Perfil: 20 cosas que hay que saber de Ricardo Martínez, comandante en Jefe del Ejército

Waldo Díaz

Ricardo Martínez (61 años) es hijo de un teniente coronel que abandonó el Ejército en noviembre de 1973 y su familia ostenta un singular récord: sus tres hermanos y sus dos hermanas también fueron oficiales. Cuando fue nombrado comandante en Jefe (2017), se retiró el último que seguía en la institución. Pero ninguno de sus dos hijos -es casado con Cecilia Militzer – optó por la carrera.
Estudió en escuelas públicas hasta 6ª Básico – en Tejas Verdes, Puente Alto y Copiapó – y después en los Hermanos Maristas, en Quillota, antes de entrar a la Escuela Militar a los 15 años. Fue la primera antigüedad de su curso y escogió la especialidad de Comando, el cuerpo de elite de combate del Ejército. Suele afirmar que se trata de “la especialidad con las exigencias más duras” de la institución.
A lo largo de su carrera vivió en distintas ciudades del país y comandó varias unidades, como el Batallón de Paracaidistas y la Compañía de Comandos, en Valdivia, además de dirigir la Escuela de Suboficiales y comandar la II División Motorizada. Su camino hacia la Comandancia en Jefe tuvo un hito fundamental: cuando fue nombrado Subjefe de Estado Mayor Conjunto, en la gestión de Jorge Burgos como ministro de Defensa, en mayo de 2015.
Burgos jugaría un papel crucial para que Michelle Bachelet nombrara a Martínez, de la misma forma que el ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez. “No es pinochetista”, fue el recado que trasmitió Burgos, avalado por Gómez. El ex ministro también argumentó que era un militar muy profesional y diligente, con un perfil mucho menos político que sus antecesores. Asumió en marzo de 2018.
Quienes lo conocen son unánimes en afirmar que tiene una visión crítica de varios aspectos de la gestión de Pinochet, aunque evita darla a conocer para no generar ruidos internos. Es descrito como afable y buen conversador, pero también de posiciones firmes que a veces expone con dureza. Es un lector con especial predilección por libros de Historia.
Cuando asumió en 2018, afirmó en El Mercurio que quería “promover una reflexión sobre la actuación del Ejército en los últimos 50 años en todas las áreas, incluidos los DD.HH”. Durante sus estudios en el Colegio Interamericano de Defensa -donde conoció a José Miguel Vivanco, director de America Human Rights Watch, quien aplaudió su nombramiento-, hizo su tesis sobre la importancia de enseñar DD.HH. en las escuelas militares. Fue pocos meses antes de que el general Cheyre lanzara su emblemático texto criticando las violaciones de DDHH (“Nunca Más”).
Su gran proyecto cuando llegó al cargo era impulsar revisión profunda de la participación del Ejército en política en los últimos 50 años, desde la rebelión del regimiento Tacna en 1969 contra el gobierno de Frei Montalva. La idea era que concluyera con la publicación de un informe sobre el período. Dos fueron los obstáculos que inviabilizaron esa agenda.
El primero fueron las acusaciones de corrupción que enfrentó el Ejército, traducidas principalmente en la formalización de dos de sus antecesores, y otros escándalos como las denuncias del uso indebido del presupuesto de pasajes. Pero lo que cambió todo, fue el estallido social.
El momento más tenso de la crisis del octubre para Martínez, y para la democracia chilena, fue la noche del 12 de noviembre de 2019, cuando la violencia y el vandalismo asolaban las calles del país y el Presidente lo llamó para que sacara las tropas a la calle. El general le dijo que las FFAA no tenían entrenamiento ni armamento adecuado para controlar el orden público. Vale decir, tenía que tener claro que su salida podría implicar numerosas muertes. Añadió que tampoco había reglas claras para el uso de la fuerza. Por último, que le parecía conveniente que una decisión de ese calibre tuviera un amplio apoyo político, vale decir del Ejecutivo y Legislativo, tal como ocurre cuando se toma la resolución de iniciar una guerra. El diálogo refleja la visión que tiene Martínez del papel de las FFAA en momentos de crisis políticas, una las lecciones de 1973.
Sus argumentos finalmente convencieron al Presidente, y después se iniciaron las negociaciones con la oposición para el acuerdo de convocar el plebiscito sobre una Convención Constituyente. Nunca le dijo, según todas fuentes consultadas por Ex-Ante, que no estaba disponible para obedecer la orden de salir si el Presidente lo determinaba, pero marcó con franqueza su posición. “No era que le faltaran ganas de poner orden o determinación, pero estimaba que tenía que ser bajo condiciones que garantizarán el éxito de la misión”, señala a Ex-Ante un cercano.
Una parte significativa del diálogo fue que le recordó lo sucedido en Bolivia en 2003, cuando el ex presidente Sánchez de Lozada huyó del país tras disturbios que dejaron 64 muertos y los únicos condenados (10 a 15 años de prisión) fueron los jefes militares que cumplieron la orden del mandatario de reprimir. El episodio lo tienen muy presente los militares, que lo asocian a los efectivos, no solo los jefes militares, sino oficiales y suboficiales de bajo rango, que terminaron presos en Punta Peuco.
Según quienes lo han escuchado, el general tiene un perfil político moderado, es constitucionalista y su preocupación es que en crisis como la actual no se politice el papel del Ejército y de las FFAA, ya que sería contraproducente para el país. Pero, según señalan quienes lo conocen, está lejos de ser un blando. Su opinión, señalan en Defensa, es que las policías no han recibido todo el apoyo que requieren en las actuales circunstancias.
Uno de los temas en que más ha insistido es que las FFAA no están preparadas para controlar el orden público en la forma en que están las policías y que, por eso, si en un momento extremo se las convoca para esa misión, tiene que hacerse con apoyo del Ejecutivo y del Legislativo, y reglas muy claras sobre el uso de la fuerza.
En esa línea, ha trasmitido que no es correcto hablar del “uso proporcional de la fuerza”, sino del “uso racional”. Vale decir: las FFAA – y las policías- siempre tienen que responder con fuerza superior a quienes los atacan, ya que eso es un elemento básico de su actuar en Chile y en cualquier lugar del mundo.
Tras el estallido social, en Defensa se trabajó en las llamadas RUF (Reglas del Uso de la Fuerza), en la cual tuvo una participación importante Benjamín Salas, entonces asesor del Presidente Piñera. Hubo mucho debate con los mandos de las FFAA hasta que finalmente se llegó a un texto final. Algunos sectores de las FFAA quedaron con la impresión -que no vieron con buenos ojos- que la mayor preocupación de Salas era prevenir demandas por violaciones a los DDHH. contra Piñera.
La relación de Martínez con el Presidente Piñera es considerada correcta en el gobierno. Se señala que es franco y directo en marcar sus posiciones. Además del diálogo de noviembre de 2019, otro capítulo importante en esa línea fue el duro comunicado del Ejército sobre la estatua de Baquedano. La carta, en la que califica los violentistas de “cobardes desatados” y “antichilenos” y que fue criticada por una parte de la izquierda, terminó por inclinar la balanza hacia el traslado.
El Ejército lo venía pidiendo desde hace meses. Carabineros había demostrado no tener capacidad para proteger el monumento y se corría un gran riesgo de que la derribaran. El Presidente siempre se había rehusado a dar ese paso, por considerarlo una claudicación ante la violencia. Cuando cedió, ordenó que el traslado y reparación quedara a cargo del ministerio de Cultura y no del Ejército. Algunos vieron como una manifestación de disgusto por la influencia decisiva del comunicado de los militares en el tema.
Quienes lo han escuchado hablar de la Araucanía señalan que Martínez considera que es tarea de las policías mantener el orden, pero que el Ejército tiene condiciones de dar importante apoyo logístico y de inteligencia, y que en el caso de que se requiriera su intervención tendrían que contar con el apoyo de las instituciones y reglas claras.
Durante la gestión de Martínez el ministerio de Defensa ha ampliado las atribuciones del Ejército en el combate al narcotráfico y a la migración ilegal, dos temas que los militares ven como de seguridad nacional. Ahora pueden dar apoyo logístico y de inteligencia a Carabineros. Según afirman en Defensa, Martínez ha dicho que la colaboración podría ser mayor si Carabineros aceptara que patrullas militares los apoyaran en sus operaciones para darles mayor seguridad.
La Araucanía es tal vez el tema que más inquieta hoy a Martínez, según fuentes de Defensa. Su preocupación: el potencial escalamiento del conflicto y la eventualidad de que el poder civil se viera obligado a convocar a las FFA a intervenir. Piensa que la solución es política, pero esta se aleja en la medida en que la violencia crece. De acuerdo a fuentes de La Moneda, hace dos semanas los comandantes de las FFAA hicieron una reunión con las autoridades de gobierno para dar su visión sobre los riesgos de que el conflicto escale, con la participación de sus respectivos directores de Inteligencia. En el gobierno y en Defensa se ha mantenido hermetismo sobre el contenido. Pero parece claro que fue un mensaje de alerta sobre el rumbo del conflicto.

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