Los 11 meses que antecedieron la caída del fiscal Patricio Cooper

17 May. 2025, 6:12 pm

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Los 11 meses que antecedieron la caída del fiscal Patricio Cooper

El levantamiento del secreto de la causa ProCultura reveló que en 11 meses el fiscal Cooper había reunido un caso de casi 60 mil páginas, por ocho regiones y con gran detalle sobre el “modus operandi” de la fundación indagada por casi $6 mil millones. Sin embargo, cuando preparaba formalizaciones, enfrentó un gran golpe: la Corte de Antofagasta cuestionó sus procedimientos investigativos y los comparó, sin explicitarlo, con los de organismos de inteligencia en dictadura.

Qué observar. El golpe experimentado este viernes por el Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper en la Corte de Apelaciones de Antofagasta marcó no sólo un revés judicial con uno de los imputados en el caso ProCultura, sino que derivó en que el fiscal nacional Ángel Valencia lo sacara del caso que hace 11 meses le había pedido encabezar.

En una resolución unánime conocida cerca de las 17.30 de este viernes, la Corte calificó de ilegal la interceptación telefónica realizada desde octubre a Josefina Huneeus, siquiatra y ex señora del cofundador de ProCultura Alberto Larraín.
Cuestionó de principio a fin los procedimientos realizados por la fiscalía y los comparó, sin explicitarlo, con las escuchas de organismos de inteligencia en dictadura.
En este escenario es que, cuatro horas más tarde de conocido el fallo, la fiscalía nacional anunció el traspaso del caso al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien ya encabezaba la arista original de Caso Convenios: Democracia Viva.
Era la caída de uno de los fiscales de más protagonismo del último tiempo, que además de ProCultura dirige la indagación por la fallida compraventa de la casa de Allende y el caso Sierra Bella, con su derivada en contra de la diputada PC Karol Cariola.

Panorama general. La diligencia, autorizada inicialmente por la jueza Sissi Bertoglio-Talap en contra de Larraín y no de Huneeus, había adquirido impacto por contener un diálogo con el Presidente Gabriel Boric grabado el 14 de octubre.

Cooper había intentado en dos oportunidades “pinchar” autorizadamente el teléfono del mandatario, lo que había sido rechazado por el tribunal.
La resolución por el recurso de amparo —aunque impugnable ante la Corte Suprema— generó un problema concreto para la indagación de Cooper, cuyas ramificaciones están por verse: “la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a los actos cuya ilegalidad acaba de declararse”, dijo el fallo.
En lo inmediato, la decisión excluyó de la causa una admisión explícita de un delito vinculado a ProCultura, realizada por Huneeus a su madre, Marta Lagos.
“Lo que sí hay trucho, trucho de verdad, fue lo que se hizo con las imprentas”, dijo la siquiatra el 10 de octubre, según mostró la transcripción.

Cambio de mano. El 27 de junio de 2024, el fiscal nacional Ángel Valencia había asignado al fiscal Cooper la indagación de la arista ProCultura del caso Convenios, tras la salida del fiscal de Aysén Carlos Palma.

Palma venía realizando allanamientos a gobiernos regionales e incautaciones a teléfonos de gobernadores que lograban titulares, cuando dejó el caso tras su aparición en el Caso Audios.
El estilo de Cooper contrastó con el de su predecesor e inicialmente generó dudas sobre los avances que realizaba, puesto que sus diligencias no eran visibles. Su respuesta fue que la causa era secreta por la ley de lavados de activos y siguió trabajando con reserva.
Cooper, quien entró al Ministerio Público en el año 2000 y se desempeñó casi dos décadas en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, había sido nombrado fiscal regional de Coquimbo por Valencia, cargo que asumió en febrero de 2024. “El crimen organizado está instalado en las regiones, con distintas dimensiones”, dijo entonces a Radio Guayacán.

Carpeta masiva. El 6 de abril de este año se levantó el secreto de la indagación, pero sólo la semana pasada los intervinientes comenzaron a recibir en masa las copias de la carpeta investigativa (salvo el Consejo de Defensa del Estado, que la tenía desde antes).

Esto permitió develar que en 11 meses de investigación había reunido una causa de casi 60 mil páginas, por ocho regiones y con gran detalle sobre el “modus operandi” de la fundación indagada por convenios por casi $6 mil millones tanto con Gobiernos Regionales como con el Ministerio de Vivienda.
Así fue como se conocieron detalles de los nexos de Alberto Larraín con el Frente Amplio (que incluyeron pasar las llaves de su casa en Ñuñoa al hoy diputado Diego Ibáñez para que se reuniera Convergencia Social).
También, múltiples testimonios sobre cómo Larraín (calificado como “Napoleón” en un WhatsApp de miembros oficialistas) era quien tomaba las decisiones en ProCultura y no el directorio, y se jactaba de sus contactos políticos.

Docenas de escuchas. La revelación de la carpeta permitió, además, conocer docenas de transcripciones de escuchas telefónicas a imputados, lo que acercó el estilo de Cooper al de investigadores de causas de narcotráfico y crimen organizado. Un artículo de La Tercera contabilizó 80 imputados “pinchados”.

Estas incluyeron, además de Huneeus, al ex subsecretario de Desarrollo Regional y luego jefe de asesores presidencial, Miguel Crispi.
La resolución de este viernes generó la interrogante de si, además de Huneeus, otros imputados impugnarán las diligencias concedidas por tribunales como el de Antofagasta.

Postergación de formalizaciones. La decisión de la Corte generó también dudas sobre qué ocurriría con el siguiente paso que se esperaba que Cooper diera en los próximos días: pedir audiencias para formalizar a los principales imputados del caso. En el nuevo escenario, con un nuevo fiscal, la decisión podría retrasarse semanas o más.

El fiscal Eduardo Yáñez había adelantado el jueves que a los delitos iniciales de lavado de activos y fraude al fisco se habían sumado los de administración fraudulenta y asociación ilícita.
La resolución de Antofagasta había dejado a Cooper en una incómoda posición si recurría a la Corte Suprema: estar por un lado apelando tras un fallo contundente y, por otra parte, pendiente de la solicitud de remoción presentada por el oficialismo por el caso Sierra Bella. Valencia optó antes por sacarlo.

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