La breve Cumbre de presidentes sudamericanos organizada por Brasil esta semana capturó titulares. ¿La razón? La defensa hecha por el Presidente Lula de la brutal dictadura Nicolás Maduro, al punto de calificar su régimen de “democrático”, y sostener que ha sido víctima de una “narrativa” falsa y de sanciones “extremadamente exageradas”, fundadas en que a Europa “no le gustaba quien fue electo”.
Analistas brasileños han dicho que perjudica a Lula su abrazo a un dictador cuyos crímenes de lesa humanidad, cometidos desde 2014 como política de Estado, están acreditados por numerosos reportes de instituciones internacionales (incluyendo uno de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet). Hay además en curso una investigación de la Corte Penal Internacional en su contra. Venezuela, además, está entre los cinco países más corruptos del mundo, junto con Siria, Sudán, Somalia y Yemen, según Transparencia Internacional.
Defender a Maduro es un rol al que nadie aspira: lo ha ejercido Putin, criminal de guerra con orden de arresto internacional, junto a líderes de países como Irán, Siria y Nicaragua. La ambición de Lula de fraguar un liderazgo regional y global ha nublado su juicio. Su respaldo a Maduro seguramente afectará tratativas que sostiene con miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con miras a la creación de una membresía permanente para Brasil.
A la luz de lo anterior, el Presidente Boric acertó al plantear en el plenario de la Cumbre que la crisis de Derechos Humanos en Venezuela no es un problema narrativo.
Hoy nos reunimos en Brasilia junto a @LulaOficial y líderes de los países de Sudamérica, para avanzar en medidas concretas en torno a desafíos comunes como migración, transición energética, inversión y seguridad. pic.twitter.com/hyY4epz2Rv
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 30, 2023
Sin embargo, en la misma sesión plenaria, Boric afirmó que “el bloqueo que se ha impuesto al pueblo venezolano no ha ayudado ni un ápice”; agregando más tarde que “hacemos un llamado a Estados Unidos, a la Unión Europea, a levantar las sanciones para permitir que el pueblo venezolano pueda salir adelante” dado que “las sanciones que se imponen a los pueblos, no debilitan a los gobernantes, dañan a los pueblos.”
¿Existe de parte de la Unión Europea y de Estados Unidos tal “bloqueo” impuesto al pueblo venezolano?
Vamos por parte.
Es un hecho público a nivel global que la elección presidencial de 2018 en Venezuela careció de legitimidad, y que ocurrió en un contexto de corrupción y de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, incrementadas a lo largo de más de una década. Esta situación se mantiene: un reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que Chile integra, señala que en Venezuela “los organismos de inteligencia… funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Estos crímenes incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, violencia de género y violaciones a las libertades de prensa, opinión y reunión, entre otras, cometidas en total impunidad contra opositores, estudiantes, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Son estos crímenes y el fraude electoral de 2018, lo que generó que la Asamblea Nacional venezolana, órgano democrático considerado internacionalmente como tal, nombrara un Presidente encargado. Éste, pese a no haber tenido el control efectivo del país, fue reconocido por alrededor de 60 gobiernos, mientras otra media docena manifestó su respaldo a la Asamblea como único poder legítimo.
Es público también el hecho que en casos como éstos a menudo no puedan tomarse medidas colectivas en Naciones Unidas (dictaduras que gozan de la protección de un miembro del Consejo de Seguridad, como Venezuela respecto de Rusia). Por esta razón, las medidas unilaterales no sólo son permitidas por el derecho internacional, sino que son indispensables, como único modo en el cual normas esenciales del sistema pueden ser exigibles, sin que eso constituya “intromisión en asuntos internos”.
Sanciones bien diseñadas contribuyen a reducir el daño que los jerarcas de un Estado realizan mediante la vulneración de los derechos más básicos de sus propios ciudadanos. Chile ha apoyado esta noción en el comité de la ONU a cargo del tema, en reflejo de nuestra propia historia: la dictadura chilena, como otras, fue aislada y sancionada de distintas maneras.
En el caso de la Unión Europea las sanciones respecto a Venezuela no dañan al pueblo venezolano: incluyen, para funcionarios responsables de violaciones de Derechos Humanos, una prohibición de viajar y congelación de activos, así como un embargo de armas usadas para represión interna. Además han sido acompañadas de asistencia humanitaria (más de 60 millones de Euros para satisfacer urgentes necesidades de ciudadanos afectados por la crisis desde 2016). Dado que dentro de pocos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, estará en Chile en gesto de amistad post actualización de la asociación que hace veinte años tenemos con la UE, Boric debería retirar lo dicho sobre el “castigo europeo” a Venezuela.
En el caso de EE.UU., y de Reino Unido, Venezuela ha estado bajo un programa de sanciones inicialmente contra jerarcas del régimen y luego ampliado a la petrolera estatal PDVSA -núcleo de corrupción- con sanciones financieras de distinto tipo.
El objeto de estas medidas, que son reversibles, es apoyar el cambio de conducta del gobierno de Maduro respecto de los Derechos Humanos y preservar activos del pueblo venezolano. ¿Como opera esto último? Como estos gobiernos consideraron que Maduro no es el legítimo Jefe del Estado, las Cortes de estos países le negaron acceso a activos depositados allí. Hoy, estando disuelto el gobierno de Guaidó, la Asamblea Nacional venezolana cuenta con una comisión para administrar los activos del país en el extranjero.
Y existe un fondo con 3.200 millones de dólares de activos venezolanos en el exterior, que será administrado por la ONU para atender algunos de los problemas sociales más urgentes del país. Estas resoluciones judiciales, entonces, no constituyen “bloqueo”.
Al alargarse la guerra en Ucrania, Maduro ve una oportunidad para el petróleo venezolano en vista de las sanciones contra Rusia. Eso explica su propuesta en Brasil de que toda Sudamérica pida el fin de las sanciones en su contra, y también su propaganda: presentar la crisis de su país como resultado “del terrorismo” -según sus palabras- de Europa y Estados Unidos, y no de su manejo corrupto y sangriento del poder.
No obstante, la ONU ha dicho que aunque Maduro culpe a las sanciones por la crisis, muchos de los problemas del país, como la escasez de alimentos, la hiperinflación, los cortes de energía y agua y el aumento del desempleo -y el abandono de los inversionistas extranjeros-, datan de un tiempo anterior a las sanciones, y se vieron agravados por la pandemia.
Lo sorprendente, entonces, no es ni el apetito ni las fake news del dictador venezolano.
Sino que el Gobierno de Chile, no obstante su afán denodado por la defensa de los Derechos Humanos haya dado -aún en parte- pábulo a su propaganda.
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