Raphael Bergoeing y la tramitología en Chile para los proyectos de inversión: “El actual sistema es ineficiente, inestable e impredecible”

El economista Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y concejal por Providencia, afirma que el país “requiere de un sistema de permisos moderno para atraer inversiones que ayuden a cerrar, sustentablemente, la brecha que nos separa del desarrollo. Lo clave es que se puede (y se debe) atraer inversiones y, al mismo tiempo, resguardar los intereses públicos”.

-El sistema de permisos para el desarrollo de proyectos en Chile es ineficiente, la regulación es sumamente compleja. ¿Esto genera incerteza jurídica y ahuyenta la inversión?

-El sistema de permisos en Chile está desactualizado y es innecesariamente complejo. El resultado es menos inversión y un inadecuado cuidado del interés público. En particular, el actual sistema es ineficiente (el Estado tarda demasiado en responder), inestable (una autorización para invertir puede ser desautorizada por otra institución del Estado) e impredecible (las exigencias para aprobar un permiso varían sin criterios conocidos entre instituciones y en el tiempo).

Esto no solo reduce el crecimiento inmediato y potencial, también afecta la competencia, porque dificulta innecesariamente el emprendimiento, lo que beneficia a las empresas incumbentes de mayor tamaño. Finalmente, genera desconfianza en el Estado, encareciendo las políticas públicas.

-“Permisología le dicen… cada vez que una persona levanta un proyecto interesante para Chile, hay 500 o 600 organizaciones o personas que van contra ese proyecto, y todos los proyectos se paralizan”, dijo el presidente Frei. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo afecta al crecimiento?

-Es habitual que haya una tensión entre los intereses globales del país y las preocupaciones locales de comunidades cercanas a un gran proyecto de inversión. Y es fundamental que estas comunidades puedan manifestar sus preocupaciones y exijan que la autoridad mitigue, entre otros, los riesgos sanitarios y medioambientales.

Pero un sistema de permisos mal diseñado e implementado, como el vigente en nuestro país, no resuelve esa tensión. Al revés, puede acabar siendo utilizado para impedir, por intereses particulares, el avance de proyectos que aportan a un desarrollo sostenible.

-Con esta tramitología se pierden grandes oportunidades. Por ejemplo en tierras raras, Chile tenia un proyecto en el sur que no logró fructificar. Ahora China domina ese mercado. ¿Cómo evitar que esto pase en otras áreas?

-Una economía tan integrada y alejada de los principales mercados, como la chilena, con mayores costos logísticos que otros países, requiere de un sistema de permisos moderno  para atraer inversiones que ayuden a cerrar, sustentablemente, la brecha que nos separa del desarrollo. Lo clave es que se puede (y se debe) atraer inversiones y, al mismo tiempo, resguardar los intereses públicos.

-Un nuevo estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad establece que los permisos de mayor complejidad demoraron en promedio 17 meses en los últimos cinco años. Hay 439 trámites que inciden en el ámbito de inversión. ¿Es demasiado tiempo y demasiado trámite?

-La Comisión Nacional de Evaluación y productividad (CNEP) acaba de publicar el estudio  “Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile”, que abarca el periodo 2018-2022 e identificó 71 entidades responsables de entregar 309 permisos para que un proyecto se transforme en una inversión, 63 de los cuales son de carácter crítico, ya que pueden paralizar un proyecto en su etapa de tramitación.

En la mayoría de los casos, los plazos de revisión efectivos superan con creces el tiempo máximo que establece la ley.  Por ejemplo, una concesión marítima, que debe ser aprobada o rechazada en un máximo de 4 meses, toma, en promedio, 34 meses. Y para una obra hidráulica mayor, estos plazos son 6 y 49 meses, respectivamente.

-¿Cuántas tramitaciones pendientes hay? ¿Se vislumbra una solución?

-Estos tiempos de respuesta explican que exista un gran stock de permisos pendientes de aprobación. De hecho, solo 4 instituciones (Subsecretaria FFAA, Dirección General de Aeronáutica, Consejo de Monumentos Nacionales y Coordinador Eléctrico Nacional), concentraban 5.517 tramitaciones pendientes al 31 de diciembre de 2022. Este número llama la atención considerando que en ese mismo periodo ingresaron 8.881 permisos para ser aprobados.

Con todo, digitalizando; mejorando los procesos con una aproximación no fragmentada, a través de una agencia coordinadora; extendiendo el uso de mecanismos de traspaso de costo al usuario, con revisores externos, y de fiscalización ex post; eliminando la práctica de requerir consulta de pertinencia previa a autorizar permisos sectoriales; optimizando y acotando el informe favorable de construcción; agilizando y descomprimiendo la concesión marítima, entre otras medidas, se podría reducir en un tercio los plazos efectivos actuales.

-Sin mencionar las trabas políticas, un proyecto grande tarda 10 años en lograr los permisos necesarios.  ¿La tramitación actúa como un impuesto indirecto a la inversión?

-En efecto, si los plazos necesarios para aprobar (o rechazar) un proyecto se extienden, el Estado pierde recaudación, primero porque estos proyectos retrasan su inicio; segundo, porque estos costos regulatorios innecesarios equivalen a un mayor impuesto corporativo. Estimaciones recientes sugieren que por cada año de tramitación excesiva de un permiso, una empresa minera enfrenta en promedio una tasa de impuesto corporativa 1,5 puntos porcentuales superior.

-¿Cómo evalúas el desempeño del gobierno en esta materia? ¿El presidente Boric conoce la magnitud del problema?

-El gobierno actual le solicitó a la CNEP el informe sobre permisos críticos ya mencionado. El gobierno previo nos había solicitado informes sobre permisos para grandes proyectos de inversión y para pymes. Este tema ha sido parte de la agenda de modernización del Estado desde hace varios años. Mi impresión es que el diagnóstico ya está claro y es compartido, por lo que hay posibilidades concretas para avanzar. Que el ministro de Economía esté liderando una agenda en esta dirección sugiere que podríamos finalmente implementar los cambios para mejorar nuestra regulación de inversiones.

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