En noviembre de 2021, el entonces candidato presidencial Gabriel Boric marcó su posición sobre los presos del 18-O, de cara a la segunda vuelta. “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”, dijo en La Red. Trece meses más tarde, como presidente, firmó indultos particulares al condenado por el ataque a la catedral de Puerto Montt y a un sentenciado por participar de un saqueo y portar una molotov. A continuación, 5 de los casos informados por Presidencia.
- El ataque a la plaza de peaje. Juan Bastián Olguín Rivera, 31. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, a las 8:40 pm del 21 de octubre de 2019, Olguín junto a otras 5 personas llegaron a una caseta de peaje ubicada en el kilómetro 191 de la Ruta 5, por el ingreso a la Avenida España de Curicó. Una vez allí le lanzaron objetos contundentes y luego la quemaron. Su caso Gendarmería no lo registró como preso del 18-O.
- Saqueo y una molotov escondida en la mochila. Bastián Ignacio Campos Gaete, 22, estudiante. El tribunal de juicio oral de Antofagasta lo condenó en mayo de 2021 a 3 años y 61 días de cárcel por portar un elemento incendiario y por robo frustrado. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, a las 10:10 pm del 26 de noviembre de 2019, “Carabineros recibió un comunicado de Cenco para concurrir al supermercado Santa Isabel (…), ya que desconocidos se encontraban forzando las cortinas metálicas e ingresaban a dicho local desde donde sustraían especies. Al llegar personal policial sorprenden a Bastián Ignacio Campos Gaete saliendo del supermercado, encapuchado y con una mochila en su espalda y, producto que el piso estaba mojado, resbaló y cayó de costado al suelo siendo reducido en el lugar. Al realizar una revisión de la mochila que portaba en su interior se encontró 3 botellas de pisco marca Mistral, especies que fueron sustraídas del supermercado y además una botella de vidrio marca Corona de 355 cc y en su parte superior un paño de color rojo, en cuyo interior contenía un líquido que resultó ser un combustible, derivado de hidrocarburo, elementos que en su conjunto son conocidos como bomba molotov, procediendo a la detención del imputado”, consignó radio Desierto. Gendarmería lo clasificó como de bajo compromiso delictual.
- El homicidio frustrado a un PDI en San Antonio. Jordano Jesús Santander Riquelme, 38. Fue condenado a 7 años de cárcel y 3 penas remitidas tras atacar en marzo de 2020 un cuartel de la PDI en San Antonio, Región de Valparaíso. Fue declarado culpable por el homicidio frustrado de un policía al que intentó atropellar cuando el funcionario trató de detenerlo.
- El incendio y robo en la catedral de Puerto Montt. Felipe Eduardo Santana Torres, 22 ayudante de mueblista, con primero medio cursado, nacido en Puerto Montt. El 5 de noviembre de 2020 fue condenado por el tribunal de Puerto Montt a 5 años de cárcel por incendio de inmueble habitado, 540 días por hurto simple y 300 días por daños a bienes de uso público. Fue enviado a la cárcel de Puerto Montt, catalogado como interno de “bajo compromiso delictual”.
- De acuerdo con la investigación, el 13 de noviembre de 2019 trepó a un semáforo de calle Urmeneta en Puerto Montt. Lo enlazó con una cuerda y luego, con ayuda, lo botó. Ese mismo día rompió con un martillo las baldosas de la calzada, para usarlas como proyectiles. La tarde siguiente volvió a trepar, esta vez a la protección de madera de las columnas de la catedral y le hizo un forado. Luego, con ayuda nuevamente, forzó la entrada del templo y sacó objetos religiosos, con los que hizo una fogata. La tarde del 18 de noviembre volvió a romper baldosas de Urmeneta con San Martín. Más tarde prendió fuego a las puertas de la catedral. Al día siguiente volvió a romper baldosas del centro. El 22 de noviembre encendió una barricada con neumáticos junto a una turba, en el centro de la ciudad.
5. El ataque al Registro Civil de Copiapó. Luis Arturo Castillo Opazo, 37, fue condenado a 4 años de cárcel. En septiembre de 2021 se transformó en la primera condena en la Región por Ley de Seguridad del Estado. También fue declarado culpable de desórdenes públicos, daños simples, robo consumado en lugar no habitado y daños calificados, De acuerdo con la investigación de la fiscalía, “el 13 de noviembre de 2019 (…) organizó el avance de parte de una marcha que se realizaba en el centro de la ciudad, la que luego se dirigió hasta el edificio del Registro Civil de Copiapó, lugar al que junto a otras personas ingresaron luego de romper la reja de seguridad. Ocasión en que fue registrado en las cámaras de seguridad rompiendo una puerta de acceso al mencionado servicio, ingresando al interior para sustraer distintas especies. Posterior a ello, llamó a otras personas encapuchadas, hasta ahora desconocidas, con quienes ingresó nuevamente al lugar, los que finalmente prendieron fuego a las dependencias que originaron daños por un monto superior a los 15 millones de pesos”. El 21 de noviembre robó además la Automotora Salfa.
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