La ampliación de querella interpuesta este lunes por los diputados de Republicanos Irarrázaval y Araya pide indagar la eventual responsabilidad penal de los 3 referentes de RD, tanto en la firma de convenios como en los cambios de criterios para fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro. Solicitaron investigar el rol del ministro Jackson en la nueva política del Consejo de Auditoría —dependiente de la Sepgres, dirigida por Jackson hasta septiembre— de instruir a los servicios no informar sobre las transferencias que realicen. De acuerdo con La Segunda, Jackson, la Dipres Javiera Martínez y el ministro Carlos Montes serán citados a declarar por la fiscalía.
Qué observar. El 20 de junio los diputados de Republicanos Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya presentaron una querella “en contra de los funcionarios públicos que resulten autores, cómplices y encubridores de los delitos de cohecho agravado (…) y de fraude al fisco”.
- La acción judicial —junto a otra presentada por Chile Vamos— era la ofensiva legal iniciada por la oposición, luego de que en junio se conocieran los traspasos por $426 millones realizados el año pasado desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), que obtuvo su personalidad jurídica en 2022.
- También se hizo parte de la causa RD, cuya participación fue impugnada por la oposición. El tribunal fijó para el 10 de agosto una audiencia para resolver si permanecen o no como querellantes.
- Este lunes Irarrázaval y Araya presentaron una ampliación de querella, dirigida directamente en contra de 3 autoridades, todas de RD: el ministro de Desarrollo Social y hasta septiembre ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson; el jefe de asesores del “segundo piso” y exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Miguel Crispi, y la actual directora de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez.
- El gobierno desplegó durante el fin de semana vocerías en apoyo a Martínez, sindicada desde la oposición como responsable de que se flexibilizara el requisito de mínimo 2 años de experiencia para que las fundaciones pudieran recibir fondos públicos. Esto, durante la discusión parlamentaria de 2022 para este 2023.
- “Desde la vuelta de la democracia es probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido”, dijo este domingo el ministro Mario Marcel de Hacienda, quien conoció la labor de sus predecesores por sus funciones en el Banco Central.
- Aseguró que el cambio de criterio de Martínez se aplica a los gobiernos regionales y que —de los casos indagados por las fiscalías en 12 regiones—, sólo en una intervino esta modificacion: los traspasos por $250 millones desde el Gobierno Regional del Biobío a la Fundación En Ti, ligada a la excandidata a diputada (ind-P. Radical) Camila Polizzi, quien habría “arrendado” esa ONG para obtener los montos, publicó Radio Biobío.
- El gobierno regional liderado por Rodrigo Díaz (ex DC) informó este lunes de la desvinculación de 3 funcionarios por el caso. Esto se suma a la renuncia al cargo del exseremi de gobierno Eduardo Vivanco, quien mantuvo al menos una reunión con Polizzi, cuyo audio fue filtado.
- De acuerdo con La Segunda, la fiscalía citará a declarar —no precisaron si como testigos o imputados— al ministro Jackson, a la jefa de la Dipres Javiera Martínez y al ministro Carlos Montes de Vivienda. Los querellantes pidieron citar como imputados a Jackson, Crispi y Martínez.
Qué dice la querella. La acción penal busca esclarecer la responsabilidad de las autoridades tanto en la firma de convenios como en los cambios de criterios para fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos.
- La acusación contra Jackson. La querella pide indagar la eventual responsabilidad penal del ministro Jackson en la decisión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, de disminuir la supervisión de los traspasos a fundaciones.
- “En junio de 2022 se dieron instrucción que, en esencia, rebajaron los controles por parte del referido CAIGG sobre el destino y uso de los fondos públicos”, consignó el escrito.
- “Por mail de fecha 24 de junio de 2022 el referido CAIGG comunicó a las contralorías de los servicios públicos, en el reporte semestral con corte al 30.JUN.2022, la instrucción de que no debían informar la transferencia hacia terceros. De este modo, la información que recibió a contar de esa fecha el referido CAIGG -a sus ojos- era que ‘no había información que reportar en el periodo’”.
- “Posteriormente, mediante ORD. CAIGG No 105-2022, de fecha 01.AGO.2022, se ratifican formalmente dichas instrucciones, al señalar las materias que debían ser informadas al CAIGG, entre las que no se encuentran aquellas relativas a las transferencias de recursos a ISFL mediante convenios”.
- “La investigación del Ministerio Público deberá determinar la intervención que en este acto tiene el querellado Sr. Jackson Drago”.
- La acusación contra Crispi. La querella pide investigar la eventual responsabilidad penal de Miguel Crispi en la validación del convenio por $630 millones suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura para pintar fachadas del casco histórico de la capital regional.
- Según publicó el medio local Timeline, el convenio implicaba la limpieza y pintura de 3 fachadas de edificios, que sumaban 2.400 metros cuadrados, generando un precio por metro cuadrado de $262 mil, lo que está por sobre el valor de mercado. ProCultura respondió que el proyecto incluía también el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas y realización de talleres.
- “Con fecha 24 de junio de 2022 el entonces Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) Miguel Crispi envió el oficio Nº 2377 / 2022 al Gobernador Regional de Antofagasta, Sr. Ricardo Díaz”.
- “El oficio enviado al Gobernador por el querellado Crispi Serrano, señala que ‘la Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa’ (…). La realidad es que dicha ISFL (Institución Sin Fines de Lucro) ni siquiera tenía el giro requerido para la pintura de fachadas”.
La acusación contra Javiera Martínez. La querella pide investigar a Martínez por 2 motivos: el oficio de la Dipres que también visó el proyecto de fachadas y su eventual vínculo con Democracia Viva.
- “Dicho oficio (por las fachadas) también fue validado por la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), Sra. Javiera Martínez Fariña”, dijo la querella.
- “Dentro de este complejo y cuantioso fraude, resultó esencial una decisión tomada por la querellada Martínez Fariña, que tuvo por finalidad entorpecer el control y fiscalización del uso de los dineros públicos, rebajando las exigencias de experiencia y antecedentes de las ISFL”.
- “De acuerdo con lo sostenido por el H. Senador Fidel Espinoza (PS), en el año 2022 existía una relación entre el Fundador de Democracia Vida y la querellada Javiera Martínez”.
- “Martínez Fariña, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022, fue presidenta del directorio de la Fundación Rumbo Colectivo. Corporación que fue fundada por Sebastián Depolo, actual embajador de Chile en Brasil, Margarita Portuguez, actual embajadora de Chile en Costa Rica, Diego Vela, jefe de gabinete del Ministro Sr. Jackson, entre otros”.
- “Según la memoria de la Fundación Rumbo Colectivo del año 2021, publicada en el año 2022, se informa que tiene como colaborador a Democracia Viva, es decir, Democracia Viva le aportó dineros a esta fundación”, lo que la organización descartó.
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