Los indultos otorgados a fin de año por el Presidente Boric a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, tuvieron su origen en las cartas enviadas al mandatario durante 2022. Luis Castillo Opazo, el caso con mayor prontuario previo al 18-O, apeló a su “divino derecho a la rebelión popular”, pero no fue el único. También lo hizo Bastián Olguín, condenado por incendiar un peaje en Curicó. Claudio Romero, quien aceptó ante la fiscalía haber arrojado molotov a carros policiales en Iquique, escribió al Presidente diciendo que “nunca lastimé a nadie, no robé ni cometí asesinato”. Ese mismo argumento utilizó Alejandro Carvajal, condenado por incendio.
Qué observar. El Presidente Gabriel Boric tomó a fin de año una de las decisiones que más costos políticos ha traído a su gobierno desde que llegó a La Moneda el 11 de marzo de 2022.
- Tras fracasar en sus intentos por sacar adelante el proyecto de ley de indulto a los presos del 18-O que había prometido en su campaña —la que no contó con el apoyo del Socialismo Democrático en el Senado—, recurrió a otra alternativa.
- Usando una prerrogativa presidencial que el expresidente Ricardo Lagos describió esta semana en La Segunda como “medieval”, decretó el indulto del exfrentista Jorge Mateluna —condenado a 16 años de cárcel por un asalto bancario realizado en 2013, y que antes había recibido un perdón de pena con otra ley— y de 12 presos del 18-O.
- Los argumentos comunes usados en los 12 últimos decretos fueron la búsqueda de la “paz social” tras el estallido social. Sin embargo, en los días siguientes se hizo público que la mitad de los indultados tenía un prontuario previo al 18-O.
- Los 13 decretos habían sido firmados por la ministra Marcela Ríos de Justicia. El 7 de enero el Presidente anunció su salida y la del jefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía, acusando “desprolijidades”, que no precisó.
- Las solicitudes de renuncia no detuvieron la controversia. Senadores de Chile Vamos y Demócratas impugnaron 7 de los 13 decretos ante el Tribunal Constitucional (TC) —el de Mateluna y de 6 de los presos del 18-O—. El tribunal verá este martes por la tarde el fondo de la causa.
- El viernes Ex-Ante reveló que los 6 indultos a presos del estallido social que revisaba el TC, habían sido otorgados pese a los informes desfavorables de los tribunales de conducta de Gendarmería y que sólo en el caso de Jorge Mateluna esa instancia se había mostrado a favor de dejarlo libre.
- Entre los motivos para oponerse a los perdones de penas estaban presentar riesgos de reincidencia “altos”, “muy altos” o tener escasa conciencia del daño causado.
- Este martes El Mercurio dio a conocer que Gendarmería emitió también informes desfavorables en otros 4 casos del 18-O, que no estaba viendo el TC.
- Esto dio por resultado que el gobierno otorgó 10 de los 13 indultos de fin de año pese a la opinión contraria de Gendarmería, que no es vinculante, pero que es la institución a cargo de evaluar su riesgo de reincidencia y factibilidad de reinsertarse en la sociedad.
Las 12 cartas. Los indultos otorgados a fin de año por el Presidente Boric a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, tuvieron su origen en las cartas enviadas al mandatario durante 2022. Los documentos, que son un requisito para iniciar el proceso, mostraron mensajes coincidentes en algunos de los solicitantes. Unos aceptaban haber perpetrado incendios, pero defendían que no habían robado ni matado. Otros acusaban montajes sin tener un fallo judicial a su favor. En 2 casos, recurrieron a lo que denominaron su derecho divino a la rebelión popular. A continuación, los detalles.
Juan Bastián Olguín Rivera, 32. Condenado a 3 años de cárcel por el incendio a una caseta de peaje en Curicó y 61 días por receptación. El tribunal de conducta de la cárcel de Molina sugirió no otorgarle el beneficio. Su caso no fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “Solicito con todo respeto a usted me conceda el indulto presidencial”, escribió al Presidente. “En el contexto del estallido social yo sólo salí a las calles a luchar por mis derechos como todo ciudadano común lo hizo en esos momentos, haciendo valer el divino derecho a la rebelión popular”.
- La carta fue ingresada por Gendarmería el 11 de abril de 2022, consignó la página 88 de su expediente.
Francisco Hernández Riquelme, 23. Condenado a 5 años de cárcel por arrojar artefactos incendiarios en la vía pública, en el entorno de Plaza Baquedano. El tribunal de conducta de Colina I sugirió, por unanimidad, no otorgarle el beneficio. Su caso no fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “Tengo entendido que su excelencia (se) a (sic) dedicado a otorgar el beneficio de indulto a todos aquellos presos se hayan condenado por ‘presos políticos’. Por tanto, ruego a usted acceder a la presente solicitud”, escribió el 1 de abril de 2022, mostró la foto de una carta manuscrita contenida en la página 106 de su expediente.
Cristián Cayupán Queupil, 30. Condenado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), en Pudahuel, al poniente de Santiago. El tribunal de conducta de Colina I sugirió no otorgarle el beneficio. Su caso no fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “Me vi envuelto en una balacera cruzada y, sin poder evitarlo, atropellé a una funcionaria. Ella recibe un impacto de bala de su propio compañero PDI y yo recibo otro impacto de bala que me dejó sin un riñón (…). No tuve derecho a un juicio justo”, escribió el 22 de abril de 2022, consignó la página 24 de su expediente.
Alejandro Carvajal Gutiérrez, 22. Condenado a 5 años por incendio con peligro para la libertad de las personas en las inmediaciones de Plaza Baquedano. El tribunal de conducta de Colina I se mostró favorable a concederle el indulto. Su caso no fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “Hago esta solicitud ya que no presento antecedentes delictuales, con una familia bien constituida, sin antecedentes. No he matado a nadie, no he robado”, escribió al Presidente el 18 de noviembre de 2022, consignó la página 16 de su expediente.
Matías Rojas Marambio, 21. Condenado a 5 años de cárcel por elaboración de artefactos incendiarios en el entorno de Plaza Baquedano. El tribunal de conducta de Colina I sugirió no otorgarle el beneficio. Su caso no fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “Por medio de este escrito solicito el indulto particular (…). Presento irreprochable conducta anterior y soy un pilar importante para mi familia. Estaba haciendo un preuniversitario”, escribió el 18 de noviembre de 2022.
- Un informe enviado el 19 de diciembre de 2022 al tribunal por la jefa del Centro de Reinserción Social (CRS) Santiago Oriente, María Nelly Carreño, advirtió que “respecto del delito de incendio, éste niega su comisión, así como de minimizar los alcances del fuego, refiriendo en todo momento ‘no fue para tanto, si apenas se quemó‘”.
Sebastián Montenegro Coo, 26. Condenado a 3 años de cárcel por tenencia de arma de fuego en Antofagasta, luego de que se encontraran 2 cargadores tipo cajetilla calibre 5.56 en su mochila, además de 29 municiones convencionales Winchester calibre 18. También fue sentenciado a 61 día de prisión por atentado contra la libre circulación y 61 días por lanzamiento de objetos contundentes en la vía pública. El tribunal de conducta de la cárcel de Taltal se mostró favorable a otorgarle el beneficio. Su caso no fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “Solicito, con el debido respeto, me sea concedido el indulto presidencial, con las facultades que le entrega la ley. Esto por motivo (de que) yo, junto a miles de personas del país, bajo el contexto por las condiciones para vivir y bajo mi derecho a manifestarme, salí a las calles por las razones que todos ustedes conocen y por lo cual se dio como resultado una nueva Constitución”, escribió el 18 de abril de 2022, según consignó el ingreso de la carta, recogido en la página 26 de su expediente.
Luis Castillo Opazo, 38. Condenado a 4 años de cárcel por 6 delitos de desórdenes públicos, 3 delitos de daños simples, 4 delitos de robo en lugar habitado y un delito de daño calificado en Copiapó, donde atacó la oficina del Registro Civil y otros 6 puntos de la ciudad. El tribunal de conducta de la cárcel de La Serena sugirió no otorgarle el indulto y consideró su riesgo de reincidencia como “muy alto”. Tenía 5 condenas previas al 18-O. Su caso sí fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “Vengo a solicitar me condena el indulto presidencial (…), ya que sólo salí a luchar por mis derechos como todo ciudadano común lo hizo en el marco de la revuelta social haciendo valer el ‘divino derecho a la rebelión popular’, ya que nuestros derechos estaban siendo vulnerados”, escribió el 24 de marzo de 2022, consignó la página 26 de su expediente.
Bastián Campos Gaete, 23. Condenado a 3 años de cárcel por porte de artefacto incendiario y 61 días por robo con fuerza en lugar no habitado. Fue detenido con una molotov y 3 botellas de pisco, afuera de un supermercado en Antofagasta. El tribunal de conducta de la cárcel de Taltal sugirió no otorgarle el indulto. Su caso fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “(Fui) condenado a 3 años y un día por el porte de bomba molotov, y a 61 días por robo en lugar no habitado, todo esto en el contexto de la revuelta del estallido social, por un montaje de Carabineros ocurrido el 27 de noviembre de 2019”, escribió el 18 de abril de 2022. “Junto a miles de personas del país, bajo el descontento por condiciones para vivir, y bajo mi derecho de manifestarme, salí a las calles por las razones que todos ustedes conocen, y por lo cual se dio como resultado una nueva Constitución”.
Jordano Santander Riquelme, 38. Condenado a 5 años de cárcel, 540 días y 300 días más por homicidio frustrado a un funcionario de la policía en servicio, daños calificados y receptación. Fue declarado culpable por atropellar a un policía en San Antonio. El tribunal de buena conducta de la cárcel de San Antonio sugirió no otorgarle el beneficio. Su caso fue incluido en la impugnación ante el TC.
- “Fui torturado, golpeado, amarrado y amenazado. Yo salí a manifestarme porque deceo (SIC) un futuro mejor para Chile”, escribió el 14 de abril de 2022.
Claudio Romero Domínguez, 21. Condenado a 4 años de cárcel por lanzar 4 molotov en Iquique y 61 días por asociación ilícita, mientras integraba la autodenominada “K-pop primera línea Tarapacá”. Fue sentenciado en un procedimiento abreviado donde aceptó la acusación de la fiscalía. El tribunal de conducta de la cárcel de Alto Hospicio sugirió no darle el indulto. Su caso está dentro de los impugnados ante el TC.
- “Fui condenado como autor de delito de la ley de control de armas a sufrir la pena única de 5 años (…). Señor presidente, me gustaría agregar que nunca lastimé a nadie, no robé ni cometí asesinato y nunca he sido arrestado por otro motivo. La asistencia a la manifestación sólo fue con la finalidad de poder contribuir a los cambios que se exigían”, escribió el 3 de octubre de 2022.
Felipe Santana Torres, 22. Condenado a 5 años de cárcel, más 541 días y más 300 días por incendio frustrado de la catedral de Puerto Montt, daños a bien de uso público y hurto. El tribunal de conducta de la cárcel de Puerto Montt se mostró desfavorable a concederle el indulto. Su casó está dentro de los impugnados en el TC.
- “Yo no realicé ningún incendio a la catedral. Fui condenado por algo que yo no hice, ya estoy pagando un delito que no realicé”, escribió al Presidente el 25 de marzo de 2022.
Brandon Rojas Cornejo, 22. Condenado a 5 años de cárcel por lanzar bombas molotov en Iquique, 61 días por desórdenes y 61 días por asociación ilícita. La fiscalía estableció que integraba la “K-Pop primera línea de Tarapacá”. De acuerdo a un informe de Carabineros publicado por Radio Biobío, lo apodaban “El pirómano”. El tribunal de conducta de la cárcel de Alto Hospicio sugirió no otorgarle el indulto. Su caso está dentro de los impugnados ante el TC.
- “Con el debido respeto que usted se merece, solicito a usted me otorgue indulto presidencial, ya que soy el único sustento económico de mi familia, mi madre posee una discapacidad física en sus caderas y mi abuela es ciega. Fui detenido en el estallido social, el año 2021”, escribió Rojas Cornejo el 14 de noviembre de 2022, consignó la página 20 de las 96 de su expediente.
- “Me siento arrepentido de todo lo sucedido, quiero reinsertarme en la sociedad y enmendar mis errores para poder seguir apoyando a mi familia como lo hacía antes”.
- Su caso se tramitó rápido. Un mes y medio después de enviada la carta, estaba libre.
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