Joaquín Villarino: “Cerrado el royalty comienza un período que esperamos sea de estabilidad y que dependerá de la responsabilidad del mundo político”

Acaba de concluir una etapa de incertidumbre, que duró algo más de cuatro años, de cómo quedaría la carga tributaria de la industria minera. Finalmente se aprobó un royalty con un techo para la industria de 46,5% luego de que se llegó a hablar de hasta un 80%. El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, cree que esta tranquilidad dependerá del mundo político, pero aboga por que se deje de hablar de tributos por “muchísimo tiempo”. Asegura que en los países desarrollados el rol del Estado es recaudar y no ser empresario.  

-Pasaron cuatro años de discusión por el proyecto de Royalty y con muchos cambios en este tiempo. ¿Se termina la incertidumbre y espera que no se siga discutiendo sobre impuestos para la minería en un tiempo largo?

-Fueron algo más de cuatro años de discusión. La estabilidad dependerá del mundo político. Nosotros esperamos, sinceramente, que después de tres royalty entre los gobiernos del Presidente Ricardo Lagos, del Presidente Sebastián Piñera y del Presidente Gabriel Boris no volvamos a tener una discusión en torno a la carga tributaria de la minería en muchísimo tiempo.

-Quedan con un nivel máximo de tributación de 46,5% ¿esta cifra les permite ser competitivos en la industria?

-Este royalty dejó a la minería chilena con una carga tributaria superior al promedio mundial que es de 44%, según el Fondo Monetario Internacional. Quedamos con un tope de 46,5% y con un promedio de la industria con un precio de US$ 3,7 por libra de aproximadamente 44,7%. Estamos por sobre el promedio mundial y claramente por sobre nuestros competidores.

-¿Quedan tranquilos luego de tanto cambio que tuvieron en el proceso?

-Hemos tenido durante los últimos cuatro años y medio prácticamente cinco proyectos de royalty en discusión. Si vemos lo que se aprobó y lo que se planteó originalmente en la Cámara de Diputados, lo que salió de ella, y luego lo que se aprobó en la Comisión de Minería y Energía del Senado, luego la primera indicación sustitutiva de este Gobierno y luego, finalmente, nos paseamos desde cargas tributarias que llegaron a ser del 80% para el sector minero hasta la actual de 44,7% promedio de la industria y de 46,5% como tope.

Eso sí es incertidumbre para un sector que invierte como invierte el sector minero y que es una de las locomotoras en materia de crecimiento para la economía chilena.

-¿Cómo resumiría la experiencia que se dio en la discusión del royalty?

-En primer lugar, este es un sector que estuvo desde el comienzo de la discusión del royalty muy disponible a que se incrementará la carga tributaria, porque la realidad social del país exigía poner el hombro para satisfacer las necesidades básicas que no están bien satisfechas.

Segundo, hicimos un tremendo esfuerzo para que esta discusión fuera eminentemente técnica y logramos que el proyecto se discutiera en un escenario mucho más técnico considerando carga tributaria y competitividad. Nos salimos de los eslóganes simples y tuvimos una discusión de fondo.

Lo tercero, este es un proyecto sin lugar a dudas que nos deja con una carga tributaria mayor que la de nuestros competidores, pero es un proyecto ostensiblemente mejor que el que se planteó originalmente y que el que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, dando vuelta la página comienza un período en que esperamos sea de estabilidad de larguísimo plazo, pero dependerá de la responsabilidad del mundo político de no volver a introducir dudas sobre la carga tributaria del sector minero por muchísimos años.

– ¿Qué esperan ahora?

-Que dejemos de seguir hablando solo de cargas tributarias respecto a la minería y hablemos de una agenda que se asimile a la de los países desarrollados en torno de la minería.

Cuando uno analiza lo que está ocurriendo en Australia, Canadá y Estados Unidos con la actividad minera vemos una agenda muy proactiva y pro sector en que se están preocupando a lo que se ha denominado minerales críticos que son indispensables para materializar la transición energética. Hay una agenda riquísima en estos países que tiende a facilitar que se materialicen proyectos de este tipo, porque la demanda de cobre y litio, entre otros minerales, va a crecer muchísimo como consecuencia de la demanda que provendrá de la electro movilidad y la transición energética.

– ¿Estos proyectos no se asemejan al Plan Nacional del Litio que se lanzó en Chile?

-No, no tienen mucho que ver con la Política Nacional del Litio. En ninguno de estos países desarrollados se le ha asignado al Estado un rol primordial. No se está pensando en los países desarrollados que es de la mano del Estado cómo se va a desarrollar un sector tan importante como el del litio, el del cobre.

Al contrario, lo que se piensa es que el Estado tiene que recaudar a través de los impuestos y de los royalties correspondientes. Ese el rol fundamental y adicional al de facilitar la obtención de permiso y la materialización de las inversiones. Ese es el rol más importante que tienen los Estados en general. Cuando los Estados se transforman en empresarios son un desafío mayor por que en general no han sido exitosos. Puede que Chile sea una excepción, pero está por verse.

Lo que vemos es que los países desarrollados están embarcados en políticas que tienden a fomentar el que haya más inversión privada en sus sectores mineros porque esa es la única manera de que el mercado reaccione de manera rápida, ágil sin que el el Estado asume los riesgos de dos cosas.

Primero el riesgo de capital y de recursos. Estos últimos normalmente están destinados a satisfacer necesidades sociales y no a los riesgos propios de toda actividad empresarial. En segundo lugar, la carencia de estos recursos que suelen ser limitados lleva al Estado a enfocarse en el control de la actividad en que éstas se desarrolle de acuerdo con estándares ambientales adecuados y, por lo tanto, que permita que haya más actividades que tengan un buen control ambiental, que tengan una buena protección de las comunidades. Ese es el rol fundamental de los estados, no que se transforme en empresario.

-Hablando de competitividad de la minería vemos que, por ejemplo que se ha ido perdiendo la ley del mineral y este ha pasado de 1,13 en 2002 a 0,63 en el 2021.

-La Comisión Nacional de Productividad nos dice que el país ha perdido competitividad a nivel global, una carga tributaria algo superior al promedio mundial para la industria del cobre constituye también una perdida de competitividad, por lo tanto lo que se debe hacer es tomar las medidas para revertir esta perdida de competitividad en otros campos. Debemos trabajar en una mejora de la productividad laboral que dependen de modificaciones legales, de iniciativas de la propia industria, de una mejor formación y capacitación de los trabajadores, de la introducción de mejoras en la organización y, probablemente, en la incorporación de nuevas tecnologías.

Debemos mejorar la eficiencia del aparato público. El país pierde muchísima productividad de la mano de un Estado ineficiente y está demostrado que el Estado chileno es más ineficiente que el de nuestros competidores. En Chile nos demoramos más en aprobar los proyectos, hay menos objetividad en el otorgamiento de los permisos. Los criterios varian muchas veces dependiendo del funcionario que otorga los permisos o de la repartición que participa en los mismos.

El diagnóstico es compartido, tanto que el propio Ministerio de Hacienda en la discusión del proyecto de royalty se comprometió a una agenda de mejora de la eficiencia del Estado, se comprometió el propio ministro de Hacienda a destinar recursos de los que se recauden del royalty para aquellas reparticiones que participan en el otorgamiento de permisos.

Hay un diagnóstico transversal de que nuestro Estado es más ineficiente, menos productivo que los Estados de los países con los que competimos. Por lo tanto, ahí es donde tenemos un desafío de modernización, de tecnologización y de puesta al día para ser contraparte de proyectos de clase mundial como los que se están desarrollando en Chile.

-¿Cómo afectará la ley de 40 horas a las compañías mineras?

-En el caso de las 40 horas, las compañías mineras en general han hecho dos cosas: Primero, cuando existen jornada excepcionales llegamos a un buen acuerdo con el mundo sindical y propusimos, de la mano de ellos, una solución a la jornada excepcional y la aplicación de las 40 horas. Fue una solución acordada que le va a costar dinero al sector minero, pero que permite no modificar el sistema de trabajo. Y eso hace que tengamos un impacto bastante menor en productividad.

Segundo, respecto a la jornadas que no son excepcionales, las compañías mineras se van a ir adecuando a la aplicación de las mismas y se han comenzado a tomar medidas. Hay que ver cómo van a enfrentar esto los pequeños productores, cómo van a enfrentar esto los proveedores. Hay un mundo distinto al de las grandes compañías mineras que a lo mejor van a tener efectos distintos al que está previsto para las grandes compañías. En general, el país se enfrenta a un desafío de mejoras de productividad. Porque la simple baja de la horas de trabajo sin que haya mejoras de productividad significa sacrificar un poco la misma.

-Chile es el que tienen las mayores reservas de cobre en el mundo, con un 24% del total. ¿Qué deberíamos esperar?

-Existe una cartera de proyectos en cobre que es mucho más grande que la que hay de litio. No hay que perderse en que el mercado del cobre sigue siendo 10 veces más grande que el del litio. Entonces, lo importante es que hay que ver cómo de la mano del desarrollo del litio, también vamos desarrollando más minería del cobre. Creo que ahí es donde están los desafíos.

El Estado hizo un tremendo esfuerzo a través de de este proyecto para incrementar la recaudación. Lo que tiene que hacer ahora es poner la misma energía y el mismo esfuerzo en facilitar el desarrollo de los proyectos mineros. Por lo tanto, tiene que eliminar la burocracia, mejorar la eficiencia porque la productividad de nuestro aparato público es menor, es más mala, que el aparato público en los estados con los que competimos: Estados Unidos, Canadá y Australia.

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