A fines del año pasado, un medio de investigación periodística (CIPER) destapó posibles irregularidades en la rendición de cuentas de la excandidata a gobernadora y senadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva. Esta noticia probablemente influyó en que no fuera electa a este último cargo, a pesar de ser favorita en las encuestas.
Con el tiempo y la investigación tanto del Servicio Electoral como del Ministerio Público -así como el relevante rol de los medios de comunicación- se han ido destapando más temas: contrataciones a fundaciones ligadas a la candidata, a empresas sin experiencia previa y creadas en días previos, contrataciones a parientes y militantes por cifras exorbitantes, pago de precampaña y campañas de otras personas, posible sobrevaloración de precios, entre muchos otros hechos que actualmente se investigan y corresponderá a la justicia determinar si hay responsabilidades por ellos y de quiénes.
La cuestión que varios se preguntan es que habiendo cambiado de forma importante las reglas de financiamiento de campañas, habiéndole dado muchas más facultades de fiscalización al Servicio Electoral -incluso dándole autonomía constitucional-, habiendo establecido mayores deberes de transparencia y rendición de cuentas, habiendo establecido sanciones penales e incluso pérdida del cargo por infracciones graves, a menos de cinco años de estas reformas, ya tenemos un importante caso en investigación de supuesto fraude ¿Gatopardismo, es decir, cambió todo para no cambiar nada?
Volvamos un poco atrás. La Comisión Engel hizo una serie de recomendaciones de modificaciones a las normas de campaña, financiamiento a la política y partidos políticos, a raíz de una serie de escándalos de financiamiento irregular a la política -bastantes transversales-, que se destaparon a partir del 2014. El gobierno de turno -Bachelet 2- y el Congreso aprobaron entonces reglas nuevas: prohibición de financiamiento de empresas, transparencia y rendición semanal de los aportes monetarios a las candidaturas, límites al gasto más bajos y estrictos, facultades al Servel más intrusivas para investigar, sanciones que van desde multas a presidio (no efectivo) y pérdida del cargo, según la gravedad de las infracciones.
Lamentablemente hubo una serie de otras propuestas que no fueron aprobadas: establecer una suerte de registro de proveedores -al estilo de Mercado Público- para fomentar la competencia y evitar conflictos de interés en proveedores relacionados o creados ad hoc para “hacerse la pasada”; transparencia y rendición de cuentas de los gastos y contrataciones a la mitad del período de campaña; transparencia y rendición de cuentas de aportes o donaciones en especie durante el período de campaña.
Otras debilidades se refieren al actuar del Servel, uno de los propósitos de darle más herramientas de control es que éstas se ejercieran durante el período de campaña, de modo aleatorio, claro está, es imposible fiscalizar a todas las candidaturas que pueden llegar a más de 12 mil en todo el país en caso de concejales. Sin embargo, todo indica que este nuevo “músculo” no ha sido ejercitado del todo.
Así las cosas, creo que no se puede decir que nada ha cambiado, de hecho, tenemos a la Fiscalía investigando y las penas pueden ser más altas que antes de las modificaciones. También tenemos un Servel más empoderado y más transparencia que permitió detectar estos casos. Sin embargo, aún con las reglas más estrictas es imposible que alguien decidido a romper las reglas, no lo haga, la gracia está en poder detectarlo y sancionarlo como corresponde.
El caso de Karina Oliva -u Olivazo, como se ha llamado- nos sirve para apretar más las tuercas que aún nos quedaron sueltas, ya que sabemos que la corrupción es como el agua y siempre va a buscar los vacíos por donde colarse, razón por la cual es clave estar revisando y actualizando este tipo de normativas periódicamente.
Por esto es necesario hacerse cargo de lo que no se ha regulado aún y, además, que las entidades públicas a cargo no solo tengan las competencias para hacer las cosas, sino también las capacidades humanas, financieras y de voluntad política de aplicarlas. Es clave tener un sistema de financiamiento a la política robusto, mal que mal parte importante de la legitimidad de las instituciones se juega en esto y en evitar la captura de éstas por intereses espurios.
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