“Esta subsecretaría valida a la Fundación ProCultura para actuar como un organismo subejecutor del programa”, escribió el 14 de junio de 2022 el entonces subdere Miguel Crispi (RD) al gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz (ex RD), quien había solicitado la aprobación de la subsecretaría para asignar $630 millones a la fundación ProCultura para realizar una “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”. Se trataba de una actividad comercial distinta del principal giro de la fundación: “venta al por menor de libros en comercios especializados”. El documento llevó el caso Convenios al Segundo Piso de La Moneda.
Qué observar. El 14 de junio de 2022 el entonces subsecretario de Desarrollo Social (Subdere) Miguel Crispi de Revolución Democrática (RD) envió el oficio 2377 / 2022 al gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz (ex RD, ya que renunció en 2019).
- En el documento respondía a la solicitud de validación del convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”, que la gobernación había asignado en forma directa a la fundación ProCultura, por $630 millones.
- La adjudicación había ocurrido pese a que sus actividades económicas registradas en el Servicio de Impuestos internos eran por “venta al por menor de libros en comercios especializados, edición de libros, otros tipos de enseñanza” y “fundación y corporaciones; asociaciones que promueven actividades”.
- El contrato, dado a conocer por Radio Biobío, generó críticas parlamentarias, en medio de las investigaciones por eventual fraude al fisco y otros delitos abiertas por la fiscalía a raíz del caso Democracia Viva.
- La gobernación de Antofagasta respondió en una declaración que el proyecto fue “evaluado conforme a la regulación del Sistema Nacional de Inversiones” y “tuvo numerosas revisiones, entre ellas, la acreditación de la fundación como entidad subejecutora por parte de la Subdere, aprobación técnica del programa por parte del gobierno regional, aprobación del Consejo Regional, aprobación mediante toma de razón de la Contraloría y la aprobación de la asignación presupuestaria de la Dirección Nacional de Presupuesto”.
- La fundación Procultura, que obtuvo su personalidad jurídica en 2010, es una de las instituciones que paralelamente es indagada por el Ministerio de Justicia por eventuales incumplimientos reglamentarios ante la cartera.
Qué dice el documento. El oficio enviado por Crispi al gobernador llevó los conflictos con las fundaciones al segundo piso de La Moneda, donde el referente de RD se desempeña como jefe de asesores desde el cambio de gabinete de septiembre del año pasado, tras el rechazo del “apruebo” en el plebiscito constitucional.
- En la carta Crispi dijo que “la fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto”.
- “Desde el punto de vista institucional esta Subsecretaría realizó una evaluación para verificar la capacidad de la organización para la administración de los recursos”.
- “En base a estos dos puntos, que han resultado favorables, informo a usted que esta subsecretaría valida a la Fundación ProCultura para actuar como un organismo subejecutor del programa”.
Panorama general. El caso Democracia Viva que dio origen el escándalo se origina en 3 convenios por $426 millones firmados en 2022 por el entonces secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda Antofagasta Carlos Contreras (RD) con la fundación presidida por el RD Daniel Andrade.
- Andrade era entonces pareja de la diputada Catalina Pérez, quien había sido jefa de Contreras. Ambos fueron expulsados de RD.
- A la fecha la fiscalía ha abierto investigaciones en 6 regiones: Antofagasta, Atacama, El Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.
La crisis se instala en el Segundo Piso. La tarde de este lunes, La Tercera publicó que la directiva de RD, liderada por el senador Juan Ignacio Latorre, se enteró 10 días antes de que estallara el escándalo de Democracia Viva -a través de una reunión que sostuvieron de manera telemática con Daniel Andrade, Carlos Contreras y parte del equipo de la diputada Catalina Pérez, todos militantes de RD- de antecedentes del caso.
- Tras reconocer que obtuvo antecedentes del caso antes de que estallara, Latorre contestó preguntas en un punto de prensa en el Congreso, en Valparaíso, donde respondió que él no entregó información a los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson. Sin embargo, no respondió 2 veces si lo había comentado a Miguel Crispi, una situación compleja, considerando que quien conoce de posibles delitos en la administración pública -incluyéndolo- debe informarlas como todos los funcionarios públicos.
- Los dichos de Latorre generaron una fuerte molestia e inquietud en sectores de La Moneda, considerando que instaló las dudas en un asesor de confianza de Boric. Por eso, apenas terminó de hablar el parlamentario, en el oficialismo circuló la versión de que se le informó de sus dichos a ministros del comité político e integrantes de Presidencia.
- Tres horas y 13 minutos después, a través de comunicaciones de RD, se envió una breve declaración a nombre del senador en que, al revés de su conferencia, negó haberle comentado del caso a Miguel Crispi.
- “Hoy manifesté que la información parcial que recibí no había sido enviada ni al ministro Montes ni el ministro Jackson. Frente a las dudas que surgieron, quiero aclarar que ni ministros, ni miembros del Segundo Piso, ni ninguna autoridad de gobierno recibió aquella información parcial que se nos dio en aquella reunión”, señaló el párrafo enviado.
- En La Moneda no hubo entonces una versión oficial sobre lo ocurrido con Crispi, quien, como subsecretario de Desarrollo Regional, fue una de las piezas clave en la primera etapa del gobierno para armar la tercera línea del gobierno, entre ellos la designación de Seremis. El militante RD ahora es una de las autoridades de gobierno encargadas de monitorear la crisis.
Lea el oficio firmado por Miguel Crispi:
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