascenso de los funcionarios públicos. Asimismo, es necesario aislar más a los trabajadores del Estado de los ciclos políticos, para generar equipos de trabajo de largo plazo con confianzas asentadas.
Un aspecto de especial preocupación es que la encuesta muestra las dificultades que el Estado está teniendo para atraer jóvenes talentosos al servicio público. Un problema que puede tener un impacto de largo plazo. En este sentido, junto con las condiciones laborales, una agenda urgente debiese ser la reivindicación de la importancia del funcionario público en el debate público y su centralidad para el servicio público.
Hay muchas cosas que se puede y se debe mejorar en el sector público, pero haríamos bien en partir por reconocerle su mérito a los miles de “Carmen Gloria Valladares y John Smok” que trabajan en nuestro Estado. Son ciertamente motivo de orgullo de funcionario público.
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