El 19 de julio la fundación ProCultura pidió al Gobierno Regional de Antofagasta, encabezado por el gobernador Ricardo Díaz (ex RD), un aplazamiento para el proyecto de reparación de fachadas, que debía estar listo el 30 de septiembre. El proyecto había sido cuestionado por sus costos —$262 mil por metro cuadrado pintado, lo que ProCultura dijo que también incluía capacitaciones— y por las causas penales abiertas a la fundación. En el Consejo Regional de este viernes el gobernador se mostró disponible a aceptar la petición. “En general, el Gobierno Regional acepta las reevaluaciones”, dijo.
Qué observar. El gobernador Ricardo Díaz (ex RD) encabezó este viernes la sesión del Consejo Regional de Antofagasta donde se trató el proyecto de recuperación de fachadas del casco histórico, para el cual se firmó un convenio con la fundación Procultura por $630 millones.
- Según publicó a principios de mes el medio local Timeline, el convenio implicaba la limpieza y pintura de 3 fachadas de edificios, que sumaban 2.400 metros cuadrados, generando un precio por metro cuadrado de $262 mil, lo que está por sobre el valor de mercado.
- ProCultura respondió entonces que el proyecto incluía también el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas y realización de talleres.
- En la sesión de este viernes se conoció que la fundación pidió el 19 de julio un aplazamiento de 4 meses para el proyecto, que debía concluir el 30 de septiembre, sin que esto implicara mayores costos para el Gobierno Regional.
- Consejeros de oposición plantearon en la instancia no sólo rechazar el aplazamiento, sino que se cancelara el trato, lo que el gobernador calificó de inviable. Ricardo Díaz también se mostró abierto a acceder a la solicitud de ProCultura, lo que no confirmó en la sesión.
- “Lo que correspondería es que el gobierno no le diera el aplazamiento”, dijo la consejera Katherine San Martín (independiente RN), tras la sesión. “Hay una defensa del Gobierno Regional al no ver sus faltas administrativas, ellos están jugando al filo de la ley”, dijo citando presuntas anomalías en la presentación de sus boletas de garantía.
- Explicó que la fundación presentó el último día de plazo boletas de garantía con un desglose incorrecto, que le pidieron subsanar, con lo cual ganaron tiempo.
Panorama general. La fundación es investigada por la fiscalía de Antofagasta por este acuerdo, además de un convenio con la secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda, donde se autodenunciaron.
- Paralelamente, la fiscalía regional de Aysén la indaga por otro convenio, por $1.600 millones, firmado por el gobierno regional encabezado por Andrea Macías (PS) para apoyar a familias del sector Glaciares, el cual fue aprobado por el Consejo Regional. La gobernadora ha advertido que los recursos no fueron traspasados.
- “No soy parte del círculo cercano del Presidente Boric”, dijo este mes el siquiatra Alberto Larraín, director de ProCultura, a La Segunda. “Sería imposible que ProCultura pudiera hacer su trabajo sólo a partir de contactos políticos”.
Qué dijo el gobernador. “Mire, si en el fondo aquí hay que evaluar en mérito esto. Y si no se cumple el metraje que corresponde y no se cumple el objetivo del proyecto como está, en el fondo, se va a exigir el cierre”, dijo el gobernador en la sesión.
- “Pero hay algunas cosas que yo les pediría considerar. El año pasado nosotros tuvimos 165 solicitudes de aplazamientos de los proyectos y, en general, el Gobierno Regional acepta las reevaluaciones. Por qué, porque el criterio es que se cumpla el proyecto como corresponde, y eso hemos hecho”.
- “En este año se han aprobado 52 solicitudes de reevaluación, entonces esto no es algo excepcional, esto es algo que hacemos, algo que ocurre. Entonces son modificaciones que vienen al pleno y que se hacen. Entonces yo insisto en eso; si aquí no hay defensa del proyecto, es como actuamos nosotros. Es como funciona esto. Y es parte de las reglas del juego que pueda haber modificaciones”.
- Respecto de las investigaciones a la fundación dijo que “creo que tenemos que esperar que exista esa verdad jurídica, que en realidad transciende a todos nosotros. Tiene que haber antecedentes jurídicos para poder pedir el cierre unilateral de este proyecto”.
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