Boric se jugó por una revolución y perdió. Por Kenneth Bunker

Lo que ocurrió cuando Rafael Cumsille le preguntó a la audiencia si estaban más preocupados por la nueva Constitución o la delincuencia resume de manera elocuente el resultado del plebiscito del cuatro de septiembre.

Desde que Boric asumió, el país no solo ha estado paralizado, sino que ha retrocedido. Y en parte, se explica por la decisión del gobierno de dejar todo para después del plebiscito. Así es, en seis meses no hizo nada determinante, no hizo nada que quedará registrado en la historia. Si hizo algo, fue para peor: les dio bonos a personas que no los necesitaban, debilitó aun más la ya alicaída autoridad de las fuerzas armadas, desperdició la oportunidad de conseguir resultados en la macrozona sur, y permitió que la violencia se siguiera expandiendo como un cáncer por el país.

Para ponerlo en contexto, se puede comparar el rendimiento del gobierno de Boric con el de sus antecesores. Ellos, sus antecesores, todos asumieron con agendas de 100 días o seis meses, y cumplieron relativamente bien. Boric, no. Boric cumplió 100 días, y después seis meses, sin una sola meta cumplida. Al menos así lo sienten las personas, que, según todos los indicadores, rechazan fuertemente su gestión. Y no es que los otros gobiernos hayan sido tan buenos, es que este gobierno ha sido muy malo.

Y si no hubiese sido por el resultado del plebiscito, probablemente sería peor. Lo que ocurre es que el Rechazo le cayó como un balde de agua fría al gobierno, obligándolo a despertar de su estado de estupor para comenzar a gobernar para la gente de a pie, que, a diferencia de ellos, no tiene el lujo de esperar a que la crisis económica o de seguridad se resuelvan solas. Si algo implícito lograron quienes votaron Rechazo, fue mandarle un recado a quienes están en el gobierno de que ya no quedaban excusas para postergar la consecución de resultados.

Lo que queda en limpio es que, en democracia, cuando se priorizan metas de largo plazo por sobre resultados de corto plazo, se suele imponer de igual forma lo segundo. No se puede prometer la obtención de igualdad económica y social a diez años plazo cuando la inflación va al alza y el crecimiento a la baja. La gente, por sus intercambios cotidianos, percibe a la igualdad y a la pobreza como dos variables inversamente proporcionales: no se puede repartir torta si no hay torta para repartir.

El principio anterior tiene raíces empíricas fácilmente identificables a través de la historia. En contextos democráticos, no hay casos registrados en que se haya reducido la desigualdad en el corto plazo sin haber sacrificado crecimiento. Cuando se ha logrado, normalmente ha sido en dictaduras o pseudo democracias y aun en esos casos la reducción de la desigualdad ha llegado acompañado de fuertes aumentos de pobreza. En fin, no se puede distribuir riqueza sin aumentar la pobreza en un periodo acotado de tiempo.

Este es el argumento a favor de la gradualidad. Pues, la gradualidad, a diferencia de la ruptura, o revolución, permite avanzar en lo fundamental y mientras se resuelve lo urgente. Es, por ejemplo, la ruta que han tomado partidos o coaliciones progresistas o liberales en la mayoría de los países que se han logrado desarrollar exitosamente. En Chile, fue el caso de la ruta que pavimentó la Concertación (1990-2010), y es mejor recordado por lo que el presidente Ricardo Lagos denominó “crecer con igualdad”.

En la literatura especializada se ha escrito una y otra vez cómo los países y sus procesos políticos colapsan cuando tratan de ir más rápido de lo que pueden. Hay decenas de ejemplos. En Chile, el más reciente (no el único) es el de la Convención Constitucional, que por medio de la ruptura buscó darles respuesta a todos los problemas fundamentales del país. Y el gobierno, en vez de hacerse cargo de lo urgente, imitó a la Convención, poniendo todos sus huevos en la misma canasta. Se la jugó por una revolución y perdió.

Por alguna razón, sin embargo, no ha logrado (o no ha querido) procesar esta idea. Sigue insistiendo en ser promotor de la ruptura cuando es claro que el pueblo, a esta altura, prefiere la reforma. Insiste en empujar reformas estructurales cuando la solución a la inmensa mayoría de las preocupaciones de los chilenos se puede resolver con simples leyes en el congreso y con mayor convicción política. Para resolver la crisis económica y la crisis de seguridad no se necesita una nueva Constitución.

Esta aparente contradicción es parte del trasfondo que explica lo que ocurrió en el encuentro nacional de la Conapyme esta semana, cuando los asistentes increparon al presidente por el deteriorado estado de la economía, la crisis de seguridad, y el rol de su gobierno en el desarrollo y profundización de sus implicancias. Lo que ocurrió cuando Rafael Cumsille le preguntó a la audiencia si estaban más preocupados por la nueva Constitución o la delincuencia resume de manera elocuente el resultado del plebiscito del cuatro de septiembre.

El gobierno ha empujado con tanta fuerza la idea de una nueva Constitución que hoy las personas lo están rechazando. Porque Boric, y sus ministros, intervinieron con tanta intencionalidad en el proceso constituyente, sin ninguna otra carta bajo sus mangas, ni ningún resultado concreto que mostrar, la gente hoy no les cree. Lo que muestran los datos es que las personas comunes y corrientes, de la capa media, están a favor de una nueva Constitución, pero no a costa de lo que ya está ganado.

Curiosamente, esta es otra forma de definir gradualidad: avanzar sobre la base de lo que hay. Las personas quieren avanzar con reformas y no rupturas, y con la situación actual están cada vez más impacientes, y menos tolerantes, esperando que el gobierno reaccione. A su vez, tienen cada vez una visión más negativa de lo ocurrido en la chispa del proceso constituyente, el estallido social, y de los políticos que lo apoyaron. Lamentablemente, el gobierno no quiere ver esto, y parece pensar que aún se puede dar lujos mientras se cae a pedazos.

Ahora bien, plantear que reformas estructurales (“nueva constitución”) y urgencias (“economía y seguridad”) son factores excluyentes es un falso dilema. No tiene por qué ser lo uno o lo otro. Se puede avanzar en ambos al mismo tiempo. Pero así lo planteó este gobierno cuando dejó de gobernar para esperar el plebiscito, y dejó que todos los índices que ya iban a la baja cayeran a un ritmo aún mayor. No es un dilema impuesto desde afuera, es un dilema impuesto desde adentro, y que, por lo mismo, es otro factor de confusión.

De cualquier forma, es lo que se debe hacer. Al menos eso indica la temperatura del momento leído en clave histórica: se debe seguir avanzando hacia una nueva Constitución, pero el gobierno no puede seguir dándose gustos en el camino. El proceso constituyente debe avanzar, pero por el legislativo, no el ejecutivo. A su vez, el gobierno se debe dedicar a gobernar, independiente de lo que pase con la nueva Constitución. Por la magnitud de la crisis, al gobierno simplemente no le queda otra que dedicarse en cuerpo y alma a resolver lo urgente.